Consecuencias del ataque a las Torres Gemelas

El terrorismo es un método usado por diferentes grupos y redes, con fuerte arraigo social, que hace difícil establecer el carácter del combatiente. La invasión de Estados Unidos a Afganistán conllevó a graves abusos en materia de derechos humanos, como torturas y asesinatos fuera de combate. También se trató de una guerra librada en el discurso, la narrativa y los imaginarios. Pueblos, religiones y grupos étnicos en Oriente Medio fueron etiquetados como terroristas y la doctrina que se implementó por parte de los gobiernos de países occidentales, en cabeza de Estados Unidos, es la que se conoció como la del mal menor: para prevenir los ataques terroristas se valía usar métodos ilegales e inmorales, dado que la ganancia era superior al daño.

Una de las características de estas guerras lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros países, fue su privatización. El uso de contratistas civiles para operar en diferentes niveles logísticos de sus incursiones incrementó el uso de mercenarios. Así mismo la noción de que no había fronteras, porque las redes terroristas eran transnacionales, se convirtió en una amenaza latente para gobiernos que no comulgaron con las políticas de Estados Unidos o de Occidente.  Etiquetar como terrorista a un grupo o gobierno le otorgaba a los Estados Unidos una licencia de actuación de manera preventiva en pro de su seguridad nacional. 

La invasión a Afganistán y los sucesivos ataques a Irak y Libia no hicieron más que fragmentar los países, los grupos rebeldes y/o en el poder, y radicalizar las posiciones de los invadidos. Dos décadas después, tal como había ocurrido en Vietnam, los americanos abandonaron Afganistán, un país que habían tutelado como ejército de ocupación, mientras los talibanes que habían protegido a Bin Laden regresaban al poder.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2011, La torre norte (1 WTC) del World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, licencia: Dominio público,

El caso colombiano

A diferencia de Afganistán, Colombia es vista por muchos en el Pentágono como una historia de éxito. La longeva guerra insurgente colombiana fue asimilada al terrorismo internacional y este giro discursivo contribuyó a legitimar las políticas y planes militares del Estado colombiano. En América Latina comenzó a triunfar una corriente de izquierda que buscaba conformar un poder regional que le hiciera contrapeso a Estados Unidos. En ese contexto se profundizó la internacionalización del conflicto armado interno de Colombia. El gobierno abrazó el discurso antiterrorista y, a través del Plan Patriota (plan de guerra del primer gobierno de Uribe), empujó a los grupos armados hacia las fronteras, especialmente las de Venezuela y Ecuador. La de Panamá estaba bajo dominio paramilitar. 

Crédito de la imagen: ALE!, 2005, Official group photo of Heads of State attending the 4th Summit of the Americas (Cumbre de las Américas). Mar del Plata, Argentina, November 4th., licencia: De Presidencia de la Nación Argentina, CC BY 2.0.

Primeros intentos fallidos de rescate.

Desde los diálogos de El Caguán las familias de los rehenes imploraron que se hiciera un intercambio humanitario, pero la intransigencia de las partes lo imposibilitó. En las conversaciones sostenidas por la Comisión de la Verdad con exintegrantes de las FARC-EP queda claro que se trató de una estrategia para demostrar que tenían control de territorio.

Crédito de la imagen: [Fotograma de Video] Ejército Nacional de Colombia, 2019, Operación Sodoma «9 años de un golpe al corazón del mal». Ejército Nacional de Colombia.

Rescates a sangre y fuego

La apuesta del gobierno eran los rescates a sangre y fuego, el primero de ellos fue un desastre: el 5 de mayo de 2003 tropas combinadas de la IV Brigada del Ejército, la Fuerza de Despliegue Rápido y las Fuerzas Especiales, intentaron asaltar un campamento del Frente 34 de las FARC-EP donde estaban secuestrados el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de paz el exministro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía y once soldados, algunos de los cuales llevaban cinco años en cautiverio.

Sin los recursos ni el plan idóneo por parte del Ejército, este intento de rescate alertó a los guerrilleros, quienes asesinaron a sangre fría a los rehenes y huyeron. Tres militares que eran rehenes sobrevivieron. Las vidas y la libertad de los secuestrados considerados «canjeables» estaban en medio de la intransigencia del Gobierno y la guerrilla. Ninguna de las partes tuvo compasión o puso por encima la vida humana. 

Tanto la familia Echeverry como Yolanda Pinto, viuda de Gaviria, le contaron a la Comisión de la Verdad los ingentes esfuerzos realizados dentro y fuera del país para lograr el intercambio humanitario. En las cartas a su esposa, Gaviria escribió sobre la aprehensión que le causaba la intransigencia gubernamental. El martes 15 de abril de 2003 le escribió: «Después de mediodía hemos escuchado las palabras del presidente Álvaro Uribe. Me parece que es una forma agresiva, arrogante y equivocada de contestar a la posición de las FARC-EP. Creo que da a entender que el presidente no está realmente dispuesto a hacer ningún esfuerzo por el intercambio humanitario». Más adelante, el jueves 24 de abril, en una nueva misiva Gaviria dijo: «(...) sus declaraciones dejan entrever la actitud propia de un gobierno que cree que puede derrotar militarmente a su contraparte.  (Gaviria Correa, Guillermo. Diario de un gobernador secuestrado. Revista Número ediciones, 2005. Página 238 y 254)

Diez días después, el 5 de mayo, se produjo el sangriento desenlace. En 2021 las FARC-EP, en el marco de la Comisión de la Verdad, reconocieron su responsabilidad sobre estos homicidios y, sobre todo, que habían asesinado a hombres de paz. En privado, Pastor Alape, excomandante de esta guerrilla, le explicó a la familia Echeverry: «El secuestro era una práctica que implicaba generar unas condiciones de sacarle ventaja al otro, y el rescate como tal era una operación militar donde se medían fuerzas, y en esa lógica hablando, si se llevaban al secuestrado vivo, la otra fuerza se consideraba que había perdido. Si lo rescataban muerto, había fracasado la operación militar. Esa era la lógica, por eso es lo duro e inhumano de todo eso, pero esa era la lógica». (Encuentro privado entre familia de Gilberto Echeverri y miembros de las FARC-EP, propiciado por la Comisión de la Verdad el 25 de junio de 2021.)
 
La noche del fallido rescate el presidente Uribe dio una alocución televisada en la que admitió que los militares habían usado altavoces para pedirles a los guerrilleros que se rindieran, lo que demuestra la improvisación con la que se hizo el frustrado rescate. A renglón seguido dijo: «Mis condolencias sinceras a las familias de quienes han muerto. Nuestra Fuerza Pública planeó esta operación con toda responsabilidad y con toda prudencia (…) asumo, como siempre lo he hecho, la responsabilidad». (Uribe Vélez, No hay causa perdida, 37)

Así, con el sacrificio de dos luchadores por la paz y de unos soldados indefensos, se planteó el escenario político de la guerra en los años siguientes: el intercambio humanitario no estaba en los planes del Gobierno y se había convertido en la única ventana política de la guerrilla. Uribe mantuvo la orden de hacer rescates militares y las FARC-EP la de asesinarlos antes que perderlos. 

Este episodio hizo que diversos sectores de la sociedad civil y familiares de los rehenes se movilizaran dentro y fuera del país para clamar por el intercambio humanitario, el cual se convirtió en un imperativo moral. Un papel particular lo cumplió Francia, dado que la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, que había sido secuestrada en febrero de 2002, es ciudadana de ese país. En los primeros dos años no hubo logros. El pulso siguió cobrando víctimas y se convirtió en un suplicio para los familiares de los «canjeables».

En 2007 varios episodios empezaron a romper el punto muerto en el que estaba la posibilidad de un intercambio. Por un lado, el Gobierno realizó una operación contra las FARC-EP en Montes de María, en Bolívar, contra un campamento donde se encontraba secuestrado el exministro Fernando Araujo, quien logró escaparse. Según relata Álvaro Uribe en sus memorias, el testimonio de Araujo fue determinante para entender que los bombardeos no funcionaban porque los explosivos no tenían precisión. Pocas semanas después, en abril de 2007, se fugó el subteniente de la Policía, John Frank Pinchao, quien pudo entregar información al Gobierno sobre la ubicación de los campamentos donde estaban los rehenes y el estado de los mismos.

Crédito de imagen: Domínguez, Edgar. 2003, Sin código, Guillermo Gaviria. El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Edgar Dominguez.

La extradición de Simón Trinidad de las FARC-EP: un «canjeable»

El escenario se complicó cuando el guerrillero Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, fue capturado en Quito, Ecuador, el 2 de enero de 2004. Palmera había estado en los diálogos de El Caguán y era relativamente célebre por su historia: era uno de los sobrevivientes de Causa Común, movimiento que se unió a la Unión Patriótica en la década de los ochenta y que fue exterminado por los paramilitares. En aquellos años Palmera era gerente de un banco en Valledupar, su ciudad natal. Ante la inminencia del riesgo que corría decidió irse a la guerrilla en lugar de buscar el exilio, como hicieron otros de su movimiento. Casi toda su vida en armas la pasó en el Caribe, donde alcanzó a hacer parte del Estado Mayor de ese bloque. 

Una vez capturado, Estados Unidos le expidió una orden de extradición por narcotráfico. Una verdadera anomalía dado que Palmera había sido capturado por delitos en Colombia y no era requerido por ese país. Las FARC-EP lo incorporaron de inmediato a la lista de canjeables.  El 31 de diciembre de 2004 fue enviado a una cárcel en Estados Unidos. Allí el juicio por narcotráfico se desmoronó y la fiscalía de ese país desistió de los cargos. Sin embargo, a Trinidad se le abrieron nuevos procesos: por el secuestro de los tres ciudadanos (contratistas) norteamericanos y por conspiración, delito que no existe en Colombia y que básicamente se basa en su pertenencia a las FARC-EP.  En 2008 fue condenado a 60 años de cárcel en severo aislamiento. Con su extradición, el Estado colombiano rompió un principio fundamental de su política interior y externa: no extraditar a personas por delitos que hacen parte del conflicto armado interno. Este fue el primero, pero no el único caso que muestra un abuso de la figura de la extradición y su probable instrumentalización política.  

De acuerdo con cables desclasificados del servicio diplomático estadounidense a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, se puede establecer que la mayor preocupación de Estados Unidos respecto a la extradición de Trinidad era la suerte que pudieran correr los tres estadounidenses que permanecían secuestrados por las FARC-EP. Sin embargo, al constatar que no habría represalias contra ellos y que la posibilidad de que se diera un acuerdo humanitario era aún incipiente, procedieron con el pedido de extradición.

Crédito de la imagen: Fuerzas Militares de Colombia. Naipe con efigie del extraditado Juvenal Ovidio Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, 2005. Impreso (Tinta / Papel). 8,5 x 5,5 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7522.52 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ejército Nacional - República de Colombia. Baraja inglesa con efigies de los cabecillas de las FARC, el ELN y las AUC más buscadas por el Ejército Nacional, 2005. Impreso (Tinta / Papel). 8,5 x 5,5 cm Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7522 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely

Los 12 diputados del Valle

El 23 de junio de 2007 las FARC-EP asesinaron a once de los doce diputados del Valle que tenían en su poder desde abril de 2002. Esta masacre fue justificada por esa guerrilla como un «error» fruto de una confusión sobre un posible ataque al campamento donde estaban secuestrados. Sin embargo, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad ha quedado claro que fue un crimen cometido bajo la normativa de fusilar a los rehenes antes que permitir su rescate.  Las FARC-EP pidieron perdón en un acto de reconocimiento ante familiares de las víctimas en diciembre de 2016: «Contarlo hoy, no reparará las perdidas ni borrará el dolor causado a tantas familias. Ninguna de las víctimas merecerían lo sucedido ni razón alguna puede justificarlo», dijo Pablo Catatumbo. 

En el acto de reconocimiento realizado por la Comisión de la Verdad, Laura Charry, hija del exdiputado Carlos Alberto Charry, relató cómo el secuestro de su padre afectó la vida de su familia y la manera en que ella asumió el duelo tras su asesinato: «Ante la opción de aprender a vivir sin mi papá, opté por conmemorar para no olvidar. Una acción que desde el año 2017 he venido apropiando como un camino hacia el perdón, pero sobre todo hacia la reconciliación de mí país. La memoria significa la reconstrucción de hechos pasados para mantenerlos vigentes en el presente. Los cuadros de los retratos en el recinto de las sesiones de la Asamblea Departamental, el mensaje en la fachada in memoriam 11 diputados y el acuerdo municipal que otorga una calle como calle de los 11 diputados y la galería somos más que 11 resumen el camino recorrido y animan a continuarlo. Pues se trata de no olvidarlos, se trata de transformar todo aquello que ha golpeado el corazón». («Encuentro por la Verdad «Vivos, libres y en paz», 26 de junio de 2021)

Crédito de la imagen: [Fotograma video] Comisión de la Verdad, 2021, Encuentro por la Verdad 'Vivos, libres y en paz': Reconocimientos sobre los Impactos y Afectaciones del Secuestro en el Valle del Cauca.

La participación de Hugo Chávez

La impiedad de los fusilamientos motivó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ofreciera para mediar en la posibilidad de un intercambio. Sin embargo, en pocas semanas su papel hizo crisis dada la profunda desconfianza que mantenía con el presidente Álvaro Uribe. No obstante, para 2007, las FARC-EP decidieron que cualquier entrega se haría exclusivamente a través de la senadora liberal Piedad Córdoba y de Chávez. El intercambio nunca se logró y las liberaciones se produjeron de manera tardía como actos unilaterales de las FARC-EP y, en otros casos, por rescates o fugas. Precisamente, la exsenadora liberal contó a la Comisión de la Verdad  cómo se desarrollaban estas operaciones y las dificultades que debían sortear:

«Esas liberaciones se hicieron en contra del Gobierno. No se les olvide que hubo un momento que nos amenazaron, que empezaron a bombardear estando nosotros en el aire, la inmensa extrañeza de los miembros de la delegación de los brasileños que no entendían cómo, si estábamos haciendo una labor tan importante, teníamos tantas dificultades, tantos obstáculos. Pero creo que lo más lamentable de todo esto es que en lugar de que cada mediación, cada liberación se convirtiera en un hecho de defensa de la vida, de paz, de búsqueda del diálogo político, se convertía en una manera de acabar con quienes estábamos en ello, de estigmatizarnos, de hacernos ver como que fuéramos socios de la retención o del secuestro cuando era todo lo contrario». (Palabras de Piedad Córdoba en «Reflexiones sobre gestión humanitaria y verdad en la experiencia del secuestro
y la toma rehenes», 18 de septiembre de 2020)
  
El peor peso lo asumieron las familias, «sobre ellas recayó una carga demasiado pesada y difícil de llevar y el gobierno de la época simplemente dijo: nosotros no lo secuestramos, vayan pídanselo a las FARC», narró a la Comisión de la Verdad Alan Jara, exgobernador del Meta que estuvo secuestrado durante ocho años. Jara recordó lo vivido como una encrucijada cruel:

«Viene el cambio de presidente en agosto de 2002 y, desde luego, uno espera que el gobierno se proponga la búsqueda de una salida humanitaria a nuestro secuestro, pero la posición radical e intransigente de Uribe, sumada a la de las FARC, fue otro duro golpe a nuestra moral. Así lo sentenció el mono Jojoy cuando nos dijo “pienso que en este gobierno (Uribe) no va a haber posibilidad de un acuerdo humanitario (…)”. Se siente rabia e indignación por el desprecio hacia la vida humana. En ese período lo humanitario nunca se consideró. Incluso ciertos sectores del país hasta debatían si había conflicto armado en Colombia (…) A falta de noticias alentadoras sobre un posible intercambio humanitario se suma un episodio lamentable y trágico, cuando mueren asesinados en cautiverio, en un intento de rescate, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverry y ocho militares. Lo que nos habían advertido sobre los riesgos de un rescate armado se confirmaba: preferían asesinarnos a “dejárselos quitar”». («Auto 19 de 2021», 19)

El terreno de juego quedó claro entonces. Ni Uribe ni las FARC-EP iban a ceder. El presidente buscaba la derrota militar de esta guerrilla, mientras los insurgentes, más radicalizados después de rotos los diálogos del Caguán (hipervínculo Hito 16), iban a sostener la guerra por mucho tiempo más. 

Crédito de la imagen: Prensa Presidencial de Venezuela, 1998, Foto de Hugo Chávez durante la campaña presidencial de 1998, licencia.

Transformación militar sin precedentes 

El Plan Colombia, aunado a los esfuerzos de la administración Uribe en lo doméstico, le dieron un empujón al inicio de una transformación militar sin precedentes. Entre 2002 y 2008 la Fuerza Pública pasó de 307.703 integrantes a 429.109, la Policía volvió a todos los municipios de donde había salido, se agregaron 14 Brigadas Móviles, siete batallones de alta montaña, brigadas de comunicaciones y de selva, trece agrupaciones de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, una división de aviación, batallones aéreos, se fortaleció la infantería de Marina en los ríos más importantes. 

Se organizó la Fuerza de Tarea Omega, el Comando Conjunto del Caribe y el Comando de Operaciones Conjuntas. Esta reorganización junto a las innovaciones tácticas significaron un aumento en la capacidad de respuesta y despliegue, una mejor comunicación en las operaciones militares y en la intensificación de las acciones en territorios clave, como la costa caribe o el suroccidente. Así se fortaleció la respuesta área, se aumentó el reclutamiento y las campañas del Ejército, mediante transformaciones de doctrina y mejoramiento tecnológico. 
 
Si bien estaban los recursos, también existía una estrategia con base en la recuperación del control del territorio y la población, lo que implicaba el máximo debilitamiento de las guerrillas y romper sus bases sociales o el vínculo con éstas, al tiempo que un esfuerzo de legitimación del Estado.  

Crédito de la imagen: Duqueimagen Ltda. Afiche publicitario de la campaña de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia, 2002. Impreso (Tinta de impresión / Papel). 57,3 x 42,2 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7036 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve Parra

El Plan Meteoro

Con el Plan Meteoro, el Ejército bajó de las montañas a proteger las carreteras, a escoltar los camiones o viajeros en caravanas, lo que disminuyó casi de inmediato los retenes, secuestros y quema de mercancías, al tiempo que obligó a las guerrillas a subirse para las montañas. 

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2002, colombia 1034, «Policías antinarcóticos fumigan un campo de amapolas en la antigua región controlada por las FARC, Meta».

Los soldados campesinos

Otro programa fue «soldados de mi pueblo o soldados campesinos», que consistió en facilitar que los hombres que debían prestar servicio militar lo hicieran en su misma zona de origen. Este lo creó directamente el presidente Uribe basado en la premisa de que mientras la guerrilla permanecía en el territorio y teje redes de familiaridad con la población, el Ejército nunca se quedaba. En 2003 ya había 59.460 soldados campesinos y para 2006 la cifra llegaba a 75.144.  

El General Carlos Alberto Ospina valoró este como uno de los grandes puntales de la seguridad democrática: «Eso fue un arma psicológica terrible, porque ver a los muchachitos del pueblo uniformados impide que los guerrilleros vayan: “Ese muchachito me conoce”, entonces no van. Los soldados campesinos fueron un arma tremenda que acá no se ha valorado lo suficiente. El desorden de muchos años comenzó a contrarrestarse con los soldados campesinos» (Nova, Memorias Militares, 186).

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2001, colombia 1040, Tropas de las FARC en la Macarena.

Operación Orión

En octubre de 2002 comenzó la operación Orión sobre la Comuna 13 de Medellín, zona controlada por varias milicias guerrilleras. Habitantes de la comuna 13 contaron a la Comisión de la Verdad cómo, durante la década de los noventa, las milicias (entre ellas los Comandos Armados del Pueblo y milicias adscritas al ELN y las FARC-EP) eran quienes controlaban este territorio.

Sin embargo, esta operación Orión pasó a la historia de la ciudad porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza, que además no respetó el derecho de distinción entre civiles y combatientes. Se usaron helicópteros que, según testimonios y evidencia, dispararon indiscriminadamente. Una religiosa, acompañante de procesos de víctimas, lo recordó así:  «Las operaciones fuertes se empiezan a dar en el 2002. Y ahí es cuando se llama, viene toda una gran operación militar que se llama la tal famosa “operación Orión” que eso sí dividió yo creo que la ciudad, dividió la comuna en dos porque es que yo no había visto un helicóptero parado disparándole a una ciudad. ¿Cómo es que paran un helicóptero ¡Dios mío! ¡donde hay tantísima gente! Una población que tiene más de 150.000 habitantes, eran más, se para un helicóptero con ráfagas de fusil a disparar a donde fuera y como fuera ¿Quién dijo que una bala buscaba un guerrillero?». (Entrevista 080-HV-00008. Religiosa, acompañante de procesos de víctimas)

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2002, Sin código, ‘Operación Orión’ en la Comuna 13 de Medellín, 16 de octubre de 2002.

Operación conjunta

El mayor cuestionamiento, sin embargo, es que según testimonios de exparamilitares y ahora de militares comparecientes en la JEP, Orión fue una operación coordinada entre las tropas de la IV Brigada del Ejército, Unidades de la Policía y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comandado por Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna. Un exmilitar que participó de este operativo confirmó a la Comisión de la Verdad que se trató de una operación conjunta (Entrevista: 084-PR-00429-39748. Hombre, Compareciente, Exmilitar).

La operación logró sacar a las milicias de ese territorio, pero de inmediato fue copado por los paramilitares del Bloque Metro y luego del Bloque Cacique Nutibara, con los consiguientes casos de desaparecidos y cadáveres lanzados a un lugar llamado la escombrera.

Algo similar ocurrió en el Oriente Antioqueño, donde se desarrolló la operación Marcial, también por tropas de la IV Brigada, en los primeros meses de 2003. El objetivo de la Fuerza Pública era recuperar la movilidad de la autopista Medellín-Bogotá que estaba tomada por las guerrillas de las FARC-EP y el ELN. Sin embargo, justo en esta región se denunciaron varios casos de ejecuciones extrajudiciales, que fueron conocidas y denunciadas de manera temprana por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Además, se denunció que algunas patrullas militares actuaron conjuntamente con las AUC, en particular con el Bloque Metro. Un oficial del Ejército que comparece ante la justicia por ejecuciones extrajudiciales explicó a la Comisión de la Verdad cómo se actuó en el oriente de Antioquia: «¿Cómo retomamos nosotros el Oriente Antioqueño? pues nos apoyamos en los paramilitares porque ellos tenían el conocimiento de los milicianos y ellos nos apoyaban participando en operaciones con nosotros. Es decir, ellos entraban adelante y como la guerrilla se escondía, nos mostraban quiénes eran los milicianos. Nosotros los sacábamos y había gente que era asesinada» (Entrevista 084-PR-00332. Oficial del Ejército).

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Bloque Metro Autodefensas.

La idea del «pueblo guerrillero» en Zonas de rehabilitación y consolidación

En noviembre de 2002, al amparo de la conmoción interior, el presidente decretó las Zonas de Rehabilitación y Consolidación en Arauca y Montes de María, que eran el principio y el final del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Arauca ha tenido históricamente un control social, político y armado por parte del ELN y, en el caso de Montes de María, la región estaba bajo dominio casi absoluto del Bloque Montes de María de las Autodefensas, sin embargo, la parte montañosa era dominada por las FARC-EP.
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En las Zonas de Rehabilitación y Consolidación se fortaleció la idea del «pueblo guerrillero» en la que se asociaba a los civiles con las guerrillas. Las detenciones, los allanamientos y los retenes giraban en torno a atacar a la población civil en tanto potencial colaboradora de la insurgencia. La Comisión de la Verdad ha recibido testimonios de personas que fueron detenidas sólo en virtud de su lugar de procedencia. En los retenes se fiscalizaba a las personas y la cantidad de alimentos que podían transportar.

«Nos estigmatizaban con que éramos guerrilleros porque estábamos trabajando en zona guerrilleras en las que teníamos que acatar órdenes de las FARC. No era porque nosotros quisiéramos, sino que nos tocaba. Y esa estigmatización llegó, y llegó la estigmatización a los líderes sociales. Empezó la persecución tenaz a nosotros los líderes. Ahí fue cuando ya empezamos a volvernos defensores de DDHH porque nos tocó, porque había la necesidad» (Informe 748-CI-00796, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), «Que nos llamen inocentes», 2019, 91).

Al respecto, un transportador de Montes de María y víctima de una detención arbitraria señaló: «Mi detención me la gané por estar viajando a El Salado. Los “malinformantes” dijeron que yo era el que le llevaba las provisiones a la guerrilla. Porque a mí me denunció un informante del Ejército, gente a la que le pagaban por hablar e inventaba cosas para ganarse la plata. Sí era cierto que yo llevaba compras para allá, pero las llevaba para las tiendas, la gente no era guerrillera. Además, siempre tenía la precaución de que, antes de arrancar con una compra, llegaba al puesto de Policía y les informaba que iba a subir, para que ellos supieran. Siempre tuve esa precaución. Incluso les presentaba al dueño de la compra; les decía: —Vea, yo voy a llevar la compra, el carro es mío pero la compra es del señor—. Nada de eso valió». (Informe 748-CI-00796, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), «Que nos llamen inocentes», 2019, 98)

Estas detenciones son uno de los hechos que más produjeron estigmatización a las poblaciones y territorios durante el conflicto armado interno. Ante la Comisión de la Verdad, víctimas de estas regiones han pedido que sea reconocido su buen nombre dado que muchos de ellos y ellas aparecieron en la prensa como guerrilleros o milicianos y, sin embargo, pocas horas o meses después fueron exonerados de esos cargos.

Crédito de la imagen: Contenido original CEV con base en imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Sin código, Manos en rejas, Archivo CEV.

La estrategia de la insurgencia

Las milicias

Para el caso de las FARC-EP existían dos tipos de milicias: las bolivarianas, conformadas por personas entrenadas en armas y que tenían la misma disciplina de los guerrilleros, aunque vivieran como civiles; y las milicias populares, conformadas por simples colaboradores que apoyaban a la guerrilla de manera permanente u ocasional con tareas logísticas y de información. Los milicianos cometieron múltiples crímenes y abusos que tenían asediada a la población: Un excomandante de las FARC-EP de Antioquia relató las dificultades que representaba para la guerrilla los abusos que cometieron los milicianos:
«En los territorios esas milicias iban haciendo lo que ellos les parecía que estaba bien hecho, que a la final resultaban siendo fracasos, matando, desapareciendo gente sin que nadie diera cuenta de qué estaba pasando, entonces la guerrilla estaba armando unas personas sin claridad política de lo que estaban haciendo o iban a hacer, y no estaba tampoco informada de qué hacían, cuando se daban de cuenta ya había una cantidad de muertos, había una cantidad de dificultades, y eso también iba generando desprestigio en la misma organización». (Entrevista: 084-PR-02378. Actor armado)

Muchos milicianos fueron asesinados por las propias guerrillas cuando cometieron abusos. Un excombatiente dijo a la Comisión de la Verdad que, ante « algún tipo de abuso que implicase cualquier mínima falta grave, esas personas fueron ajusticiadas o se les hizo Consejo de Guerra». (Entrevista: 127-PR-03098. Hombre, excombatiente)

Testimonios de excombatientes de las FARC-EP escuchados por la Comisión de la Verdad identifican en la estrategia miliciana a partir del 2000 un punto de inflexión y un punto de quiebre: por un lado, el afán de acrecentar rápidamente los frentes hizo que, finalmente, se privilegiara el reclutamiento y la capacidad de accionar militar a la formación política. Por otro lado, la mayor confrontación del Ejército ocasionó en muchos casos el repliegue de la dirigencia y la pérdida de direccionamiento de los frentes. Para la inteligencia de las Fuerzas Militares, la estructura miliciana fue un flanco fácil de infiltración.

El reclutamiento

A medida que se acentuaba la ventaja militar del Ejército, las FARC-EP aceleró el reclutamiento de personas, incluso niños y niñas. A diferencia de décadas anteriores, donde sus canteras de reclutamiento estaban en los movimientos sociales y políticos, y había un proceso previo de formación política: «Se desbordó, se creció mucho, pero también se violaron las normas de reclutamiento. Eso generó serias dificultades en las FARC, en vidas, en desgaste, en desprestigio, robos, amenazas, muertes, eso nos generó la infiltración en un crecimiento así sin control y más en regiones donde están influenciadas por policía, ejército y paramilitares, con mayores veras»  (Entrevista: 127-PR-03098. Hombre, excombatiente).

Crédito de la imagen: Contenido original CEV producido con imagen: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. El Gobierno lo recompensa. Usted obtendrá beneficios / Usted y su familia merecen otra oportunidad ¡Vuélese ya!, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7 x 13,8 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.1 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely

La estrategia del Gobierno 

Con diferentes programas de política de seguridad democrática, el Gobierno logró romper el vínculo de los civiles con las guerrillas. La percepción de que estas se habían tomado el país y que tenían estas redes clandestinas facilitó la creación de un sistema de hipervigilancia con redes de informantes y cooperantes, pago de recompensas, infiltrados y estímulos a la deserción. Esto se facilitó por los abusos que los milicianos estaban cometiendo contra las comunidades.

Para octubre de 2002, el Ejército contaba con 12.476 cooperantes, mientras la meta en el Plan Nacional de Desarrollo se trazó en un millón y, según el presidente Uribe, en 2010 alcanzó a llegar a los 4 millones. Su trabajo consistía en alertar «a las tropas o a las autoridades sobre posibles actos en contra de la ciudadanía o de las propias autoridades» por lo que «recibían un pago mínimo, un chorrito constante». Chorrito constante hacía referencia a la «frase con que el presidente Uribe describía cómo debía conducirse el programa, pagando poco dinero a los cooperantes, pero de manera constante». (Ospina, Los años en que Colombia recuperó la esperanza», 352)

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. ¡El Ejército está a la ofensiva y su objetivo es ganar la guerra! / Entregue las armas a la Patria, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7,6 x 20 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.11 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely

Recompensas

El tema de los pagos o beneficios económicos, se tramitaba a partir de un fondo de gastos reservados que manejaba la Fuerza Pública con plena discrecionalidad. El pago de recompensas se realizó en un show de televisión conocido como «lunes de recompensa», en el que los miembros de la Fuerza Pública entregaban fajos de dinero a personas encapuchadas que habían entregado información. Estos encapuchados se hicieron frecuentes en las operaciones policiales, militares y, sobre todo, judiciales. Señalaban anónimamente a personas y su identidad fue protegida durante los juicios.

Hubo casos en los que estas redes fueron usadas por miembros de la Fuerza Pública para robar dinero de los gastos reservados. Un coronel del Ejército que comparece ante la JEP por el caso de ejecuciones extrajudiciales explicó que: «Las informaciones pagadas a informantes eran ficticias, ellos sólo eran utilizados para cobrar el dinero, se les daba cualquier cosa, y nos quedábamos el resto del dinero, esto era para legalizar el rubro asignado por la Brigada». (Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. «Ejecuciones Extrajudiciales 2002 - 2010., 2013, 55.)

Crédito de la imagen: Colección: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. El presidente Uribe les da su palabra / Plan de vuelo para retomar su vida, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7,6 x 20 cm. Carrer a 7 N. 28-66 Bogotá, Colombia Tel. (+60) 1 381 6470 www.museonacional.gov.co Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.21 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely.

Exparamilitares en redes de cooperantes

Una vez dejadas las armas, exparamilitares de las AUC se incorporaron a estas redes, lo cual no los alejaba de la guerra y por el contrario les incentivó a seguir en ella, dado que muy pronto se crearon en los mismos territorios donde ellos actuaron las Bandas Criminales o Bacrim. Estos grupos emergentes mantuvieron por vía de este sistema de información e inteligencia, vínculos con la Fuerza Pública, como lo ha demostrado la investigación sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Comisión de la Verdad.

Una comunicación enviada desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia al Departamento de Estado el 13 de febrero de 2007 revela que los líderes paramilitares Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Fredy Rendón alias El Alemán y Rodrigo Tovar alias Jorge 40, les informaron a oficiales de la MAPP/OEA que había un acuerdo con el gobierno colombiano en ese sentido. La misma comunicación menciona que: «(...) un Oficial de Inteligencia de la XVII Brigada le confirmó a la Embajada que antiguos miembros del Bloque Elmer Cárdenas de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, con la aprobación de autoridades civiles del Gobierno de Colombia, habían sido incorporados oficialmente a la Red de cooperantes del Ejército». (Wikileaks. Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos. «Ejecuciones Extrajudiciales 2002 - 2010., 2013, 53.)

Lea acá el relato histórico: No Matarás

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. Póngase a pensar / Plan de vuelo para retomar su vida, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7,6 x 20 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.15 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely.

Incentivos económicos y judiciales

A la presión militar del Gobierno se sumó un programa de incentivos económicos y judiciales para quienes abandonaran las filas. Éstos tuvieron que pasar primero por interrogatorios y en particular los desmovilizados individuales, fueron impelidos a delatar a otras personas, entregar caletas y/o participar en operaciones militares. Meses después podrían iniciar el proceso de reincorporación que en los primeros años de Uribe estuvo muy accidentado dado que los desertores corrían riesgos de ser asesinados y el programa estaba instrumentalizado para ganar una ventaja militar en la guerra. Fue en su segundo gobierno que bajo la dirección de Frank Pearl se establecieron rutas educativas, laborales y psicosociales adecuadas para evitar que estas personas se mantuvieran en las armas o la dinámica de la guerra.

Con el tiempo, desertaron mandos medios de gran relevancia como Karina, primera mujer en hacer parte del Estado Mayor de las FARC-EP. En entrevista con la Comisión de la Verdad, ella relató cómo decidió desertar tras la dura arremetida del Ejército en la zona del oriente antioqueño donde operaba el Frente 47 que ella comandaba. A eso se sumó el asesinato de Iván Ríos, quien era su comandante, y el conocimiento de que su hija estaba siendo seguida por organismos de inteligencia y, especialmente, la sensación de que, por haber sido declarado objetivo militar se hubiera convertido en «la papa caliente» para el Secretariado, quienes, según ella, la fueron abandonado a su suerte (Entrevista: 058-PR-02107. Mujer, excombatiente).

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. ¡Ayer entregaron sus armas, hoy disfrutan de la vida! Acójase al Programa de Desmovilización del Gobierno del Presidente Uribe / Plan de vuelo para retomar su vida, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7,6 x 20 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.14 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely.

Miedo a la infiltración en las FARC-EP

Con estos incentivos económicos y judiciales, la inteligencia del Estado infiltró a las FARC-EP en todos los frentes, lo que le permitió realizar ataques aéreos de gran precisión en el fondo de la selva. Una excombatiente del Frente Oriental lo recordó así ante la Comisión de la Verdad: «Nos bombardearon tanto que empezaron a sospechar de los civiles, hasta nos descosieron la ropa a ver si teníamos chips, nos botaron los radios, estábamos paranoicos porque nos bombardeaban a diario, entonces había mucha sospecha de los civiles, empezamos a matar civiles que nos habían ayudado toda la vida, que estaban de nuestro lado. Eso asustó mucho a la gente, en mis últimos meses yo percibí el miedo de la gente con nosotros. Y de pronto también ese era el objetivo de nuestro enemigo, siempre ha existido la teoría de quitarle el agua al pez y la fortaleza de las guerrillas es la población civil, son sus masas y si acaban con eso la guerrilla se acaba. Nos estaban acabando era así». (Entrevista: 091-HV-0001. Mujer, actor armado, Frente Oriental de las FARC).

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Volante del Programa de Desmovilización. Usted también está envejeciendo, piense:... / Plan de vuelo para retomar su vida, 2004. Impreso (Tinta / Papel). 7,6 x 20 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520.25 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely. En: Ministerio de Defensa Nacional. Colombia. Material de publicidad utilizado en el 2004 para promover el plan de desmovilización individual, por parte de los integrantes de grupos al margen de la ley (27 volantes), 2004. Impreso (Tinta / Papel). Dimensiones diversas. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 7520 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely.

De programa antidrogas a contrainsurgente

La lucha contra las drogas y la guerra insurgente-contrainsurgente se hicieron indivisibles porque los mismos actores que estaban enfrentados por razones ideológicas y políticas, se disputaban las rentas de la cocaína. 

Esa frontera invisible se derrumbó completamente en 2003, cuando el Plan Colombia dejó de ser un programa exclusivamente antidrogas para convertirse en un plan de apoyo al gobierno en la guerra interna contra organizaciones denominadas como “narcoterroristas”.  Varios elementos contribuyeron a ese giro que dio el Plan Colombia en el 2003: 1) la llegada a la Presidencia de Estados Unidos en 2001 de George Bush, quien abanderaba la lucha contra el terrorismo y la guerra en Afganistán a partir del ataque de Al-Qaeda a las torres gemelas en Nueva York. 2) El secuestro de tres contratistas norteamericanos por parte de las FARC-EP en febrero de 2003 aumentó la injerencia norteamericana. 3) La ineficiencia de la política antidrogas colombiana hasta el año 2000, enfocada especialmente en la erradicación de la coca a través de la fumigación. 4) Empresas norteamericanas en Colombia se estaban viendo seriamente afectadas por cuenta de la guerra en el país, en particular, las empresas asociadas a la exploración, explotación y transporte del petróleo.

Crédito de la imagen: Eric Draper, 2008, George Bush y Álvaro Uribe Vélez, licencia: dominio público.

Dudas sobre el éxito de la aspersión aérea

En términos de lucha contra el narcotráfico, el Plan Colombia había sido diseñado para disminuir en un 50% las hectáreas de cultivos de coca entre el 2000 y 2006, y lograr una reducción en las exportaciones de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, al final de dicho periodo, Colombia siguió siendo líder regional en producción y exportación de cocaína, y se generaron serias dudas sobre la relación entre costos (financieros, humanitarios y políticos) y beneficios del Plan Colombia en el largo plazo.  

En los primeros años de la seguridad democrática, la productividad de los cultivos de coca había sido afectada por la aspersión aérea de glifosato, disminuyendo el potencial en kilos de cocaína respecto a la cantidad de hectáreas cultivadas, que a nivel nacional habían caído de 163 mil en el año 2000 a 70 mil en 2004. A largo plazo, sin embargo, la tendencia a la resiembra, el traslado de cultivos a municipios cercanos o la persistencia de la oferta colombiana en Estados Unidos sembraba dudas sobre si la política antinarcóticos lograba ganar ciertas batallas pero no la guerra. Las aspersiones áreas, aunque funcionaban en ciertos contextos para la erradicación inmediata de los cultivos, minaban las relaciones de la población civil con la fuerza pública y sus efectos en términos de legitimidad y consolidación de su presencia en el territorio. 

Los problemas de la aspersión aérea

Desde el año 2002 la política antinarcóticos centrada en la erradicación por aspersión área de glifosato con escasa asistencia científica para la definición de las zonas y los impactos, implicó que las comunidades colonas cocaleras recurrieran a buscar protección en las estructuras de las FARC-EP, lo que desembocó en serias dificultades del Ejército nacional para relacionarse con la comunidad. Para los altos mandos militares eran llamados “narcocultivadores”. 

Un coronel compartió con la Comisión de la Verdad su experiencia en esa difícil relación: «Viven allá que por el terreno ser tan montañoso, los pueblos le quedan muy lejanos a ellos y ellos prácticamente en ocasiones duran 1, 2, 3 días yendo hasta la parte donde compran su arroz, el resto para comer y no tienen más de donde, entonces uno los cultivos pequeños pues en general le dirían a uno "bueno, hay que destruir ese cultivo"¿sí?, entonces ¿qué hace uno? ¿arrancar todas las matas de coca? pero pues uno no lo hace porque es la fuente de ingreso de ellos, ¿si me entiende? A lo que voy es que ¿cómo conciliaba usted eso? Ya le tocaba a uno como se dice de "conformidad": porque si la destruye le busca a uno problemas; si no la destruye también tiene problemas. Entonces se acababa los semilleros pero quedaba el resto y ¡volvían a sembrar más». (Entrevista 153-PR-00365. Hombre, Fuerza Pública)

Un estudio de Fedesarrollo publicado en 2005 cita un estudio de la Casa Blanca que cuestionaba la efectividad del Plan Colombia en materia de lucha contra los narcóticos pues el precio de un gramo de cocaína en la calles de Estados Unidos que en 2000 costaba US$161 en 2003 se conseguía por US$107, lo cual era indicativo de una mayor oferta y ratificaba la tesis de que si el énfasis del Plan Colombia hubiese estado desde el principio (año 2000) en el control militar del territorio y no en los procesos de erradicación de hoja de coca, se habrían logrado mejores resultados.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2002, colombia 1030, Policía antinarcóticos fumiga un campo de amapola en región antiguamente controlada por las FARC, Departamento del Meta.

Primera Fase del Plan Patriota

Según lo ha explicado el General Carlos Ospina en diversos espacios con la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas debían pasar de una estrategia de «buscar y destruir» al enemigo a una centrada en la protección de la población que implicaba quedarse en los territorios que eran controlados por las insurgencias.

La primera fase, de «aislamiento y despliegue», buscó ganar tiempo mientras se adquiría el nuevo armamento, se entrenaban e incorporaban los nuevos efectivos de las Fuerzas. Se crearon las Fuerzas Especiales Urbanas, los Batallones de Alta Montaña, las Brigadas Móviles, las Fuerzas de Despliegue Rápido y los soldados campesinos. Para enfrentar el déficit de legitimidad se dio impulsó al Plan Meteoro, que buscó recuperar las carreteras más importantes del país para hacer frente a la sensación de aislamiento y encierro que se percibía en las ciudades por cuenta de los secuestros masivos. El control de las carreteras y poblaciones también buscó impedir el traslado de guerrilleros a zonas no afectadas.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 28 de Junio de 2001, Sin código, Los padres de un soldado liberado abrazan a su hijo. Base aérea de Tolemaida, Melgar, Tolima.

Segunda y tercera fase del Plan Patriota 

La segunda fase, de «debilitamiento», se centró en desalojar a las FARC de Cundinamarca y cortar cualquier cordón con la capital, a través de las operaciones Libertad I y II, para luego adentrarse en el corazón de las FARC-EP, atacando su retaguardia y permaneciendo en las zonas donde estaban ubicados el Bloque Sur y el Bloque Oriental en los Departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo y Huila. 

La tercera, se desarrolló durante el segundo período del presidente Uribe y buscó —de forma poco exitosa— consolidar la presencia estatal en los territorios desde el punto de vista social. 

Objetivo final 

El objetivo final, según el General en retiro Jorge Enrique Mora, quien jugó un papel central en los diálogos de La Habana, era doblegar la voluntad de lucha de la guerrilla: «Aquí hay una concepción que nos han ido tergiversando la izquierda nacional y extranjera, y es que el ejército de Colombia practicaba la doctrina de guerra total: había que matar a todos los guerrilleros para ganar la fuerza. Y resulta que no. Nunca los militares pensamos que había que matar a todos los guerrilleros para ganar la guerra» (Nova, Memorias Militares, 148-49).

Hubo cambios logísticos y operacionales que fueron definitivos para cumplir el propósito del Gobierno: por un lado, se reforzó la movilidad de las unidades militares y de Policía, sumado a la llegada de recursos aéreos como los aviones de combate y sobre todo, las bombas de alta precisión. Un segundo elemento fue un giro en el manejo de la inteligencia técnica y humana a partir de una fuerte infiltración y penetración en las guerrillas. A esto se sumó una agresiva estrategia de propaganda apalancada en 22 emisoras de radio en todo el país, que hicieron campañas al estilo Vietnam llamando a los combatientes a dejar las armas. 

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 29 de junio de 2001, Sin código, Guerrilleros observan la ceremonia en la que las Farc liberaron 242 prisioneros de guerra del ejército. La Macarena, Meta.

Operaciones Libertad I y II

Con la operación Libertad I, dirigida por el general Reinaldo Castellanos y que concentró 15 mil hombres en Boyacá, Tolima, Meta y Cundinamarca, los frentes de la guerrilla fueron retrocediendo con pérdidas significativas en hombres y mandos, y la operación Libertad II terminó por consolidar la salida de las FARC de Cundinamarca, norte del Tolima y el occidente de Boyacá en 2005. En las operaciones Libertad I y II las Fuerzas Militares usaron la tecnología de visión nocturna, la movilidad helitransportada recién adquirida, las nuevas técnicas de inteligencia tanto humanas como técnicas, desplegaron las nuevas brigadas de combate y especiales, iniciaron la formación de las redes de cooperantes y no ahorraron en el despliegue táctico para evitar cualquier tipo de amenaza o bloqueo sobre Bogotá.

En la Operación Libertad la figura de los soldados campesinos alcanzó una escala de masas. Estos soldados se asentaron en las cabeceras municipales, podían apoyar a la policía en caso de algún ataque y cortaron, además, a las FARC-EP las posibilidades de abastecimiento. Truncaron la posibilidad de volver a realizar tomas a poblaciones, transitaron las trochas y fueron apoyados por un pelotón de soldados profesionales y la policía. 

La construcción de los batallones de alta montaña sirvió para cortar los corredores de movilidad que hasta el momento controlaban las guerrillas. Entre 2003 y 2006 al menos siete batallones de este tipo fueron construidos en puntos estratégicos en todo Colombia, uno de ellos en el páramo de Sumapaz. Este fue crucial para cortar la entrada de las FARC-EP a la capital del país.
 
Los réditos militares que dejaron estas operaciones fueron incuestionables y representaron el inicio de un nuevo momento de la guerra contra las FARC-EP: las estructuras de en la región desaparecieron casi por completo, varios de los comandantes que patrullaban estas zonas fueron capturados o muertos en combate. No obstante, las operaciones militarmente exitosas para la recuperación de Cundinamarca y de las goteras del centro administrativo y político del país no estuvo exenta de denuncias sobre la colaboración de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares, en especial, en esta primera etapa, con las Autodefensas Bloque Cundinamarca (El apoyo del Bloque Cundinamarca, grupo paramilitar liderado por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘el Águila’, al Ejército fue confirmado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá) («Sentencia contra Luis Eduardo Cifuentes Galeano y otros miembros de las Autodefensas Bloque Cundinamarca, de 1 de septiembre de 2014»; Entrevista 193-VI-00010. Mujer, víctima.; Entrevista 193-VI-00009. Hombre, Víctima).

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 28 de Junio de 2001, Sin código, Un soldado colombiano liberado grita de alegría al abandonar el territorio controlado por las FARC. La Macarena, Meta.

Fuerza Tarea Omega tras la retaguardia de las FARC-EP 

Tras desalojar a las FARC-EP de Cundinamarca con las operaciones Libertad, el segundo paso del Plan Patriota fue llegar a la retaguardia de las FARC-EP entre los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá y permanecer en el territorio buscando la captura o muerte de los miembros de su Secretariado y Estado Mayor. En la región operaban los bloques Oriental y Sur de la guerrilla, los más calificados militarmente y centrales en la estrategia de finanzas de la guerrilla. Para enfrentar estas estructuras los estrategas del Ejército organizaron la Fuerza Tarea Omega, la cual coordinó las fuerzas terrestres, anfibias y aéreas de las Fuerzas Militares con las de la Policía, con asesoría de los técnicos estadounidenses del Plan Colombia, dado que paralelamente se daban operaciones contra el narcotráfico. 

Estas operaciones lograron desactivar alrededor de 30 estructuras armadas y reducir el 70% de los combatientes de los Bloques Sur y Oriental. Con esto tomaron posición de los territorios que durante décadas fue la retaguardia histórica de las FARC. Posteriormente se implementó el plan Consolidación, que pretendía que las Fuerzas Militares se acercaran a la población civil, para «la recuperación social del territorio». En el marco del plan se instalaron al interior de los pueblos promoviendo una presencia estatal coordinada por la fuerza pública.

Según el Ministerio de Defensa, el 87% de los guerrilleros abatidos durante estos años, pertenecía a las FARC y el 60% de quienes atendieron a los programas de desmovilización que promovió el gobierno nacional, también eran de las FARC. Las rutas de suministro y abastecimiento de medicinas, alimentos, munición, equipo, información y comunicación de las FARC-EP en sus zonas seguras se vieron interrumpidas abruptamente con las incursiones de las fuerzas especiales de la Fuerza de Tarea Omega. 

Tamaño esfuerzo militar también le estaba pasando factura a las tropas. Solo en la Fuerza de Tarea Omega, en 2004 hubo casi trescientos heridos en combate y más de 50 soldados muertos. Según el Ministerio de Defensa en marzo de 2008, entre 2002 y 2006 se registraron 6.348 heridos y 3.185 bajas en el Ejército. 

Crédito de la imagen: Agudelo, Henry, sin fecha, sin código, Militares víctimas.

El repliegue de las FARC-EP

Los exguerrilleros de FARC-EP coinciden en señalar el cambio de estrategia militar, en el marco del Plan Patriota, como un punto de inflexión. Una excombatiente describió este momento en su testimonio ante la Comisión de la Verdad: «Es que en el año 2001-2002 se montaron los batallones de alta montaña, entonces ellos no se movían de allí, pero ya después se volvieron muy operativos. Antes uno sabía cuando salían de Chaparral o llegaban a Rioblanco —al pueblo— y había tiempo de guardarse. En esa ocasión ya no era así: cuando venía de abajo ya estaban los de arriba bien metidos. Hacían como una especie de operación rastrillo. Esa era la dinámica realmente. Hubo un momento en que nos tocaba andar detrás de las patrullas o pegadas a ellas. Luego todo estaba lleno de patrullas; o sea, operaban rompiendo monte, no cogían trocha porque también se les cazaba, ¿no?, había emboscadas, había minado y todo eso. De ahí, mandaban la aviación y a continuación el desembarco de tropas y los ametrallamientos constantes» (Entrevista 854-PR-02966. Mujer, excombatiente).

Entre 2002 y 2006 hubo una tendencia a la inercia, ya que las FARC-EP actuaron a la defensiva y protegieron sus fuerzas y en especial a su dirección. No obstante, el repliegue fue decisivo. Según reza en cables desclasificados del Departamento de Estado: «Aunque las Fuerzas Militares nunca capturaron o mataron a ningún alto mando de las FARC en 2004, las operaciones logísticas y de tráfico de drogas de la guerrilla se vieron restringidas, lo que obligó a los insurgentes a abandonar zonas que habían permanecido sin oposición durante años y a encontrar nuevas rutas para reponer su material de guerra. Las FARC se vieron incapacitadas para utilizar bases y rutas logísticas que habían sido seguras durante años. Igualmente, los campamentos donde los líderes habían encontrado santuario fueron destruidos» (U.S Embassy, cable. “Plan Patriota Phase 2b: Status Report”).

Tras la ofensiva militar de las Fuerzas Armadas, las FARC-EP se replegaron a departamentos como Nariño, Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca, casi siempre a territorios donde habitan y son autoridad los pueblos étnicos, tanto indígenas como afrodescendientes, lo que generó graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla hacia esas comunidades.
 
Luego del repliegue, las acciones militares de esta guerrilla se caracterizaron por un bajo despliegue de personal que permitiera generar el máximo de daño al menor costo posible. A su vez, las columnas móviles emplearon los hostigamientos como una táctica de defensa que mantenía a la Fuerza Pública ocupada y lejos de zonas en las que aún contaban con control territorial. 

La IX Conferencia de las FARC-EP

En su repliegue, las FARC convocaron a su Novena Conferencia que, celebrada virtualmente en 2007, reconoció el cambio en la correlación de fuerzas que se consolidaba en el mandato de Álvaro Uribe y marcó algunas líneas para la recomposición política y militar de las FARC-EP. 

La reestructuración militar se dio a través de la creación de nuevos Frentes con el objetivo de llevar la estructura militar al punto en el que se encontraba antes del Plan Patriota. Esto suponía un estricto programa de reclutamiento por cada Frente, quienes debían rendir balances al respecto cada seis meses, y una fuerte inyección de dinero que permitiera rearmar los Frentes y modernizar el material de intendencia de la tropa.

Sumado a la reestructuración militar, la IX Conferencia definió el regreso a la guerra de guerrillas. Esto implicaba el sostenimiento de una acción armada de carácter móvil y conformada por grupos pequeños. Para esto, jugaban un papel importante el uso de francotiradores y de armas no convencionales como las minas antipersonales. 

En el plano político, las FARC-EP también reconocieron su debilidad y en 2007 ese grupo decidió fortalecer el trabajo político a través del Partido Comunista Clandestino, conocido como PC3 y del Movimiento Bolivariano. Adicionalmente, se tomó la determinación de reorganizar el trabajo internacional con objetivos propagandísticos y para la consecución de financiamiento, dotación y apoyo logístico.  

Pese a que estos planes no significaron un avance importante en términos militares para la insurgencia, su horizonte estratégico siguió siendo la toma del poder. Tal como lo señala un exmiembro del Secretariado, el reacomodamiento de las FARC-EP les permitió resistir al Plan Patriota y superar la sorpresa táctica que este acarreaba: «En los finales del Gobierno de él (Uribe) ya ellos seguramente también estaban como en alerta de lo que les estaba pasando con los falsos positivos, enterados que ya nosotros habíamos cambiado la táctica y que habíamos vuelto a la guerra de guerrillas y que habíamos superado la sorpresa táctica que nos habían dado con los bombardeos de precisión, con la fuga de información, con la cuestión de los compañeros que capturaban ¿sí? Y entonces ya nosotros comenzamos en esa vaina como a equilibrar las cartas» (Entrevista 084-PR-02988. Hombre, exdirigente FARC-EP).

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2000, Sin código, Campamento de las FARC, Selvas del Caquetá.

Detenciones arbitrarias

En el Huila, la segunda fase del Plan Patriota desencadenó capturas masivas contra decenas de campesinos en municipios señalados de ser bastiones y corredores estratégicos de las FARC-EP. Al igual que en Cundinamarca, el objetivo era desestructurar los Frentes que hacían presencia en el departamento.  Estas medidas afectaron notoriamente a la población civil y también restringieron la posibilidad de la guerrilla de adquirir comida, medicamentos y otros elementos

Según la investigación realizada por las Comisión de la Verdad, las detenciones arbitrarias responden a ese patrón. En el Huila, a partir del año 2004 se estima en que 28 de los 37 municipios del departamento hubo capturas masivas, buscando debilitar las estructuras del Bloque Sur y la Columna Móvil Teófilo Forero. A partir del despliegue de la Operación Aurora (2004) se realizaron operativos conjuntos entre Fuerzas Militares, Policía y organismos judiciales en corredores estratégicos de las FARC que derivaron en la detención de decenas de civiles, principalmente campesinos, señalados de pertenecer a las milicias.  

Finalmente, el asesinato de civiles presentados posteriormente como guerrilleros fue una escena común en el marco de este despliegue militar. El volumen dedicado a las Violaciones a los DDHH y al DIH de la Comisión de la Verdad ilustró que, por ejemplo, en el caso de Cundinamarca, el período de mayor intensidad de las ejecuciones extrajudiciales coincide con los tiempo de la Operación Libertad.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2003, sin código, Patrulla diurna en Saravena (Arauca), quizás el puesto más peligroso para los policías en Colombia.

Aumenta el reclutamiento de menores y las minas antipersona

Ante los niveles de deserción y bajas, aumentó el reclutamiento por parte de las FARC-EP de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, entre 2001 a 2004.

El uso de minas antipersona fue el único tipo de ataque indiscriminado que tuvo un aumento creciente a partir del año 2003, lo que coincide con la alta concentración de casos en este período, con respecto a los anteriores. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 89% de los casos de víctimas de minas registradas en la base del CNMH ocurrieron entre el 2002 y 2016. El mayor número de casos se registra en 2006, con 960 víctimas. Once zonas tuvieron alta concentración de eventos, la mayoría en Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander y Caquetá con alrededor de 6.676 víctimas. Un dirigente del Bloque Sur de las FARC en Putumayo reconoció el uso de minas antipersona alrededor de los oleoductos: «Las acciones de guerra no diferenciaban del militar al civil, porque muchas veces muchos campesinos, por ejemplo, cayeron en minas antipersonales, o en las mismas tomas de los cascos urbanos morían civiles que vivían cerca de la Fuerza Pública o puesto de Policía, o de los civiles que asesinaban también la Fuerza Pública por decir algo, o sea, no había respeto ya por la vida del civil, o sea, el conflicto se fue degradando, degradando» (Entrevista: 060-PR-02382. Hombre, Compareciente, FARC).

Crédito de la imagen: Autor desconocido / Gobierno de Canadá. Aviso de advertencia sobre presencia de minas antipersona, 2005. Impreso (Tinta de impresión / Plástico corrugado). 38,7 x 29,2 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5753 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Cristian Camilo Mosquera Mora

Confinamiento y desplazamiento

Mientras en el sur del país las FARC se fueron desplazando hacia las selvas y las zonas de frontera más inhóspitas, en el occidente la ofensiva del Ejército y la respuesta de las FARC-EP dejó a la población civil de los cascos urbanos en medio del fuego. Un líder religioso, que acompañó a las comunidades de la zona Centro Oriental, en entrevista con la Comisión de la Verdad, describió cómo vivieron los ataques aéreos y los combates. En su relato se ve la profunda sensación de indefensión en que se encontraban.

«Entonces eso...solamente escuchábamos las balaceras, era feo ese, por decir algo, en agosto del 2004 hubo un mes que todos los días eran balaceras, eran plomo, plomo todos los días, llegaba el fantasma de bombardear…. la vivencia es esa, la guerra, la guerra, pero en medio de la guerra también un pueblo atemorizado, un pueblo intimidado, unas instituciones a las cuales ellas no, carecían de confianza, por ejemplo, la Fiscalía, ni la Policía, nadie. Entonces la población como nosotros, ¿a quién le denunciábamos?, a nadie, eso lo sabíamos, entonces no es indiferencia, claro que no, pero sí es la realidad.», más allá de indiferencia es la realidad de decir, ¿a quién se le denuncia?, si uno ve que todo eso es un programa, pues programa en el sentido que todos estaban unidos en contra de la guerrilla, y se perseguía toda aquella persona que tuviera alguna incidencia con la guerrilla, por decir algo, en ese año del 2003, ahí en Lejanías comenzó y en todos lados comenzó el Ejército a prohibirle a la gente que pasara remesas, a la gente del campo». (Entrevista 261-HV-00019. Líder religioso)

La población no solo no pudo circular por el territorio, sino que se le impidió acceder a alimentos y las puso en situación de confinamiento. Esa fue una de las principales causas de desplazamiento forzado hasta llegar en muchos casos al vaciamiento del territorio. Un funcionario público que trabajó en el municipio de San Bernardo, en el Sumapaz, le contó a la Comisión de la Verdad, en relación al desplazamiento, el impacto del Plan Patriota en el municipio: «Eso fue fuerte, porque mi pueblo estaba inundado de Ejército, una cosa de locos, la gente no podía salir, mi pueblo perdió alrededor de la tercera parte de su población, si no es más, si usted mira los censos, y ve el movimiento poblacional hijo de la guerra, Fusa [Fusagasugá] tendría en el año 2001 unos 60.000 habitantes, y mi pueblo ya rondaba casi los 20.000. En el último censo mi pueblo pasó a 12.000, y Fusa pasó a tener 120.000, y lo mismo le ocurrió a todos esos municipios. En el Plan Patriota la gente se fue para Fusa y para Bogotá. Es la guerra la que saca a la gente, el miedo a la confrontación» (Entrevista 051-PR-03208. Testigo, político).

Crédito de la imagen: Emanuel, Héctor. 2002. Sin código. Civiles en medio de fuego cruzado de las FARC-EP y fuerzas del ejército, tras rompimiento de 3 años de diálogos. Puerto Rico, Caquetá.