La expansión desde El Caguán
Desde la creación de la zona de distensión, las FARC-EP se expandieron hacia las zonas planas de la selva y los llanos, siguiendo el proceso de colonización de la coca.
En El Retorno, Calamar y Miraflores, en Guaviare, la guerrilla hizo el experimento piloto de un «estado dual». Crearon Asambleas de Poder Popular en cada barrio, vereda, localidad y municipio, con responsabilidades de organización de masas, propaganda, recreación, cultura y deporte, finanzas, obras y desarrollo, educación, control y registro, transporte e infraestructura vial y defensa.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 2000, Sin código. Los Pozos, Caquetá. Pancartas con retratos de los fundadores de las Farc: Jacobo Arenas y Manuel Marulanda.
Construcción de infraestructura
En la zona del Parque Nacional de La Macarena construyeron importantes vías e infraestructura que aún permanecen y que son un corredor que comunica la región del Caguán y las llanuras del Yarí con el río Guaviare, estableciendo una salida rápida al oriente del país. Allí, además de la carretera entre La Macarena y San Vicente del Caguán, con una extensión de 175 kilómetros, las FARC-EP abrieron otras tres vías, deforestando miles de hectáreas de bosque en Guaviare y Caquetá.
El cambio más importante que se dio a finales de la década del 90 fue el movimiento desde la cordillera central hacia la occidental. En ese momento intensificaron la toma de pueblos y estaciones de Policía como parte de su estrategia de acumulación territorial trazada en la Octava Conferencia.
Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, 2001. Colombia 1043. Tropas de las FARC en La Macarena.
Hacia las ciudades
En el centro del país el conflicto logró insertarse en el Oriente antioqueño, en torno al eje vial de la autopista Bogotá-Medellín, a la construcción del sistema de represas y a la expansión de la industrialización del valle de Aburrá. Mientras tanto, las FARC-EP mantuvieron el asedio sobre Bogotá. A finales de la década de los noventa tenían diez frentes y tres columnas móviles sobre el departamento de Cundinamarca. Sin embargo, en ambas regiones el despliegue paramilitar impidió su consolidación.
Crédito de la imagen: Palencia, Jose Miguel. 9 de junio de 1999. sin código. «Toma guerrillera a El Espino, en el Norte de Boyacá». Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Jose Miguel Palencia.
Las armas utilizadas
El uso de explosivos improvisados jugó un papel determinante en la estrategia de las FARC-EP. El sello de las tomas guerrilleras fueron los cilindros bomba. Las FARC-EP lograron construir de forma artesanal granadas de mortero, cohetes e incluso minas tipo Claymore. Debido a sus características: imprecisión, volatilidad, inestabilidad-, estas armas no convencionales afectaron las estaciones de Policía, las viviendas y otros bienes protegidos como escuelas, centros de salud e iglesias.
Crédito de la imagen: Vizcaíno, Jhon Wilson. 2 de febrero de 2005. sin código. Toma guerrillera La Alpujarra. Archivo El Tiempo.Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Jhon Wilson Vizcaíno. «La Policía y el Ejército patrullan las calles de la población tolimense de Alpujarra, bombardeada con cilindros por las Farc el pasado miércoles. El ataque afectó casas vecinas de la estación; muchas familias han abandonado el pueblo».
Expansión y declive de las FARC-EP en el Putumayo
Entre 1991 y 1997 las FARC-EP se consolida como único grupo armado en la región de El Azul, Putumayo, donde hacía las veces de «sindicato armado» de los cocaleros e imponía reglas de juego a los narcotraficantes que demandaban materia prima. Este monopolio les permitió tal cantidad de recursos que su crecimiento se concretó en la creación del Bloque Sur. Sin embargo, la insistencia de esta guerrilla en realizar paros armados, la distanciaron de sectores económicos vinculados a la coca, colonos y comerciantes. Ese escenario les indicó a los paramilitares que debían disputar estos territorios y es así como a principios de 1998, mientras comenzaban los diálogos de El Caguán, Carlos Castaño enviaba a su gente a tomarse el Putumayo.
Cambia centro de gravedad del conflicto
Una expansión importante de las FARC-EP se generó en el bajo y medio Putumayo, que buscaba salir de la crisis generada por el Plan Colombia. Esto implicó el traslado de los cultivos ilícitos y el narcotráfico hacia el Pacífico y la disputa por el negocio de la coca, en Nariño entre guerrillas y paramilitares. Así, se estaba preparando el terreno para lo que aún hoy es evidente: el cambio del centro de gravedad del conflicto hacia el Pacífico.
En el Pacífico nariñense se desató una disputa por el control de la economía cocalera con los paramilitares, tanto por los cultivos en las cuencas del río Mataje y Mira, en la frontera con Ecuador, como por la producción de pasta de coca en Llorente y por el control de los esteros, que funcionan como autopistas para el trasiego de la cocaína y su exportación a México, Centroamérica y los Estados Unidos. Las comunidades negras afrontaban el peso de la disputa entre paramilitares y guerrillas, mientras que los indígenas se replegaron a las zonas más selváticas y fueron los principales afectados por esta guerra.
A la presencia guerrillera se le sumó la llegada de los paramilitares con asesinatos y otras acciones de la comúnmente denominada limpieza social contra jóvenes de las zonas periféricas de Tumaco. Desde allí, los paramilitares irradiaron su control territorial y construyeron un cordón de seguridad sobre la vía Pasto-Tumaco, ante lo cual la guerrilla se replegó hacia las partes altas y medias del río Mira y sus afluentes.
Declive de las FARC-EP en Putumayo: entran los paramilitares
La incursión paramilitar en Putumayo comenzó con la anuencia de la Fuerza Pública en Puerto Asís entre 1997-1998. El grupo paramilitar que obedecía directamente a los hermanos Castaño muy pronto se transformó en el Bloque Central Bolívar, una franquicia que estos concedieron a los narcos en contraprestación de su financiación de la guerra. La Casa Castaño había comenzado su expansión hacia el suroccidente y en 1997 enviaron a alias Rafa Putumayo con 20 hombres al municipio de Puerto Asís para crear el Bloque Sur Putumayo de las AUC.
De esta forma, la hegemonía de las FARC-EP en el territorio entre 1991 y 1997 se fue rompiendo con la llegada de los paramilitares. Entre el 9 de enero y el 9 de noviembre de 1999 el Bloque Sur Putumayo ocasionó una «ruta del terror» en la cual perpetró constantes masacres en la que fueron asesinadas un total de 51 personas.
Cambio en la cadena productiva de la coca
Hacia mediados de los años noventa la cadena productiva del narcotráfico funcionaba de manera diferenciada: las FARC-EP controlaban las zonas de cultivo y los paramilitares, formados por alianzas entre narcotraficantes, militares y élites locales, producían cocaína, la comercializaban y lavaban el dinero en negocios y política. Para finales de la década ambos grupos intentaron controlar más eslabones de la cadena productiva por razones políticas y militares.
La guerrilla se había establecido como el intermediario entre las regiones de colonización y el Estado, bajo un modelo comunista. En otras regiones los paramilitares habían generado la creación de nuevas élites y el reacomodo de las antiguas a sus intereses, bajo un proyecto de corte autoritario y conservador. Es por esto, que si bien los dos grupos armados representaban dos proyectos políticos diferentes, ambos tenían un mecanismo similar en cuanto expresaban dos maneras de resistir al estado moderno y liberal.
Crédito de la imagen: Emanuel, Hector. junio 2001, La Macarena. Colombia 105. Territorio controlado por las FARC.
En el Caribe silenciaron las gaitas
La guerra en esta región se concentró en los tres sistemas montañosos: Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María. En estos territorios y en las sabanas de Córdoba y Sucre, las FARC-EP tenía un dominio desde mediados de los noventa, con la presencia del Bloque Caribe, fundado en 1993 bajo el mando de Iván Márquez. El objetivo estratégico de la guerrilla era bloquear la carretera que comunica el centro de Colombia con los principales puertos del Caribe: Cartagena y Barranquilla.
La relación de las FARC-EP con la sociedad
Las relaciones de las FARC-EP con la población no estaban centradas en cuestiones económicas, sino que se mantenían en una relación política.
Las viejas luchas por la tierra seguían vigentes, especialmente porque la Ley de 1994 había entregado derecho de posesión a quienes tuvieran cinco años de uso sobre ella y eso propició una titulación a campesinos pobres. Los sindicatos agrarios, particularmente los de la Palma y el Carbón aunque también del sector energético, eran fuertes y promovían huelgas en contra de la apertura económica y las políticas sociales. Esto entraba en colisión con el interés de algunas élites tradicionales y sobre todo emergentes, que buscaban ampliar el latifundio para lavar activos con el ganado y nuevas inversiones en palma de aceite y otros maderables. La palma ocupaba un lugar privilegiado porque el propio gobierno de Pastrana, cuyo ministro de agricultura, Carlos Murgas, era para entonces el mayor empresario de esta industria en el país, dio fuertes incentivos para su cultivo en el marco de las Alianzas productivas y sociales para la paz.
La entrada de los paramilitares
En Montes de María, la entrada de los paramilitares a la zona fue propiciada por el burro bomba en el municipio de Chalán, Sucre, en 1996. Las FARC-EP entrenó durante semanas a un burro que explotó en la puerta de la estación de Policía matando a nueve agentes. Por otra parte, ocurrió el secuestro masivo cometido por el ELN el 6 de junio de 1999 en la Ciénaga del Torno, en Magdalena, en el marco de una campaña para presionar el despeje de una región en el sur de Bolívar y el secuestro del exministro Fernando Araújo en plena zona turística de Cartagena por parte de las FARC. La sensación que tuvieron las élites locales era que las guerrillas estaban llegando a las ciudades y que se podían repetir episodios como los ocurridos en Cali, cuando el ELN secuestró a todos los feligreses en una iglesia o a los comensales de un restaurante.
En la narrativa de algunos excombatientes del Bloque Norte de las AUC, se menciona que la creación de este grupo se produjo por iniciativa de un General de la República que acompañó a Salvatore Mancuso a Valledupar para hablar de la expansión del proyecto paramilitar, el cual fue acogido de inmediato por Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40. El Bloque unía a la región y la sellaba con otros bloques que actuarían en Catatumbo, Urabá, Darién y Magdalena Medio. A ese diseño territorial, que estaba pensado para controlar las rutas del narcotráfico, la economía y la política en el Caribe, se le llamó la media luna norte.
Muy pronto el proyecto del Bloque Norte se reveló no solo como la combinación de intereses del narcotráfico y la contrainsurgencia, sino como la preservación violenta del estatus quo en una de las regiones más pobres y desiguales del país. Bajo esta óptica fueron exterminados movimientos cívicos como el de Corozal, en Sucre, y fue golpeado duramente el magisterio que en gran parte era el sector del liderazgo crítico y social. Un caso emblemático fue la Universidad de Córdoba. Los paramilitares no sólo asesinaron a quienes consideraban de izquierda, sino a los rivales de sus aliados políticos.
Escuche acá el podcast “Resistencia de personas mayores en los Montes de María”.
Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2020, Sin código, [Portada] La verdad de los ríos’, Archivo CEV. «La verdad de los ríos, escrito por el geólogo Ignacio Piedrahíta es un ensayo que permite al lector una visión amplia de las afectaciones que el conflicto armado ha dejado sobre los miles de kilómetros de agua que atraviesan los ríos de Colombia; al tiempo que evidencia la belleza que expresan como parte de la naturaleza. El prólogo de la publicación estuvo a cargo de Camilo Niño, indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y ecólogo que se ha dedicado a estudiar y defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas.»
Las masacres, el modus operandi de los paramilitares
La violencia paramilitar jugó un papel central en el debilitamiento de las FARC-EP y otras guerrillas en la región Caribe. La plana mayor de la dirección de esta guerrilla, en cabeza de Iván Márquez, cruzó la frontera para instalarse en Venezuela y conducir desde allí una guerra en la que el principal perdedor era la población civil. Como dijo un campesino de Chengue durante el lanzamiento de la Comisión de la Verdad en el Caribe: «hasta las FARC-EP nos dejaron solos»
Vea acá el Festival de Reconciliación Montes de María. Comisión de la Verdad.
Las masacres fueron el modus operandi de los paramilitares en la región Caribe. En el 80% de los casos, llevaban listas de las personas que eran objetivo y solían contar con guías que iban señalando a los supuestos culpables o colaboradores. En varios de los casos, las muertes se produjeron por medio de degollamientos, con machetes o usando objetos contundentes para hacer más largo el sufrimiento. Así mismo, en varias incursiones llegaban quemando los bienes civiles y los hogares de los pobladores.
Lea acá el relato histórico: No Matarás.
En Montes de María, en dos años se produjeron 42 masacres. Las más conocidas son las de Chengue en Ovejas, Sucre, y la de El Salado en Carmen de Bolívar. Ambas ocurridas en lugares donde las FARC-EP se asentaban, movían a los secuestrados, reclutaban, imponían su modelo de control social. Otras masacres son menos conocidas y recordadas. No figuraron en los medios, pero las recuerdan sus víctimas y quienes las cometieron: es el caso del corregimiento de Capaca en el municipio de Zambrano, Bolívar.
Los paramilitares entraron a estos lugares con complicidad de la Fuerza Pública por acción o por omisión. Esto causó un desplazamiento forzado masivo: entre 1995 y 2000 se desplazaron 30.677 personas, de las cuales 28.207 lo hicieron únicamente en el año 2000, según el Sistema Único de Registro de Acción Social. Esto, a su vez, permitió el despojo masivo de las tierras abandonadas por la violencia.
La mayoría de las víctimas, según admitió, fueron descuartizadas y arrojadas al río Magdalena para que no quedara evidencia. Esto lo hacían porque desde 1998 las AUC y las Fuerzas Militares, que buscaban mostrar un buen desempeño en derechos humanos, habían acordado que los homicidios generaban indicadores negativos para los comandantes de región, por lo que se impuso la desaparición forzada. Esto lo relataron los excombatientes de las AUC a la Comisión de la Verdad y a las víctimas, en una ceremonia donde se declaró como campo santo un río cuyas aguas hacen parte de esa memoria del horror.
Hasta 2005, fecha en la que se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, el Caribe fue la región con más desplazados. Municipios como el Carmen perdieron el 80% de sus campesinos.
¿Dónde estaba el Estado?
En algunos momentos en los que rigió el sistema paramilitar en el Caribe, los paramilitares eran el Estado. Las relaciones con los políticos se fueron consolidando y se construyó una relación de mutuo beneficio. Así, desde 1997 algunos alcaldes, gobernadores, congresistas y representaciones de corporaciones públicas les rendían cuentas, hacían pactos o sencillamente eran elegidos bajo la premisa de tener alguna relación con el paramilitarismo. La historia de Montes de María se repitió en Magdalena y la región de influencia de Perijá. Cambiaron los nombres, algunas costumbres y los hechos, pero el patrón de violencia fue el mismo. Sin embargo, vale la pena destacar que la actuación de las AUC contó con la complicidad de amplios sectores y con la valerosa oposición de otros, especialmente funcionarios estatales que se jugaron la vida para evitar la impunidad y que el sistema narcoparamilitar se impusiera.
Un caso emblemático de la región Caribe es el del periodista Guzmán Quintero, jefe de redacción del Pilón, quien denunció la complicidad de los militares del Batallón la Popa con los paramilitares, por lo que fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar. Las AUC buscaban imponer la ley del silencio.
Crédito de la imagen: Pedraza, Manuel. 2000. Desplazados de El Salado. El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Manuel Pedraza.
Norte de Santander bajo la crueldad de paramilitares y guerrilla
La llegada de los paramilitares a Norte de Santander, en 1999, fue solicitada por comerciantes, empresarios y políticos, según los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC. En Cúcuta el ELN mantenía una gran influencia y también se había hecho fuerte un sector del EPL liderado por Víctor Ramón Navarro alias Megateo, quien más que un guerrillero marxista era un bandido que cobraba por la ruta del narcotráfico bajo su control. Los frentes de las FARC-EP, por su parte, descansaban sobre la frontera con Venezuela no solo por el narcotráfico sino por su valor como retaguardia estratégica histórica.
Las subregiones de Norte de Santander, casi todas con una tradición de lucha social, mantenían un alto conflicto social de raíces centenarias alrededor de la explotación de petróleo y también por la tierra, con conflictos no resueltos sobre los predios de los pueblos Barí, Yukpa, Sikuani y Uwas, entre otros.
Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2019, Sin código, Fotorelato ¿Cómo es vivir en estos momentos en La Gabarra? «La violencia ha hecho famoso al corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander. Por años sus pobladores han resistido el conflicto armado entre diversos actores». Comisión de la Verdad.
La pelea por el petróleo en Barrancabermeja y el Magdalena Medio
Para mediados de los años noventa, el ELN, disidencias del EPL y las FARC-EP controlaban los barrios nororientales y surorientales de Barrancabermeja. El reclutamiento forzado, las amenazas, los robos, las disputas con la Fuerza Pública fueron acabando con la simpatía que sentía la población hacia las guerrillas. Asimismo, aumentaron las extorsiones, amenazas, desplazamientos, torturas y asesinatos a contratistas y a funcionarios de la empresa Ecopetrol. En ese contexto, a finales de los años 90 se consolida el paramilitarismo en la zona y se da el “mercenarismo” o cambio de bando de guerrilleros hacia las estructuras paramilitares.
La consolidación territorial
La etapa de consolidación del fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio se caracterizó por un episodio catalogado por Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC, como el «cierre de la tenaza» en la región, por medio del control de Barrancabermeja, considerada como la capital del Magdalena Medio. Una de las grandes motivaciones de Carlos Castaño era tener el control del puerto petrolero, con la estrategia de vincular exguerrilleros del EPL, del ELN y de las FARC-EP a través de la presión ejercida sobre estos, el pago de dádivas económicas o por filtración.
Un ex comandante paramilitar habló con la Comisión de la Verdad sobre la dinámica de cambio de bando: «Entonces la guerrilla entra en pánico y empieza a depurarse porque empiezan los rumores de que entre ellos mismo se están volteando (...). Entonces todo el que veían como blandengue entre ellos, lo mataban porque creían que se iba a voltear, y como la invitación de los que hacían parte de los paracos de ese entonces era: únanse a nosotros, deserten y les perdonamos la vida y trabajen con nosotros, entonces estaban con la psicosis de quién se iba a volar» (Entrevista: 240-AA-00006. Comandantes el BCB).
Las masacres fueron la estrategia para romper el tejido social de la ciudad a través del uso del terror. También demostraron la incapacidad de las guerrillas para cuidar a la gente en los lugares que controlaban. Posterior a la incursión armada contra la población civil de Barrancabermeja vino una etapa que, en palabras del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, fue de consolidación territorial e integración social, económica y política del paramilitarismo. Para esto se desarrolló la toma de predios y se establecieron manuales de convivencia para la población, se incorporaron jóvenes con sueldos llamativos para su edad, se facilitó empleo y se fijó el trabajo de «comisarios políticos» para copar las Juntas de Acción Comunal, junto con amplias acciones armadas. Fueron estrategias para construir un tejido social donde la legitimidad estuviera liderada por los paramilitares.
Crédito de la imagen: Domínguez, Edgar. 2003. Ejércitos privados. Sin código. El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Edgar Domínguez.
Sur de Bolívar
En 1998, cuando el Gobierno Nacional ensayaba diálogos y negociación con las guerrillas del ELN y las FARC-EP, se alcanzó la mayor intensidad del conflicto. Lo anterior sucedió como resultado de la ofensiva paramilitar contra los bastiones históricos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional-ELN en el sur del Bolívar y la Serranía de San Lucas.
A la par que inició la toma de Barrancabermeja, ejércitos de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC incursionaron en julio de 1998 en el sur de Bolívar, que fue desde el principio un objetivo clave de su proyecto de expansión.
El gran poder político y militar que alcanzó el Ejército de Liberación Nacional-ELN en esta región llevó a que Andrés Pastrana considerara la posibilidad de otorgar a esta guerrilla una zona de despeje similar a la que ya poseían las FARC-EP en El Caguán.
En 1998 centenares de campesinos del sur de Bolívar y del valle del río Cimitarra realizaron grandes marchas y ocuparon Barrancabermeja durante varios días para exigir acciones del Estado contra los paramilitares. Dos años después, en el sur de Bolívar y en la zona sur del Magdalena Medio se realizaron marchas contra la eventual zona de despeje que el Gobierno le otorgaría al ELN.
Las acciones de las guerrillas contra la población civil en el Sur de Bolívar eran de conocimiento de Castaño desde el 97 y la conformación de una estructura que incursionara en la zona se venía gestando desde entonces por las ACCU en cabeza de Mancuso, Julián Bolívar y Macaco. Fue hasta mediados de 1998 que la llamada Operación Bolívar, que buscaba romper el control territorial del ELN y tomar el poder de las finanzas del narcotráfico, inició con la incursión en Cerro Burgos de Simití.
La operación les permitió controlar el corredor entre el Magdalena Medio, Antioquia hacia el occidente y la salida al mar al norte. También consolidaban el corredor desde Aguachica hacia el Catatumbo y Venezuela. Esto lo lograron con la ayuda del Batallón Contraguerrilla No. 45 del Ejército Nacional, con el cual se coordinaron y realizaron labores de inteligencia.
Para su funcionamiento y fortalecimiento en el sur de Bolívar, los paramilitares recibieron apoyos y realizaron extorsiones a algunos ganaderos y comerciantes; se apropiaron de rentas de actividades ilegales controladas por la guerrilla como el contrabando, el hurto de combustible, la minería ilegal y el narcotráfico.
Crédito de la imágen: BPP-F-045-0589, Zona de despeje - San Vicente del Caguán, 1999, Henry Agudelo, Biblioteca Pública Piloto/ Archivo Fotográfico.
Contra los afros en el Atrato
Para mediados de los años noventa las economías emergentes del mundo estaban en Asia y el Pacífico y los puertos sobre las costas de Colombia eran cruciales. En el Pacífico se encontraba Buenaventura, un puerto comercial, y también se ubicaba el puerto de Urabá, más competitivo y estratégico por su cercanía al Canal de Panamá, donde podían transitar mercancías entre oriente y occidente. Los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia lo tenían claro, por eso un gran incentivo de la alianza paramilitar para erradicar cualquier movimiento sindical, social, político o insurgente era preservar los intereses sobre este y otros puertos.
Ley 70 de 1993
En 1993 se aprobó una ley que cambiaría para siempre la historia de los pueblos afrocolombianos. La Ley 70 reconoció el derecho de estos pueblos a la propiedad colectiva sobre la tierra. Desde el río Mataje en Nariño, en límites con Ecuador, hasta la frontera con Panamá, los pueblos afrocolombianos que ostentan una misma cultura y tradiciones podrían no sólo constituirse en autoridad territorial sino solicitar la titulación colectiva del terrmitorio.
Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Sin código, Resistencias trenzadas, Novela gráfica basada en el proceso de reconocimiento de la verdad del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero: hechos e impactos del conflicto armado, aportes a la construcción de paz y nación. Archivo CEV.
Dominio en la región de Urabá
Vicente Castaño, que para mediados de los noventa era el cerebro desconocido de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC y había dedicado todo su esfuerzo a consumar una refinada estrategia de despojo de tierras, consideraba que todas aquellas que eran adyacentes o cercanas al futuro puerto de Urabá debían hacer parte del proyecto paramilitar. Pero tenía un problema: por un lado, las FARC-EP estaban en el Darién, dado que era una región donde obtenían armas a cambio de dejar pasar droga.
Por el otro lado, había comunidades con apoyo de la Iglesia católica dispuestas a pelear por la tierra. Eran por cierto comunidades que, junto a un pequeño caserío de Apartadó, San José, y el Darién se habían declarado neutrales frente a la guerra y resistían la arremetida paramilitar sin desplazarse ni abandonar el territorio.
El año 1995 fue clave en la reconfiguración violenta del territorio porque las FARC-EP intentaban no perder el dominio y las masacres se intensificaron, provocando 46.120 desplazamientos forzados. De 21 masacres registradas en 1990 se pasó a 38 en este año, cometidas intercaladamente por las autodefensas y la guerrilla en Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó, los municipios del llamado eje bananero.
Operación Génesis
La Brigada XVII del Ejército en cabeza del general Rito Alejo del Río ejecutó la operación Génesis en 1997, la misma que el grupo paramilitar de alias El Alemán nombró como Bijao-Cacarica, para atacar por aire y tierra a la población bajo el pretexto de combatir la insurgencia en las cuencas de los ríos Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho en Riosucio, Chocó. Durante el ataque fue asesinado el campesino Marino López Mena, fueron desplazadas 4 mil personas y posteriormente fueron despojadas 22 mil hectáreas de tierra.
Mientras tanto, en el corazón del Cesar la Casa Castaño desplazaba a campesinos beneficiarios de la reforma agraria. Más de 15.000 campesinos, mulatos, negros e indígenas llegaron a Turbo y el corregimiento de Pavarandó. Esta operación llamada Génesis no tenía solo objetivos contrainsurgentes, sino que se trataba de revertir el proceso de titulación colectiva que ya estaba en curso.
Para el año 2001 Urabá estaba bajo relativa hegemonía de las AUC y el conflicto se había desplazado al medio y bajo Atrato, al occidente de Antioquia y al Nudo de Paramillo. Las FARC-EP se habían replegado hacia las partes altas y medias de los afluentes del río Atrato y hacia el cañón de la Llorona. La disputa por el Atrato alcanzaría su mayor expresión en la masacre de Bojayá ocurrida en mayo del 2002.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Introducción Urabá - Huellas de desaparición, «Testimonio situado con Gilberto Perez, habitante de la vereda Coquitos, 2021» Comisión de la Verdad.
La incursión paramilitar en Cauca y Valle del Cauca.
La masacre del Alto del Naya
Texto largo: En el suroccidente de Colombia, la masacre del Alto del Naya (2001) es ilustrativa del arrasamiento paramilitar. Esta zona entre Cauca y Valle del Cauca significaba para las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC un corredor hacia la costa del Pacífico, además de un punto de interés por la presencia de cultivos de coca.
Los paramilitares ya tenían presencia en un corregimiento de Tuluá, pero habían dilatado su entrada al Cauca y Valle del Cauca para no entrar en guerra con los narcotraficantes instalados allí, pero fueron estos últimos, con alias Don Diego como vocero, quienes llamaron a Carlos Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC para que instalara un bloque en la zona. Lo hicieron debido a la ruptura de un pacto con las FARC-EP, que estaban saboteando sus actividades. En 1999 se trasladó Hérbert Veloza alias ‘H.H.’ a esta zona para formalizar el bloque por orden de los comandantes de las AUC. La conformación del Bloque Calima estuvo signada desde el comienzo por su relación con empresarios, narcotraficantes y Ejército.
La masacre del Alto del Naya
Un punto importante de la ofensiva militar en el marco de la expansión paramilitar era «romper zona a sangre y fuego», esto significó graves violaciones de los derechos humanos, como las ocurridas en el Alto del Naya entre el 10 y 13 de abril del 2001 en contra de población indígena y afrocolombiana.
Durante aproximadamente dos años el Bloque Calima de las AUC estuvo ejerciendo presión para tomar este territorio. Hubo varias alertas –de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo- sobre la presencia paramilitar y sobre el riesgo de un escalamiento de la violencia.
En 2001 el Bloque Calima organizó una incursión de más de 200 paramilitares a la zona montañosa del Naya. El operativo, que terminó en masacre, consistió en un largo recorrido de homicidios desde el municipio de Suárez, Cauca, pasando por las montañas del Alto Naya y saliendo a la costa Pacífica. Se cometieron asesinatos a machete y a cuchillo.
«Esa noche fueron llegando nuevas fuerzas de las AUC a la entrada del Naya y desde las 8 de la mañana del día 10 [de abril] comenzaron a interceptar personas a las que les quitaban el dinero, dejando marchar a unas y reteniendo a 6 de acuerdo con un listado que portaban. De ellos 3 fueron desaparecidos y los otros tres fueron descuartizados vivos con motosierra (uno de ellos era el alguacil del cabildo indígena nasa del Alto Naya, Sr. Cayetano Cruz)» (García y Jaramillo, «Colombia: el caso del Naya», citado en: Centro Nacional de Memoria Histórica, 330).
Según una víctima, debido a estos hechos «6.228 personas fueron desplazadas forzadamente», de las cuales «5.551 personas, el 89,1% de las víctimas de desplazamiento, pertenecían a grupos étnicos y eran sujetos colectivos, es decir, hacían parte de resguardos indígenas o de consejos comunitarios de comunidades negras» . Uno de los desplazados que dio su testimonio a la Comisión de la Verdad aseguró que «para ese tiempo en esa zona no quedó nadie (...). Quedaron pueblos fantasmas, veredas fantasmas». (Entrevista 562-VI-00022. Mujer, hija de líderes sociales, víctima de desplazamiento)
Entre 1999 y 2004, año de su desmovilización colectiva, el Bloque Calima comandado la mayor parte del tiempo por Hébert Veloza alias ‘HH’, cometió 119 masacres en los departamentos mencionados, así como en algunos municipios del Huila y Quindío. Además provocó «alrededor de 3.400 hechos de desplazamientos forzados (individuales y colectivos)» (Valdés Correa, «Las alianzas de la Fuerza Pública con el Bloque Calima de las AUC», El Espectador).
Las masacres fueron parte de la estrategia de expansión paramilitar desde Córdoba y Urabá hacia el suroccidente del país, en alianza con narcotraficantes del centro del Valle del Cauca y empresarios y gremios del Valle y del norte del Cauca.
Crédito de la imagen: Comisión de la Verdad, 2022, Sin código, El árbol de las cuatro raíces, Novela gráfica basada en el proceso de reconocimiento de los impactos del conflicto armado colombiano sobre los pueblos indígenas: su dignidad, resistencia y aportes a la paz. Archivo CEV. Enlace de descarga.
El Bloque Tolima
En 1999 se conformó también el Bloque Tolima a través de la alianza de Carlos Castaño en cabeza de las AUC con las autodefensas con presencia en la zona. Para el año 2003 este ya se había extendido hasta el municipio del Líbano, en Tolima, donde se dividió el territorio del norte del departamento con el Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. El Bloque Tolima fue responsable de al menos 20 masacres, 260 desapariciones forzadas, 780 casos de desplazamiento forzado y 270 homicidios. Una de las masacres cometidas en el Tolima es ilustrativa de la responsabilidad estatal, dado que fue perpetrada por miembros del Ejército que se hicieron pasar por miembros del Bloque Tolima. En la masacre de Cajamarca ocurrida en noviembre de 2003, al menos siete personas fueron retenidas ilegalmente, torturadas, asesinadas y desaparecidas, dos de ellas miembros del sindicato Sintragritol. El hecho causó el desplazamiento de 44 familias, aproximadamente 220 personas de las 251 que habitaban Cajamarca para 1999. (Defensoría del Pueblo, Oficio No. 402501/CO-SAT-655/04. Citado en CNMH: CNMH (2017). De los grupos precursores al Bloque Tolima. Pp. 194)
Crédito de la imagen: Díaz, Milton. 1997. Mapiripán 1., El Tiempo. «Esta escena fue captada en julio de 1997, horas después de que los ‘paras’ dejaran Mapiripán- Meta». Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Milton Díaz.
Control sobre la vida cotidiana
En muchas regiones las violencias sexuales y de género se convirtieron en un rasgo del dominio paramilitar. Incluyeron violencia contra menores de edad, tortura, embarazos forzados, cohabitación forzada y esclavitud sexual con un efecto de largo alcance sobre las formas de relacionamiento rutinarias de la comunidad. Un caso poco documentado ha sido el de la esterilización a las mujeres para que no tuvieran hijos. Esos sistemas de control destruyeron el tejido social por largo tiempo y demuestran un impacto de largo plazo en la democracia. Los marcos mentales de la guerra, especialmente la estigmatización y el señalamiento, la creación del adversario como enemigo, se instalaron en algunos grupos y comunidades, lo que favoreció los regímenes de poder autoritarios. Una vez alcanzado el dominio de los paramilitares o de las guerrillas, el control se extendía a las organizaciones comunitarias. Uno de los espacios centrales de coacción fueron las Juntas de Acción Comunal.
Los actores armados no dominaron únicamente a través del uso del terror sino ganando el beneplácito de la población, lo cual lograron con estrategias de legitimación social: realización de obras públicas, intervención y mediación en conflictos comunitarios, provisión de bienes y servicios, regulación de la vida comunitaria y de la cotidianidad de las personas, como ser canal de resolución de problemas cotidianos, conflictos familiares y vecinales, en reemplazo de las funciones que corresponderían a inspectores de Policía o a las Juntas de Acción Comunal.
La ley del silencio
Otro resultado de los órdenes sociales armados es la limitación de las expresiones y reacciones públicas con respecto a la muerte y la violencia, y la imposición del silencio y la omisión frente al horror. Un profesional que trabajó en la zona rural de Montería contó en su testimonio a la Comisión de la Verdad: «Íbamos por la vía madrugados y encontrábamos el muerto botando la sangre, “bueno ese lo acabaron de matar”, pero uno tenía que seguir su camino hasta el sitio como si nada hubiese pasado, y eso hoy para mí es de los grandes reconocimientos que hago, de que al final esa es una situación compleja en la que, si en el momento preciso yo hubiese estado, también hubiese sido una víctima más, también fue un acto que lo confronta a uno como persona, porque, ¿por qué se puede quedar callado en un momento determinado como ese? (…) era un total sometimiento de nosotros a una ley que estaba como en el aire, en el ambiente, era con un códigos de silencio (…) como un lenguaje clandestino, casi como una acción donde los malos éramos nosotros» (Entrevista: 167-PR-00132. Profesionales de una ONG de ayuda a víctimas de desplazamiento en Córdoba).
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 12 de septiembre de 2009. El diviso, Nariño. Sin código. Awa cumple su turno de guardia, a la entrada de un refugio. «Indígenas awá en un refugio, después de la matanza de 12 miembros de su comunidad —incluyendo a cinco niños— cometida por hombres encapuchados el 26 de agosto de 2009. La masacre ocurrió en la casa de la señora Tulia García, quien murió junto a dos de sus hijos. García había sido testigo en el juicio por el asesinato de su marido, presuntamente efectuado por soldados del Ejército. Este ataque desplazó a más de 300 indígenas de sus hogares hacia estos refugios, situados dentro de su mismo territorio».
La regulación económica
La regulación económica alineó las actividades de producción, distribución y consumo con los intereses y las decisiones estratégicas de los Castaño.
Por ejemplo, se impuso un monopolio sobre el uso de maderas finas en el que los dueños de las tierras donde se producía este recurso quedaban excluidos de su extracción, y como relatan los participantes en una de las entrevistas colectivas de la Comisión de la Verdad en el municipio de Tierralta, Córdoba, los miembros de la cúpula de las AUC entraban a las fincas con motosierras y cortaban la madera fina, lo que resultaba humillante para los propietarios. Otro ejemplo es la pesca y su prohibición asociada al control de las rutas marítimas.
Estas medidas enfocadas en moldear la vida de las poblaciones se solían tomar por las mismas comandancias militares de los grupos. Sin embargo, hubo un momento en el que se separaron las funciones militares de las sociales, como en el caso del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC en el año 2000, cuando se crearon los Promotores de Desarrollo Social (PDS). Esta medida buscaba crear una suerte de institucionalización de estas políticas.
La cultura política, otra víctima
La guerra cercenó el ímpetu de participación que había surgido con la Constitución del 91. Los ejercicios participativos de principio de la década como constituyentes, consultas populares y cabildos abiertos decayeron por el sistemático asesinato, señalamiento, detención o amenazas contra sus líderes. La incapacidad del Estado para proveer seguridad y la garantía de acceso a derechos y servicios básicos, riñe con la promesa del Estado de derecho de la Constitución de 1991.
La reconfiguración territorial también fue cultural y emocional. La cultura política es otra víctima de la guerra. Los silencios en la prensa y el debate público, la naturalización de determinados comportamientos o formas de violencia, el acostumbramiento a la impunidad, a delegar la seguridad y la justicia por parte de las mismas comunidades fueron impactos invisibles, pero tangibles. El autoritarismo fue calando en los huesos de la nación y la corrupción del sistema político se legalizó. Así como desde los años 70 las campañas políticas habían sido financiadas con dineros del narcotráfico, esta tendencia no sólo continuó, sino que se profundizó. Los costos de las campañas electorales sacaron del juego a quienes no tenían profusos recursos provenientes de la ilegalidad.
Crédito de la Imagen: Autor desconocido. Sin fecha, sin código. Plan Colombia. En la valla se lee: «Plan Colombia = Intervención Gringa». Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
Las cifras de desplazamiento
La magnitud del fenómeno es sobrecogedora: de las más de 9 millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) a mayo de 2020, más de 8 millones han vivido el desplazamiento forzado, es decir, cerca del 88% del total. Entre 1991 y 2002 se registraron las cifras más altas de desplazamiento en el país con más de 3 millones de casos. Esto quiere decir que cerca del 40% del total de desplazamientos ocuírió en ese periodo. Mientras que en 1999 las cifras rodeaban los 300.000 desplazamientos, el siguiente año la cifra se duplicó y para el 2002 llegó a su pico más alto en la historia, con más de 800.000 (Registro Único de Víctimas (RUV), Unidad para las Víctimas). Este periodo se enmarca en los diálogos de paz del Caguán, su posterior ruptura en 2002 y la retoma de la zona de despeje por parte del Ejército. Además, está asociado con arremetidas paramilitares en varias regiones del país, con la disputa de territorios considerados de dominio guerrillero y con la disputa del negocio del narcotráfico.
Crédito de la imagen: Emanuel, Hector. Marzo de 2002, Colombia 1068. «Civiles atrapados en el fuego cruzado entre tropas del gobierno y la guerrilla de las FARC cerca a Puerto Rico— Caquetá, tras el repentino rompimiento de tres años de diálogos».
Relación desplazamiento-despojo
La relación desplazamiento-despojo es un eje estructurante de las dinámicas del conflicto armado en este periodo. Los desplazamientos forzados provocaron el abandono masivo de tierras y en muchos casos la apropiación de ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada de inversionistas para explotar las tierras con proyectos de agroindustria, minería e infraestructura. Las FARC-EP no llevaron el despojo a ese nivel, pero desplazaron a quienes no siguieron sus imposiciones y en ocasiones se apropiaron de tierras para promover los cultivos de coca y la minería ilegal de oro y platino.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, 5 de abril de 1990, FDO018117. Desplazamiento. « Grupo de personas sacando sus muebles y enseres para migrar de la violencia. Al reverso de la fotografía se anexa recorte: "(...) Occidental; también intenta aclarar (…) desaparición de cinco ebanistas en el (…) área urbana. Mientras tanto el Ejército (…) operativos en busca de una cua (…)del ELN. Detalles página 3A"». Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
Primer informe sobre desplazamiento forzado
En 1995 la Conferencia Episcopal presentó el primer informe sobre una situación de desplazamiento forzado en Colombia. Para ese momento se calculaba que al menos 500 mil personas estaban en esta situación. El informe resultó un llamado novedoso por dos consideraciones: primero, porque nombraba el problema como desplazamiento forzado y no migración, haciendo alusión a que ya no se trataba de una migración voluntaria sino de un fenómeno en cuya base estaba el conflicto armado. Y segundo, por el llamado que hizo para entender el desplazamiento forzado como una grave violación de los Derechos Humanos y del Derecho internacional Humanitario.
Crédito de la imágen: BPP-F-045-0444, Desplazamiento, 1994, Henry Agudelo, Biblioteca Pública Piloto/Archivo Fotográfico.
Una ley para atender el desplazamiento
La promulgación de la Ley 387 de 1997, conocida como «la ley para la atención del desplazamiento forzado», fue producto de la presión que organizaciones internacionales y humanitarias ejercieron para que el Estado reconociera su responsabilidad en atender, proteger y restablecer los derechos de sus víctimas. Al mismo tiempo fue una manera de entender que lo que ocurría en Colombia no era un caso aislado, sino que se conectaba con guerras contemporáneas en las que había grandes campos de refugiados. A diferencia de estas guerras, con contadas excepciones, en lugar de campos de refugiados lo que hubo en el territorio colombiano fue una población errante que en el mejor de los casos entró a engrosar los cinturones de miseria de los centros urbanos.
Crédito de la imágen: BPP-F-045-0487, Desplazamiento, 2000, Henry Agudelo, Biblioteca Pública Piloto/Archivo Fotográfico.
A donde llegan los desplazados
Los principales núcleos de reasentamiento corresponden a las principales ciudades capitales y ciudades intermedias: Bogotá, Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Cartagena, Buenaventura, Florencia, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Quibdó, Bucaramanga, Barrancabermeja, Montería, Soledad, Ibagué y Pasto .
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen. Emanuel, Hector. 2002. Quibdó, Chocó. Colombia 1077. Sin título. «Campamento de desplazados conocido como El Coliseo, antes utilizado para actividades deportivas. Este improvisado campamento ha sido habitado por un grupo de personas desplazadas de la región hace seis años. Invadieron el espacio cuando debieron huir de sus casas por la guerra. El Coliseo no tiene agua ni electricidad. Las personas en este complejo dejaron de recibir alimentos, servicios de salud y protección del gobierno, después de los primeros tres meses de ocurrido el desplazamiento».
