Las medidas del Estatuto
Las medidas adoptadas por el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978) se pueden resumir en: restricción de las libertades fundamentales como derecho de reunión, de libre expresión, autorización de despidos masivos en casos de paros y huelgas, entre otras; control de la producción y difusión de la información; se legitimó la jurisdicción militar sobre civiles en hechos relacionados con afectaciones al orden público. Aunque esto no era nuevo, bajo el concepto de turbación del orden público, los jueces militares estuvieron en condición de someter a Consejos Verbales de Guerra a quienes consideraran una amenaza.
Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal,1980, FDO018617,Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
«Dictadura disfrazada de democracia»
En la práctica, el Estatuto convirtió en potencial enemigo interno a los disidentes políticos, intelectuales críticos, líderes sociales, sindicales, campesinos e integrantes de los nuevos movimientos urbanos. Los organismos de inteligencia persiguieron y relacionaron con la insurgencia a quienes eran críticos del sistema.
Cuando se expidió el Estatuto de Seguridad, 13 de los 19 países de América Latina estaban bajo dictaduras militares. Colombia, en teoría, se mantenía en democracia. Sin embargo, las prácticas y restricciones del Estatuto fueron idénticas e incluso en algunos casos peores que las de esas dictaduras.
El 30 de octubre de 1978 la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional dicho Estatuto con una votación dividida (19 a favor, 5 en contra, 6 salvamentos de voto). Dos de los cinco magistrados llamaron el Estatuto una «dictadura disfrazada de democracia».
Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal, Diario Occidente, 1980, FDO000044, Familiares de procesados del M-19 en la sala de Consejo de Guerra, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Las denuncias de Alternativa
Eran tantas las personas detenidas que en la Escuela de Caballería en Bogotá adecuaron las caballerizas para los interrogatorios. A finales de enero de 1979 la Revista Alternativa calculó que más de 300 personas habían sido detenidas en unidades militares, sin dar a conocer su paradero durante su detención, y más de mil habrían pasado por calabozos militares, vendadas y sometidas a interrogatorios y torturas. También señala que en los interrogatorios y torturas se aplicó la droga «pentotal» conocido como el suero de la verdad. Alternativa fue un medio independiente que realizó múltiples denuncias, en una coyuntura donde la mayoría de los grandes medios tenían como filosofía cuidar la seguridad nacional y seguir las líneas oficiales del Gobierno.
Crédito de la imágen: «M19 roba gran arsenal del ejército», miércoles 3 de enero de 1979. Pagina 1-A. Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
Torturas y vejámenes sexuales
Las personas detenidas fueron juzgadas por la Justicia Penal Militar en Consejos Verbales de Guerra. Además de la Escuela de Caballería, la Comisión de la Verdad tuvo noticia de torturas cometidas en el Hospital Militar de Bogotá, la Brigada de Institutos Militares, las cuevas del Sacromonte en la Escuela de Comunicaciones de Facatativá y en la Escuela de Infantería del Ejército Nacional. También de vejámenes sexuales contra hombres y mujeres. Aunque no hay datos forenses que permitan hacer una afirmación contundente, testimonios de sobrevivientes y de funcionarios judiciales permiten inferir que las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen ser también objeto de brutales violencias sexuales antes y después de ser asesinadas.
Crédito de la imagen: Ospina, Viki, 1973 (2018),Que cesen las torturas. De la serie "Movimientos sociales", AP6444, Banco de la República.
La toma de la Embajada, entre otros actos del M-19
El M-19 exigía la liberación de cerca de 300 detenidos y 50 millones de dólares. El presidente Turbay Ayala asumió la rienda de la negociación, para preservar la vida de los rehenes. Al final los miembros del M-19 obtuvieron tres millones de dólares y un avión en el que viajaron rehenes y secuestradores hasta Cuba. Allí los primeros obtuvieron la libertad y los segundos volvieron rápidamente a Colombia para seguir en armas.
La guerra apenas comenzaba: el 15 de diciembre de 1980 el M-19 secuestró un avión comercial con 130 pasajeros que aterrizó en La Habana. En octubre de 1981 secuestraron un avión en Medellín, lo cargaron de armas en La Guajira y aterrizó en el río Orteguaza en Caquetá. Ese mismo año, en noviembre, la Armada hundió el barco Karina con 400 toneladas de armas. En enero de 1982 nuevamente secuestraron un avión de pasajeros para denunciar los crímenes contra miembros de esa guerrilla que estaban realizando los carteles del narcotráfico como retaliación por el secuestro de Marta Nieves Ochoa.
Crédito de la imagen: Diario de Occidente, 1982, FDO000052, Avión de Carlos Ardila Lulle el cual fue prestado para que los secuestradores del M-19 huyeran, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El fin del Estatuto de Seguridad
En documentos entregados a la Comisión de la Verdad, el exmagistrado del Consejo de Estado Manuel Urueta Ayola, quien fue secretario general de la Presidencia de Julio César Turbay Ayala, argumentó que el Estatuto de Seguridad se dio en un contexto de tensiones políticas y económicas heredadas por Turbay, así como también lo fueron los mecanismos excepcionales para manejar la seguridad contemplados en la Constitución de 1886.
El 23 de marzo de 1981 se promulgó la Ley 37 que otorgaba amnistía a los rebeldes. Esta fue rechazada por las guerrillas dado que se restringía a los delitos de rebelión, sedición y asonada y no a otros como secuestro, homicidios o extorsión. En diciembre de 1981, el presidente convocó a la primera comisión de paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que recomendó ampliar la amnistía a los delitos excluidos. Como el Gobierno no aceptó la propuesta, la comisión se desintegró. En febrero de 1982, Turbay les ofreció a las guerrillas la suspensión de la acción penal si entregaban las armas, algo que tampoco fue aceptado.
Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 9 de junio de 1982 fue restablecido el orden público y se levantó el Estado de Sitio. Para entonces ya había sido elegido como presidente Belisario Betancur.
Al final del gobierno de Turbay los militares consideraron que se había asestado un amplio triunfo porque en las cárceles estaban gran parte de las dirigencias de las organizaciones guerrilleras. Aunque los métodos con los que lo hicieron y su propia legitimidad estaba ampliamente cuestionada.
Sin embargo, el 14 de julio de 1982, apenas tres semanas para que Turbay dejara el poder, el M-19 lanzó un ataque contra la Casa de Nariño: «Señor presidente: Le despertamos de nuevo con nuestros morteros, para recordarle que su Gobierno es para nosotros y para todo el pueblo colombiano el de la intransigencia y el desastre de la tolerancia». El M-19 acusó a Turbay de complicidad con los funcionarios corruptos y las «bárbaras acciones» del Ejército. El comunicado terminaba reafirmando la «voluntad de paz» del grupo guerrillero, así como su voluntad «para que se abran en el país los horizontes de justicia y bienestar». (El País, «La guerrilla colombiana ataca con morteros el palacio presidencial», El País)
Crédito de la imagen: Jaramillo, Cristobal, 1980, FDO000005,Audiencia Consejo de Guerra sindicados intento de secuestro 1980, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Colombia: proveedor No. 1 de coca a Estados Unidos
Ni el narcotráfico ni las drogas eran nuevas en Colombia. Hay registros de tráfico de sustancias psicoactivas desde los años veinte y para los años cincuenta Medellín era «un centro internacional de narcotráfico donde al igual que en Cuba existían laboratorios para el procesamiento de morfina, heroína y cocaína». (Sáenz Rovner, «La prehistoria del narcotráfico en Colombia».).
Para 1965 el 100% de la cocaína que se consumía en Estados Unidos era proveída por colombianos, quienes la procesaban y comercializaban. Para 1976 se estimaba que las exportaciones de cocaína y marihuana eran la tercera parte de las exportaciones de café y constituían la mitad de todas las exportaciones colombianas.
Entre 1976 y 1986, las inversiones de dineros del narcotráfico en el sector privado se duplicaron. Esos dineros se habrían lavado profusamente en el sistema financiero en la década de los setenta, a través de la llamada ventanilla siniestra (el Banco de la República compró dólares sin restricciones por lo que se facilitó el lavado de activos). Esos dineros legalizados por el propio sistema ingresaron a la economía para compra de tierras, ganado, en el sector inmobiliario, en la industria química y el transporte. La actividad de los narcotraficantes se asentó en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Carlos Lleras - VIVA VOZ - Visita presidencial a los EEUU de Carlos Lleras Restrepo. 20 jun 2016 Visita al presidente Richard Nixon y otras personalidades del gobiernos estadounidense por parte del presidente Carlos Lleras Restrepo. Fundación Carlos Lleras Restrepo.
El auge de la marihuana
Del consumo de la marihuana se sabe que fue profuso durante la construcción del Canal de Panamá y en proporciones significativas durante La Violencia (1948 a 1958). Pero se hizo popular en casi todo el mundo en las décadas de los sesenta y setenta. En Colombia su auge inició en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde allí era exportada por rutas antiguas de contrabando de la Guajira y Magdalena, aunque también por vía aérea y en bultos de café, en medio la gran bonanza del grano de mitad de los setenta. La marihuana tuvo un auge corto. El gobierno de Julio César Turbay acogió la propuesta de Estados Unidos y fumigó con paraquat buena parte de estos cultivos en el Caribe.
Pero estos no se acabaron, sino que se trasladaron con semillas mejoradas y resistentes a Guaviare, Meta, Cauca y Vichada, entre otros. Estos eran los mismos lugares a los que había llegado una masa inmensa de campesinos sin tierras, que fueron a abrir la frontera agrícola luego de fracasada por segunda vez la reforma agraria. Un campesino relató así su experiencia a la Comisión de la Verdad: «La entrada de la coca y la marihuana se debió al desastre económico del campesinado colono al que impulsaron a sembrar maíz, le hicieron perder la cosecha y lo dejaron en la miseria. Los cultivos de marihuana provinieron de los narcotraficantes de la Guajira y se estableció en el municipio de Vistahermosa, Meta, esa fue la capital de la marihuana en los Llanos. Para 1976, más o menos, la marihuana se desplegó hacia Puerto Concordia, Mapiripán y el Guayabero, y recuerdo que el mayor exponente de este cultivo fue Rodríguez Gacha». (Entrevista: 433-CO-00284. Hombre, campesino, colectiva)
Una explicación es que ante la falta de una reforma agraria verdadera, los colonos llegaron a territorios donde el Estado tampoco les ofreció soluciones para construir una economía campesina. En cambio, los narcotraficantes trajeron una mejor oferta. La ventaja comparativa de sembrar marihuana o coca en medio de la selva era que los carteles la compraban allí directamente.
Crédito de la imagen: Serna, Humberto FDO016140,Avioneta en pista clandestina, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
La coca
La hoja de coca es de uso ancestral de los pueblos indígenas en Colombia y en otros países de América Latina. Desde los años veinte su consumo comenzó a ser restringido y en 1936 se prohibió por primera vez su tráfico y se penalizó su venta, aunque no el consumo. Según la ley de aquella época, cuando alguien cometiera un delito bajo el influjo de las drogas debería ser internado en un manicomio. Posteriormente se estableció el monopolio del Gobierno sobre el comercio de productos que generaran «hábitos perniciosos». (Recuento tomado de: Salazar Jaramillo, La cola del lagarto, 53-59)
Los cultivos de coca comenzaron en los años setenta en el sur del país, con semillas que venían de Perú y Bolivia. Durante estos años en las selvas colombianas había laboratorios para elaborar cocaína, pero la pasta era traída de estos dos países. Los narcotraficantes promovieron la siembra de coca y que los propios campesinos la convirtieran en base con insumos comunes como gasolina, éter, acetona, cemento y cal, todos ellos de acceso en el mundo rural. En pocos años ya la coca era el cultivo estrella.
Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, FDO015729, Avión de Avianca Colombia en el Aeropuerto Bonilla Aragón. Perros en busca de coca, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Colombia acoge la declaración de Guerra contra las Drogas por parte de Estados Unidos
Para cuando el presidente Richard Nixon declaró el consumo de drogas como enemigo público, su gobierno estaba perdiendo la guerra de Vietnam y los congresistas de su país, en visita al país asiático, habían constatado que por lo menos el 15% de los soldados eran adictos a la heroína. Tres años después, Nixon creó la DEA (del inglés Drug Enforcement Agency) y un año más tarde, en 1975, abandonó Vietnam. La guerra contra las drogas estuvo unida en adelante a la doctrina contrainsurgente que emergió de la derrota de Vietnam: la guerra de baja intensidad.
Las drogas abrieron un nuevo frente para la injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad. En 1973 el presidente colombiano Misael Pastrana Borrero penalizó el consumo de las drogas y creó el Consejo Nacional de Estupefacientes. Desde mediados de los años setenta oficiales del Gobierno estadounidense empezaron a interactuar con los presidentes de Colombia sobre el tema antidrogas.
Si bien desde Estados Unidos se señalaron múltiples desconfianzas sobre la corrupción de las diferentes entidades públicas, en especial en la Aduana y la Aeronáutica Civil, también se buscó introducir su agenda antidrogas. En ese contexto, luego de que la Casa Blanca filtró documentos en los que se señalaba a varios políticos de tener nexos con el narcotráfico, el presidente Julio César Turbay Ayala firmó el Tratado de Extradición con Estados Unidos en 1979 e inició las fumigaciones a los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Carlos Lleras - VIVA VOZ - Visita presidencial a los EEUU de Carlos Lleras Restrepo. 20 jun 2016 Visita al presidente Richard Nixon y otras personalidades del gobiernos estadounidense por parte del presidente Carlos Lleras Restrepo. Fundación Carlos Lleras Restrepo. (https://www.youtube.com/watch?v=G66aveYIrB4&t=41s).
Una vez establecida la economía cocalera en sur, los campesinos empezaron a sentirse doblemente perseguidos por subsistir de estos cultivos. Un campesino describió a la Comisión de la Verdad lo que él determinó como «doble penalidad», la cual consistió en la persecución del Estado y de las FARC-EP: «Empezó el cultivo de marihuana y coca las FARC se opusieron a que el campesinado sembrara eso. Esa persecución y prohibición se dio más o menos hasta 1979. Hacia el 80, 81 ellos dejaron de molestar al cultivador, dejaron de pelear contra la economía de la región ya que ellos subsisten también de lo que el campesino subsiste. Además vieron que ellos podían sacar también réditos económicos importantes de la coca». (Entrevista 433-CO-00284. Campesinos, Meta y Guaviare)
Años después, las FARC-EP comenzaron a comprar la pasta base al campesino y venderlo directamente a los narcotraficantes. Esto se debió a la intención de evitar problemas entre los campesinos y los compradores de la base de coca y a los réditos económicos que obtenían de esa transacción para financiar la guerra.
Crédito de la imagen: Emanuel, Héctor, Cosecha de coca. Putumayo, Colombia 2003.
Diversos testimonios dan cuenta que los esmeralderos, que eran dueños de los cultivos, usaron la violencia contra los campesinos y esto hizo que las comunidades buscaran protección en la guerrilla. Según las FARC-EP, esto favoreció la consolidación del grupo guerrillero en el sur del país, ya que este hizo contrapeso al accionar violento sobre las comunidades por parte de los narcotraficantes y sus ejércitos privados, para garantizar mejores condiciones laborales y de vida al campesinado trabajador de la coca. Esta guerrilla asumió el papel de un pseudo Estado y empezó a regular la vida de una población que, sin poder recurrir a las autoridades legales, aceptó las reglas impuestas. Era cuestión de sobrevivencia. La consolidación territorial estuvo lejos de ser pacífica y tuvo altos niveles de coacción violenta.
Las guerrillas tocaron los intereses de los narcotraficantes y a partir de entonces un sector de estos se sumó a la guerra contrainsurgente. Había un enemigo común. Por un lado, las FARC-EP les cobraban por la presencia de laboratorios, les impusieron reglas de juego en la compra de la base de coca y en el relacionamiento con los campesinos. Por otro lado, otras guerrillas como el EPL, el ELN y las propias FARC-EP los estaban extorsionando y secuestrando en el Magdalena Medio, Córdoba y Urabá, donde los narcotraficantes se habían convertido en terratenientes y ganaderos. A eso se sumó que el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, socios de Pablo Escobar.
Crédito de la imagen: Emanuel, Hector, Esta familia de cuatro tiene una finca de coca. Ellos con la ayuda de toda la familia y con algunos vecinos siembran, cosechan y elaboran la pasta cruda de coca de la que se hace la cocaína. Putumayo, Colombia, 2003.
Dineros del narcotráfico en las campañas de López Michelsen y Betancur
Los rumores (o certezas, según Estados Unidos) de financiación de campañas políticas desde la década de los setenta eran comunes. Según el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) en conversación pública con la Comisión de la Verdad la financiación de las campañas se incrementó a partir de 1974. Este vínculo entre políticos, en particular del Partido Liberal, y la mafia, fue uno de los motivos para que Luis Carlos Galán, joven político promovido por el expresidente Lleras Restrepo, se marginara de esa colectividad y creara el Nuevo Liberalismo.
Para 1982 la entrada de «dineros calientes» a las campañas presidenciales parecía más que obvia. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad señalan que a la campaña de Alfonso López Michelsen también entraron estos dineros, y la biografía del mismo, escrita por Stephen J. Randal, señala que la campaña liberal no fue la única que recibió dineros del narcotráfico, sino que también lo hizo la de Belisario Betancur.
En el documental Los archivos privados de Pablo Escobar, Jaime Gaviria, primo de Pablo, dice: «La mafia en un principio estaba con López. Pero él se fue dando cuenta que ellos eran torcidos [...]. A Alfonso lo citaron un día a una reunión en Nápoles y el hombre no asistió. Ese mismo día resolvieron quitarle el apoyo a su candidatura. Belisario Betancur ganó la Presidencia de la República porque la mafia le volteó la costa Atlántica y La Guajira, le pagaban 10.000 pesos por voto a todo el que votara por Belisario» (Citado por Randall, Alfonso López Michelsen, 474 ).
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen: Autor desconocido, FDO023341, 1983, Defensa del país.Al reverso de la fotografía se anexa recorte: El excandidato Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Luis Carlos Galán rechaza públicamente a Escobar
A finales de 1981, cuando Luis Carlos Galán estaba armando las listas para el Congreso del Nuevo Liberalismo, recibió el apoyo de un grupo en Antioquia, Renovación Liberal, en el cual figuraba como suplente Pablo Escobar Gaviria. Escobar era considerado un Robin Hood paisa que regalaba dinero y obras en los barrios donde los gobiernos no lo hacían, pero en Medellín era vox populi que su inmensa fortuna provenía del narcotráfico.
En tribuna pública, Galán dijo que no podía aceptar el apoyo político ni financiero de alguien cuya riqueza era de dudosa procedencia. Sin embargo, Escobar Gaviria fue acogido por el movimiento del político Alberto Santofimio Botero, con beneplácito de los dirigentes nacionales del Partido Liberal. Al respecto, Santofimio le dijo a la Comisión de la Verdad. «Nadie, absolutamente nadie lo cuestionó en ese momento. Había rumores de que era una persona con mucho dinero, que no se sabía de dónde procedía, pero jamás hubo pruebas y él se amparaba en la presunción de inocencia. No había nada en Procuraduría, no había nada en los juzgados, no había ningún rastro» (Entrevista 142-PR-03174. Alberto Santofimio Botero, político)
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1984 FDO023320, Campaña de Luis Carlos Galán Sarmiento, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
