La estrategia

Juan Manuel Santos consideraba que se debía buscar una derrota estratégica de las FARC-EP que consistía en debilitar a los guerrilleros psicológica y militarmente para llevarlos a la mesa de negociación. Para eso, se requería mantener la presión militar y empezar a actuar en dos frentes: inteligencia y legitimidad de las Fuerzas Armadas.  La primera estaba garantizada y con ajustes que se hicieron de la mano de asesores de Israel y de Gran Bretaña se logró una infiltración extrema de los círculos de confianza de varios de los dirigentes de las FARC-EP.

La legitimidad, por el contrario, no estaba garantizada porque mientras el Ejército asestaba golpes mortales al secretariado de la guerrilla, miembros de esa misma institución estaban ejecutando a civiles inermes para inflar los resultados de la guerra, aplicando ya no la doctrina de Afganistán, con operaciones de poca huella, sino la de Vietnam, del body count.

Crédito de la imagen: Chavarro, Carlos, 2007, RFV 000863, Juan Manuel Santos, «Juan Manuel Santos ministro de defensa hace presencia en el comando de la policía en la ciudad de Cali, después del atentado recibido por carro bomba», Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Las bombas inteligentes y las operaciones Sol Naciente y Mariscal

Como en Afganistán, se iniciaron una serie de operaciones especiales, bajo la lógica de perseguir sus objetivos de seguridad «dejando la huella más ligera posible». Estados Unidos aportó la utilización de inteligencia en tiempo real y las bombas inteligentes.  Estas bombas fueron un punto de quiebre para el Plan Patriota y en general para la guerra del Estado contra las FARC-EP, dado que «son capaces de matar a un individuo en la selva de triple follaje si se puede determinar su ubicación exacta y se programan las coordenadas geográficas en el pequeño cerebro informático de la bomba». (Priest, «Covert action in Colombia», Washington Post)  

En septiembre de 2007 se usaron por primera vez estas bombas en la operación Sol Naciente contra un campamento ubicado a orillas del río Guaviare, en la que murió Tomás Medina, conocido como el Negro Acacio, líder del Frente 16, junto a otros catorce guerrilleros. Un mes después ocurriría lo mismo con Gustavo Rueda Díaz, o Martín Caballero, jefe del Frente 37 quien murió en un bombardeo en Montes de María en el marco de la operación Mariscal.

Estados Unidos tiene la última palabra

Las bombas inteligentes, más la inteligencia que estaban recopilando en terreno las agencias del gobierno, basadas en la infiltración y las deserciones, le dieron la ventaja definitiva al Estado. Sin embargo, no podía usarlas a discreción. La CIA tuvo la última palabra para la activación del kit de rastreo de los explosivos. Como señala Dana Priest, «para asegurarse de que los colombianos no harían un mal uso de las bombas, los funcionarios estadounidenses idearon una solución novedosa: la CIA mantendría el control sobre la clave de encriptación insertada en la bomba, que descifra las comunicaciones con los satélites GPS para que puedan ser leídas por los ordenadores de la bomba. La bomba no podría alcanzar su objetivo sin la clave».  (Priest, «Covert action in Colombia»,
Washington Post)

La utilización de bombas inteligentes estuvo acompañada de una constante capacitación por parte de los norteamericanos en cuanto a la utilización de inteligencia humana. Además de entrenamientos en clave de obtener información con interrogatorios, también se comenzó a utilizar el pago por información y la infiltración de desertores dentro de los campamentos de las FARC, para que ubicaran emisores de señales que generan coordenadas GPS para las bombas inteligentes. Respecto a estos entrenamientos y apoyo internacional en materia de inteligencia también fue determinante el papel del Reino Unido, con la Policía y enfocado en la lucha antinarcóticos.

Crédito de la imagen: Eric Draper, 2008, George Bush y Álvaro Uribe Vélez, licencia: dominio público, https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:George_Bush_and_Alvaro_Uribe_Velez.jpg , https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

Otros elementos

El entonces senador Gustavo Petro realizó un debate en el Congreso en el que publicó grabaciones de inteligencia que demostraban la colusión del influyente senador Álvaro García Romero con las AUC en Sucre, en el contexto de una masacre paramilitar.

De otro lado, la investigadora social Claudia López —posteriormente senadora y alcaldesa de Bogotá— exhibió un cruce de datos sobre un comportamiento atípico en las elecciones de 2002 para Congreso y en las de 2003 para alcaldías y gobernaciones, en las que hubo candidatos únicos en zonas de control paramilitar y una concentración extraña de la votación. Todo en regiones donde habían ocurrido las más terribles masacres y estaban bajo el control de las AUC.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Salvatore Mancuso, comandante de las AUC. Tierralta, Córdoba, 22 de julio de 2003.

El entramado del paramilitarismo, por tercera vez 

En marzo de 2006 fue capturado Edgar Fierro, conocido como Don Antonio, desmovilizado del Bloque Norte de las AUC, quien seguía en actividades ilegales. La Fiscalía le decomisó un computador en el que estaban los nombres de decenas de políticos, empresarios, militares, especialmente de la región Caribe, relacionados con pagos, apoyos electorales y contratos. El contenido se conoció parcialmente a través de la Revista Semana en septiembre de ese año y se convirtió en un escándalo político nacional.

Esta era la tercera vez que la justicia colombiana tenía frente a sí el entramado del paramilitarismo. La primera vez había sido en los años ochenta cuando se descubrió la alianza que le dio vida al Muerte a Secuestradores (MAS) y a las Autodefensas del Magdalena Medio. Para entonces, los paramilitares ya tenían una guerra contra los jueces e investigadores y la sombra de la impunidad se impuso. La segunda oportunidad fue cuando la Fiscalía de Antioquia encontró en el Parqueadero Padilla toda la contabilidad de las ACCU con los nombres de todos los financiadores y cómplices de la máquina paramilitar. De nuevo, la suma del asesinato contra los investigadores y la negligencia de la cúpula de la Fiscalía, la investigación murió en cajas de cartón.  Esta era la tercera vez, con la diferencia que los paramilitares, estaban desarmados en su mayoría y afrontaban la justicia transicional.

En poco tiempo la Corte logró identificar la trama del vínculo entre políticos y paramilitares en todo el país. Se estableció, por ejemplo, que se hicieron pactos como el de Ralito, liderado por Salvatore Mancuso y Jorge 40. También los hubo regionales, como en el caso del Movimiento Político Regional por una Urabá Grande y en Paz, liderado por Fredy Rendón Herrera alias El Alemán, en el cual participaron fuerzas políticas del Urabá chocoano y de varios municipios de Córdoba.

Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo y Diario Occidente, 1980, FDO 02323, Marcha de jueces de Cali, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Marcha de jueces de la república protestando en las calles de Cali el 23 de octubre de 1980. La pancarta lee: «La justicia esta de luto, ¿quién nos protege?»

La maquinaria paramilitar

Los grupos paramilitares lograron tejer una red tupida que les permitió desarrollar formas complejas de cooperación, con las que lograron consolidar la presencia de las AUC en varias regiones del país, ganar poder y visibilidad política, y apropiarse de importantes recursos públicos locales y regionales. En las elecciones de 2001, fueron 47 los políticos involucrados en investigaciones penales por parapolítica, entre funcionarios públicos, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.

Para las elecciones de 2002, Jorge 40 como comandante del Bloque Norte de las AUC, direccionó los acuerdos y pactos políticos entre distintos partidos tradicionales y emergentes, ordenó la unificación de listados y candidatos avalados para ser elegidos en las votaciones, dividió la región Caribe en zonas electorales en donde definió por quiénes se debía votar, y ejecutó una estrategia de manipulación del sistema electoral para asegurar las votaciones requeridas para que sus candidatos fueran elegidos. Esto de la mano de graves violaciones de derechos humanos, amenazas y asesinatos selectivos contra políticos y líderes opositores, o ajenos al entramado.

La parapolítica fue generalizada por los partidos de distintas tendencias que, en todas las regiones del país, se aliaron al proyecto paramilitar. A través de este tipo de alianzas electorales, el paramilitarismo obtuvo la capacidad de incidir en instancias determinantes, como el Congreso, con el objetivo de propender por decisiones institucionales que respondieran a sus necesidades.

La maquinaria de la parapolítica funcionó con tal eficacia en las regiones, que Ernesto Báez, excomandante del Bloque Central de las Autodefensas, declaró que «era imposible que algún dirigente político ganara en regiones llenas de paramilitares, sin la ayuda de los mismos». Adicionalmente, explicó, el sistema de prebendas era muy organizado; así, por ejemplo, una representante a la Cámara recibía un sueldo de veinte millones de pesos mensuales de parte del Bloque Centauros de Arroyave y, como contraprestación defendía los intereses de los bloques y «estaba completamente al servicio de las AUC; defendía sus intereses, no por convicción política de derecha, sino más bien, como un empleado más de las autodefensas, a ella se le pagaba para que hiciera eso». («Sentencia anticipada de Rocío Arias. Delito concierto para delinquir. Radicado: 2008-00010. Declaración de Andrés de Jesús Vélez Franco.»)

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 2001, Pacto de Ralito, Fragmento del documento donde aparece la firma de los máximos jefes de las autodefensas junto a la de varios políticos. Licencia: dominio público, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pactoderalito.jpg, https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/.

«Reemplazamos al Estado»

Cobra relevancia la declaración de Jorge 40, según la cual las AUC reemplazaba al Estado: «como organización política y militar, reemplazamos al Estado en sus funciones, tanto en la ejecutiva como en la legislativa y judicial, pues nuestra lucha política nos llevó a eso ya que nos tocó restablecer las funciones que el Estado debía cumplir y nunca lo hizo». (Indagatoria de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, ante la Fiscalía General de la Nación. Citada en: Corte Suprema de Justicia, Resolución de situación Jurídica, 15 de febrero de 2007).

Además de los pactos políticos, la conformación de listas únicas y el aval dado por los grupos paramilitares a las candidaturas, la parapolítica empleó mecanismos de fraude electoral, como la suplantación de sufragistas y testigos electorales, para manipular los resultados de las elecciones. Así ocurrió con el Bloque Norte de las AUC en el Magdalena, Cesar y La Guajira, en las votaciones para el Congreso en el 2002, cuando además contaron con la ayuda del entonces jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2003, Sin código, Salvatore Mancuso (en pantalla) en la ceremonia de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Medellín, Antioquia. 25 de Noviembre de 2003.

Participación en crímenes 

En particular, desde el DAS entregaron listas a los paramilitares para que asesinaran a líderes sociales, como ocurrió con el profesor y filiado a la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU), Alfredo Correa de Andreis, quien fue asesinado junto a su escolta el 14 de septiembre del 2004 en Barranquilla por el Bloque Norte de las AUC. A través de este caso salió a la luz la elaboración de lo que se conoció como «las listas negras del DAS» o «la lista negra de Noguera», que contenían por lo menos veinte nombres, en su mayor parte de sindicalistas, algunos dirigentes de izquierda y algunos profesores.

Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «otros directores del DAS, que ejercieron su cargo entre 2005 y 2008, y más de 40 funcionarios de la institución, así como otros altos funcionarios del gobierno anterior, han sido vinculados a procesos judiciales por abusos y actividades ilegales». (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011», párr. 24.)

Respecto a los hostigamientos por parte del DAS, es importante mencionar que las víctimas de violaciones de derechos humanos se encontraron, frecuentemente, ante un sistema de justicia infiltrado, cuyos funcionarios les advertían: «mejor no diga nada», «le recomiendo que no vuelva por acá», «mejor no se meta con esa gente», «déjeme le doy un consejo, por su bien y el de su familia», lo que en muchas ocasiones las persuadió de denunciar.

Efectivamente, miembros activos de las AUC, entre ellos sus comandantes como Jorge 40, interactuaron de manera directa con funcionarios públicos al interior del DAS, que tenían acceso a información confidencial, llegando hasta instancias del entonces director de la entidad, Jorge Noguera, lo que impactó directamente sobre la confianza de la ciudadanía en el Estado. Como relata un entrevistado, antiguo miembro de la entidad, a la Comisión de la Verdad: «Alguna vez en una reunión de directores que hubo en la costa, en Santa Marta, nos reunieron a directores de seccionales y jefes de inteligencia y [Noguera] llegó y dijo, textualmente: "de aquí en adelante no se persigue más las autodefensas ni el paramilitarismo. La única misión que tenemos es las FARC. No quiero informes de paramilitares para nada...". (…) Trajeron a una gente que había salido ya del DAS porque se habían comprobado sus vínculos con paramilitares, y esa cantidad de personas que habían salido y pum... los volvieron a meter durante esa gestión y dije: esto no va por buen camino». (Entrevista 639-PR-02030. Exfuncionario del DAS)

Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, 1992, FDO 013189, Mano sosteniendo paloma como símbolo de paz, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Las «chuzadas» del DAS

Con las interceptaciones conocidas como las «chuzadas» del DAS, a través del Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), el Departamento hacía seguimiento a las actividades de defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales, congresistas, líderes de oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, funcionarios internacionales, como sucedió con el espionaje contra la visita de la CIDH a Valledupar en 2005.

Sobre la conformación del G3, explicó a la Comisión de la Verdad un antiguo director de Investigaciones del DAS: «era un grupo especializado de inteligencia para hacer seguimiento a lo que ellos consideraban que eran personas que podían ser perjudiciales para los intereses del presidente de la república. Algo nuevo. Entonces empezaron a hacer archivos de Gustavo Petro, Piedad Córdoba, de todos ellos empezaron a hacer archivos y hacer seguimientos». (Entrevista 639-PR-02030. Exfuncionario del DAS)

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión a Jorge Noguera Cotes, director del DAS entre 2002 y 2005, por el homicidio del profesor Correa d’Andreis y por asociación con organizaciones paramilitares, pues según la Corte usó «toda una estructura legal que se encontraba bajo su mando, esto es, el DAS, para ponerla a disposición de un aparato militar ilegal, con una cadena de mando jerarquizada como lo era el Bloque Norte de las Autodefensas (…)». («Sentencia Proceso n.o 36107. Aprobado acta número 331», 331., Acta n.º 331)

Aunque el DAS ya había pasado por la crisis sobre la infiltración de los paramilitares durante la era de Jorge Noguera, las «chuzadas» o interceptaciones generaron mayor indignación, entre otras razones, por su foco en la Corte Suprema y en los magistrados que investigaban la parapolítica. Ante el escenario, la primera reacción del Gobierno fue minimizar la gravedad de las denuncias e intentar presentarlo como acciones aisladas de «manzanas podridas» o por «exdetectives de esa entidad que querían hacerle daño al DAS». Finalmente, cuando se divulgaron algunos audios de las interceptaciones ilegales contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideraba la investigación de la parapolítica, el presidente Uribe anunció la liquidación del DAS.

Crédito de la imágen: Partido político Polo Democrático. ChuzaDAS, 2010. Impreso (Tinta / Papel). 20,8 x 14 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, Reg. 7572.17 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Angela Gómez Cely