Trato de adversarios
La amnistía aprobada por el Congreso excluía los delitos atroces, lo cual no convencía a los guerrilleros, pero también dejaba atrás las exigencias que tenía el proyecto presentado por Turbay Ayala, que requería el desarme para acceder al beneficio de la excarcelación y el cese de la pena, y que fue rotundamente rechazada por los insurgentes. La nueva ley no solo no ponía condiciones, sino que se les aplicaba a todos los presos por rebelión, así no la solicitaran. Muchos de quienes recuperaron la libertad volvieron a las filas de las organizaciones insurgentes, cuyos planes hacia la toma del poder seguían adelante.
La falta de condicionalidad de la amnistía indignó a los militares tanto como el hecho de que esta se hubiese tramitado sin su anuencia. La amnistía daba el mensaje de que en Colombia sí había delito político y presos políticos, y que los guerrilleros serían tratados como adversarios y no como criminales.
La estrategia del Gobierno era crear un espacio de confianza y legitimidad para el diálogo, para llegar a un escenario de negociación sobre temas sustantivos de la democracia, la economía y lo social y, posteriormente, hablar de la dejación de las armas. Los grupos insurgentes tenían muchas diferencias entre sí y por eso el Gobierno inició conversaciones exploratorias en dos rutas paralelas: una con una con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y otra con el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Autodefensa Obrera (ADO).
Crédito de la imagen: Blandón, Orlando, FDO017072, Alocución presidencial, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
FARC-EP: primera en acudir al llamado
La primera guerrilla en acudir al llamado de paz fue la de las FARC-EP, que el 30 de enero de 1983 entregó un memorando base de discusión para un potencial acuerdo. En resumen, el documento proponía iniciar el diálogo, incluyendo la posibilidad de un encuentro con el propio presidente y con los altos mandos militares, y buscaba ampliar las libertades democráticas, respetar los derechos humanos y la justicia social, y eliminar el grupo ilegal Muerte a Secuestradores (MAS). Finalmente, decía que las FARC-EP no minimizaban la importancia de la ley de amnistía y que por el contrario se apoyaban en ella «para transformarla en un instrumento de movilización de opinión y de amplias masas para la lucha por una verdadera, estable y duradera paz en Colombia».(Arenas, Cese el fuego, 21-22)
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”. Archivo FARC-EP.
Las guerrillas a comienzos de los años 80
Para comienzos de los ochenta, las guerrillas tenían en común al menos cuatro factores: afán de conseguir armas para masificar la lucha y modernizarse; requerían organizaciones legales para crecer en influencia; necesitaban ganar peso en la opinión, por eso debían dar golpes de propaganda y tener agendas políticas; y requerían de relacionamiento internacional para no quedar aislados si se tomaban el poder.
Crédito de la imagen: López Luis,1983, FDO013620, La pintura del grafiti, Personas pintando una pared, lo que parece un grafiti de una paloma con el símbolo comunista. Al reverso de la fotografía se anexa escrito: "otra forma de ensuciar Cali. Tomada en la calle 5a con 14", Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Séptima Conferencia de las FARC-EP
En 1982 las FARC realizaron su Séptima Conferencia, en la que agregaron a su nombre el término Ejército del Pueblo. En este encuentro trazaron el plan estratégico para la toma del poder, la construcción de un ejército y «una armónica y organizada acción junto a las masas». A partir de este momento pasaron a la ofensiva. Para entonces, se desplegaron con fuerza hacia el sur del país, al Magdalena Medio y al Urabá, en Antioquia.
En una conversación con la Comisión de la Verdad, un exdirigente de las FARC-EP explicó que el plan acordado en dicha conferencia «señalaba cómo podemos acceder al poder a partir de un proyecto militar. Pero también define la posibilidad de la salida política. Traza los dos caminos» (Entrevista 311_CO.061. Hombre, dirigente. FARC). La combinación de todas las formas de lucha generó discusiones muy hondas dentro del Partido Comunista Colombiano (PCC), en el que hubo personas que advirtieron el riesgo de esta estrategia-
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”. Archivo FARC-EP.
M-19 y PCC- ML
El M-19
En 1982, casi al tiempo que las FARC-EP, el M-19 hizo su Octava Conferencia en Putumayo. Además de su presencia urbana, este grupo decidió crear bases rurales en Caquetá, Huila, Valle y sobre todo, Cauca.
El PCC-ML
En el Onceavo Congreso realizado en 1980, el Partido Comunista de Colombia -Marxista Leninista (PCC-ML)- rompió con las tesis de Mao Tse Tung y llamó a una «proletarización» del movimiento armado. Según el relato de un excombatiente a la Comisión de la Verdad, para entonces se estableció «una línea no de guerra popular prolongada sino insurreccional». Bajo este lineamiento, el trabajo en las zonas rurales era «simplemente de acumulación de fuerzas para los procesos insurreccionales y las ciudades se convierten en el elemento fundamental a trabajar». (Entrevista 058-PR-02186. Hombre, excombatiente, EPL) Su foco de crecimiento fue Antioquia y muy especialmente Urabá, donde se intensificaban los conflictos alrededor de la industria del banano.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Carlos Pizarro y Jacobo Arenas, Archivo FARC-EP.
El ELN
Esta guerrilla no solo estaba en pie de guerra, sino que no había acogido el llamado a la paz. A principios de los años ochenta había resurgido de sus cenizas, conducido por el sacerdote español Manuel Pérez. En 1983, durante la Reunión Nacional Héroes y Mártires de Anorí, se estableció su línea de crecimiento y una dirección unificada. Un exintegrante de la Dirección Nacional del ELN rememoró ante la Comisión de la Verdad lo siguiente: «Se selló el final de la crisis y fue como la puerta de entrada o el umbral al desarrollo que hoy en día tiene el Ejército de Liberación Nacional». (Entrevista 252-AA-00008. Hombre, excombatiente, ELN)
El ELN hizo unidad de acción con dos guerrillas pequeñas de tradición maoísta: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Patria Libre), ambas con significativa presencia en Antioquia, Córdoba y Sucre. Para 1986 había presencia guerrillera en 15 departamentos del país y en el 62% de los municipios ubicados en zonas de colonización interna.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
El Frente Ricardo Franco
El Frente Ricardo Franco era una disidencia de las FARC-EP, encabezada por Javier Delgado, un militante urbano que en 1982 se había negado a rendir cuentas sobre los dineros de varios secuestros perpetrados por las FARC.
En el afán de construir un ejército, el Frente Ricardo Franco creció significativamente. Su proyecto militar era llevar la guerra a las ciudades, pero no tenía un norte político claro. Muy pronto la organización fue infiltrada por un suboficial de la inteligencia militar que logró convencer a Delgado y a los demás comandantes de que todos sus amigos y compañeros eran en realidad infiltrados. En una historia de paranoia de la guerra y delirio colectivo, Delgado y su segundo al mando, Hernando Pizarro, asesinaron en menos de tres meses a 164 de sus militantes y simpatizantes en Tacueyó. Este desenlace terrorífico motivó su expulsión de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) el 22 de enero de 1986.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
El M-19 y el secuestro
Desde el punto de vista de las guerrillas, las élites colombianas debían pagar su guerra. En conversación con la Comisión de la Verdad, uno de los exdirigentes del M-19 reconoció que Jaime Bateman, comandante de esa guerrilla, decía que había que hacer «pocos secuestros, pero rendidores».
El M-19 convirtió el secuestro en un espectáculo. Particularmente cuando se conocieron las cárceles del pueblo, que eran especie de bóvedas donde mantenían bajo custodia a sus secuestrados en las ciudades. Adaptaban cuartos subterráneos insonorizados con elementos como icopor y dotados de medios de comunicación, medicinas, alimentos, entre otros. Su uso, según lo describió una exguerrillera de ese grupo*, estaba orientado a secuestros con fines económicos y como remedos de justicia.
*(Entrevista 112-VI-00044. Actor Armado, Mujer, M19)
Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, Diario Occidente, 1979, FDO00039, Prendas militares y banderas del M-19. En la cárcel del Pueblo se hallaron prendas militares y banderas del M-19, implementos abandonados en el inmueble de la urbanización Nueva Tequendama, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El EPL y el secuestro
En el caso del EPL el secuestro tuvo que ver más con la noción del enemigo de clase. Tal y como lo relataron algunos excombatientes a la Comisión de la Verdad, en sus inicios esta práctica estaba proscrita y era considerada como «un acto típico de delincuencia común». Sin embargo, los propósitos insurreccionales se impusieron: «Se vio la necesidad de crecer, se fueron soltando esas ataduras morales y éticas y entonces ahí se empezó a validar un tema de la extorsión y el tema del secuestro y eso llevó a que el secuestro pues en algunas partes se diera más y en otras partes menos, pero de todas maneras se empezó a impulsar como una política del Partido». (Entrevista 058-PR-02186. Actor Armado, Excombatiente, EPL)
Esta decisión incidió en el desarrollo posterior del conflicto armado en Córdoba y Antioquia. De las 408 víctimas de secuestro registradas por parte del EPL entre 1977 y 1991, 245 (60%) se concentraron en esos dos departamentos. Según reconoció uno de los excomandantes del EPL a la Comisión de la Verdad, el agobio de los finqueros fue tal que vendieron sus tierras, casi siempre a narcotraficantes que estaban interesados en lavar dólares en negocios de ganadería y en ubicarse cerca a los puertos naturales del Golfo de Urabá y Morrosquillo, rutas históricas de salida de la cocaína hacia el Caribe.
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1979, FDO000045, `Cárcel del pueblo.´ Ubicada en Villa Carmelo, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El ELN y el secuestro
El ELN, por su parte, mantuvo el secuestro como un crimen asociado a su economía y de manera secundaria para otros objetivos. Se destacó por acudir al secuestro de extranjeros y funcionarios de multinacionales. El primer caso ocurrió cuando la firma alemana Mannesman construía el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Según el testimonio para la Comisión de la Verdad de un exdirigente del ELN, que fue testigo directo de los hechos, poco después de que llegara la multinacional comenzaron una serie de conflictos con las comunidades que exigían que la empresa arreglara las carreteras deterioradas por las maquinarias y el trazo del oleoducto, y otras reivindicaciones locales. Como no encontraron respuesta, un grupo de campesinos secuestró a un ingeniero. Las negociaciones fueron oficializadas a través de una pareja de expertos negociadores alemanes, Werner y Micaela Mauss, con quienes el ELN tejió una relación económica y política duradera. El acuerdo pactado con la multinacional incluía obras sociales para las comunidades. Esta combinación entre exigencias económicas y sociales se repitió en otros secuestros y extorsiones, ya no solo en Arauca sino a lo largo de todo el recorrido del oleoducto. De las 1130 víctimas de secuestro del ELN registradas para este periodo, 550 corresponden a los departamentos por los que pasa el oleoducto Caño Limón-Coveñas (Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre). (Base de datos completa de víctimas Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH, corte de noviembre de 2021)
Aunque el secuestro fue un crimen generalizado, el sector empresarial fue el más afectado. Según informe entregado a la Comisión de la Verdad, «la mayor afectación en el ámbito de las empresas y sectores específicos de la economía se presentó en la seguridad y libertad de los administradores, trabajadores y personas naturales vinculados contractualmente a ellas». Este documento estima que al menos 9.781 personas relacionadas con el sector empresarial fueron secuestradas -por todas las guerrillas- entre 1980 y 2010.
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1979, FDO000047, Aspecto de la fachada de la `Cárcel del pueblo´ del M-19, Villa Carmelo, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Las FARC-EP y el secuestro
Aunque en términos globales durante todo el conflicto armado las FARC-EP fue el grupo que más víctimas de secuestro dejó, todas las guerrillas acudieron a esta práctica e incluso el 60% de los crímenes de guerra atribuidos al M-19 fueron justamente secuestros. A largo plazo, el secuestro se convirtió en un bumerang para las guerrillas y en una herida muy profunda para Colombia. Minó la confianza en la paz y las opciones de las insurgencias en la vida política. Muchos años después, el abandono del secuestro se convirtió en el único requisito para que el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se sentara a hacer un Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
El 23 de junio de 2020, en un encuentro público realizado en el marco de la Comisión de la Verdad, el ganadero Roberto Lacouture recordó su secuestro, ocurrido el 6 de octubre de 1989 a manos de las FARC-EP:
«Fui secuestrado en 1989 y durante mi cautiverio estuve un tiempo amarrado. Después de mi secuestro a mi familia la persiguieron: tuvimos quince secuestros, un tío fue asesinado. Fueron muchos años en los cuales en el departamento del Cesar, de donde yo vengo, sufrimos con el secuestro, con la persecución. Volaron nuestras fincas, nuestros negocios. Mataron a nuestras vacas y hasta a nuestros trabajadores en algunas ocasiones. El horror de la guerra es inconcebible. Yo de pronto no puedo perdonar, o de pronto puedo. Lo que no voy a hacer es olvidar».
El 14 de septiembre de 2020, el último secretariado de las FARC-EP publicó una carta en la que afirmó lo siguiente: «el secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados, e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular, y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada uno de nosotros y nosotras».
Crédito de la imagen: Gómez, Gustavo, Diario Occidente, 1979, FDO000041,Celda construida en la Cárcel del Pueblo - M19, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Cese al fuego y la guerra posterior
El 10 de agosto de 1984, cuatro días antes de la firma, dos sicarios en moto asesinaron en Bucaramanga a Carlos Toledo Plata, comandante del M-19 que provenía de la ANAPO y quien, confiado en el escenario de paz, estaba sin armas, dedicado a hacer eventos proselitistas. A pesar del asesinato, el plan de firmar un acuerdo de cese del fuego siguió adelante hasta que se produjo en Corinto, Cauca, y entró en vigencia a partir del 30 de agosto de 1984. Cuando la delegación del M-19 iba camino a la firma del cese sufrió un hostigamiento por parte del Ejército. Carlos Pizarro León Gómez, que para entonces era el jefe militar del M-19, llegó herido al encuentro. Para Laura Restrepo, «esa sola imagen de Pizarro sonriente, firmando la paz a pesar de tener el brazo vendado y el uniforme ensangrentado, que vieron millones de personas por televisión, le significó al M-19 un éxito político y publicitario rotundo». (Restrepo, Historia de un entusiasmo,155)
Simultáneamente, el EPL hizo lo propio en Medellín y firmó la tregua con una gran movilización en el Parque de Berrío.
Lo que siguió a la firma de la tregua fue la guerra. En diciembre de ese 1984, la Tercera División del Ejército tendió un cerco sobre el campamento donde se encontraba Pizarro con un grupo de 170 guerrilleros. La operación se denominó Garfio y comenzó bajo el argumento de que el M-19 había participado en la toma del ingenio azucarero Castilla, el 29 de noviembre de ese año, lo cual era parcialmente cierto. Aunque esta era una acción de lanzamiento del Movimiento Armado Quintín Lame, el M-19 los había apoyado y entrenado. Los empresarios de la caña acusaban al M-19 de estar detrás del asalto, creando una república independiente en la frontera entre el Cauca y el Valle, y de haber continuado con los secuestros. Ninguna de las acusaciones pudo ser probada por la Comisión de Verificación.
El entonces ministro de Defensa encargado, General Miguel Vega Uribe, apoyó la tesis de que esa guerrilla estaba creando una república independiente, dado que había minado la zona y según el Ejército tenía fortificaciones allí. Además, portaban armas, lo cual estaba prohibido por la Ley y reafirmado por el estado de sitio. De nuevo el manejo del orden público, que tendía a tratar como criminales a los insurgentes, y el proceso de paz, que implicaba reconocer que eran actores de una guerra, entraban en crisis.
El 12 de diciembre de 1984 comenzaron los enfrentamientos que incluyeron bombardeos y que por 26 días se convirtieron en una defensa de posiciones. Los incidentes siguieron a lo largo del primer semestre de ese 1985. La tregua ya no existía, pero el proceso de paz, aún moribundo, se mantenía.
Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1986, FDO03722, Escuela destruida por atentado del M-19 en Restrepo (Valle del Cauca), Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El presidente prioriza negociación con las FARC-EP
Aunque el M-19 era el gran enemigo del Estado y de las Fuerzas Militares, el presidente Betancur apostó de manera más estratégica al proceso de paz con las FARC-EP. El M-19 dependía más de líderes carismáticos y demostraba mayor ambigüedad entre el camino de la negociación o el de la guerra. Eso lo percibió Betancur cuando se reunió en España, en diciembre de 1983, con dos de los sucesores de Jaime Bateman: Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina. Luego de esa primera reunión exploratoria vino un silencio de palabra y una gran actividad militar.
Un exmilitante del M-19 le dijo a la Comisión de la Verdad que días antes de la firma del acuerdo de La Uribe hubo una reunión entre las FARC-EP y el M-19 para intentar un diálogo conjunto con el Gobierno: «Pero oh sorpresa, se sale de la reunión y cuando nos enteramos por los medios de la firma de la tregua de la Uribe. Nos habían dejado por fuera. El Gobierno se nos había perdido, no nos había vuelto a pasar al teléfono, bueno, nos habían canibalizado en el proceso, entonces ellos le apostaban a la ley del arrastre, es decir que el Gobierno y las Farc consideraban que el hecho provocado entre ellos dos jalaba el resto» (Entrevista 123-PR-00919. Ex militante, hombre,M-19).
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, Delegación de Paz de las FARC-EP, en album/galería “Diálogos de la Uribe, Meta”, Archivo FARC-EP. «Descripción del álbum. Los Acuerdos de La Uribe o Acuerdos de cese al Fuego y Tregua fueron los acuerdos entre la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno de Belisario Betancur el 28 de marzo de 1984 , en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado colombiano. El Documento fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP y firmado en el campamento conocido como Casa Verde en el municipio de La Uribe, Meta. El 28 de mayo de 1984, las FARC ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país.»
Nacen las milicias
En marzo de 1985 el M-19 instaló campamentos urbanos para impulsar milicias, que es uno de los frentes más importantes de una guerra popular y, por tanto, de la insurrección. Aunque Carlos Pizarro no creía en las milicias, accedió a poner en marcha el plan en Cali. El primer campamento se construyó en el barrio de Petecuy, en la Comuna 6, distrito de Aguablanca. A los dos meses había 23 campamentos en Cali, en Petecuy, Siloé, varios en Agua Blanca, en el barrio Terrón Colorado y cerca de 3.000 milicianos armados. Cuando se declaró la ruptura del cese del fuego y la Fuerza Pública empezó a desarticular los campamentos, los guerrilleros se fueron «para el monte» y las estructuras urbanas pasaron a la «clandestinidad absoluta». Si bien las milicias no eran realmente armadas, el M-19 les enseñó tácticas de guerra y militares. Luego esas milicias terminaron «al servicio de las organizaciones que podían cooptarlas, que eran las organizaciones armadas.» (Entrevista 123-PR-00919. Ex militante, hombre, M-19) En casos como el de Medellín, transitaron hacia los grupos de sicarios del Cartel de Medellín. Mirando en retrospectiva, un exdirigente del M-19 considera que esa organización tuvo gran responsabilidad en la ruptura de la tregua y el fracaso de ese primer intento de paz con Betancur, dada la inexperiencia e inmadurez de sus miembros (Entrevista 123-PR-00919. Hombre, exmilitante, M-19).
Crédito de la imagen: Páez, Oswaldo, 1985, FDO014168, Desalojo por combates entre el Ejército y una columna del M19, en el barrio Siloé, en Cali, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
La paz se queda sin aire
El país estaba bañado en sangre. El 22 de mayo de 1985 un grupo de dirigentes del M-19, incluido Antonio Navarro Wolff, fue atacado con una granada por agentes encubiertos de la Fuerza Pública. Todos sobrevivieron, pero con graves secuelas. Navarro perdió una pierna y prácticamente el habla. En agosto de 1985 tropas de las III Brigada del Ejército mataron a Iván Marino Ospina en una casa en Cali. Como correlato, el 17 de septiembre Álvaro Fayad, convertido en el máximo comandante del M-19, ordenó el recomienzo de la guerra y comenzó una campaña conjunta con el Frente Ricardo Franco, una disidencia de las FARC-EP encabezada por Javier Delgado.
El 19 de octubre de 1985, atacaron el Batallón Cisneros de la III División del Ejército en Armenia, Quindío. Cuatro días después en Bogotá un comando guerrillero atentó contra el general Rafael Samudio Molina comandante del Ejército.
La tregua estaba agónica cuando el 6 de noviembre de 1985 el M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la capital. El 18 de noviembre, cuando aún ardían las cenizas del Palacio, en una acción conjunta el EPL y el M-19 se tomaron a Urrao, Antioquia. Dos días después Oscar William Calvo citó a una rueda de prensa en la que aclaraba que EPL no rompía la tregua con la toma de Urrao y que esta era una operación defensiva. Seis horas después, al salir de su oficina, sicarios enviados por el Ejército lo asesinaron en una calle de Bogotá. Era una guerra sucia donde se combinaba el combate con el atentado criminal bajo la consigna del «ojo por ojo y diente por diente».
Crédito de la imagen: López, Luis, 1985, FDO015375, Marcha de protesta. Marcha en calles céntricas de Cali, en protesta por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Bogotá por la toma del palacio de justicia Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
Cierre definitivo de negociaciones de paz
La toma simbolizó el cierre definitivo del primer ciclo de negociaciones de paz con las guerrillas. Belisario Betancur quedó solo, el ramo de olivo que había tendido a las guerrillas se había convertido en cenizas. La reconstrucción de los hechos durante los dos días de la toma, y las evidencias sobre cómo fue el desalojo de las personas que luego fueron dadas por desaparecidas se pueden ver en el proyecto de forensic-architecture para la Comisión de la Verdad.
Crédito de la imagen: Ospina, Viki, 1985 (2018), Palacio en llamas, entrada de tanques. De la serie “Palacio de Justicia”, AP6463, Banco de la República.
La retoma del Palacio
La toma, llevada a cabo por 35 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina, pronto se salió de control. Betancur envió a los militares y una hora después los primeros tanques Urutú ocuparon la Plaza. Durante las siguientes 27 horas, en el operativo de retoma del Palacio intervinieron entre 2.000 y 5.000 efectivos del Ejército y la Policía Nacional, adscritos al Batallón de Infantería Guardia Presidencial, al B2, a la Escuela de Artillería, a las Escuela de Caballería, al Grupo Mecanizado Rincón Quiñonez, al F2, al DAS, a la DIJÍN, a la SIJIN, etc. La retoma del Palacio se hizo con excesos de fuerza y a sangre y fuego.
Crédito de la imagen: Ospina, Viki, 1985 (2018),A sangre y fuego. De la serie “Palacio de Justicia”, AP6466, Banco de la República..
Las víctimas
A pesar de los angustiosos llamados del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, a través de los medios de comunicación para que Gobierno y guerrilla se sentaran a dialogar, esto no se logró. Betancur no le pasó al teléfono. Según los exfuncionarios de Betancur que hablaron con la Comisión de la Verdad, la decisión de no hablar directamente con Reyes Echandía la tomó porque consideraba, en análisis con sus ministros, que bajo condiciones de rehén no podía sostener esa conversación de manera libre. También descartó el cese al fuego.
La operación fracasó rotundamente. Hasta la publicación de este informe, no existe claridad sobre la cantidad de personas que murieron en los hechos. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegaron 94 cadáveres provenientes del Palacio de Justicia. No obstante, en las investigaciones sobre los hechos del Palacio se indicó lo siguiente: «los inconvenientes surgidos con las identificaciones dejan serias dudas acerca de la identidad de algunos de ellos, y las irregularidades, particularmente con los restos calcinados, podrían dar pábulo a pensar en la existencia de un mayor número de occisos». («Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia. Sentencia de 14 de noviembre de 2014».)
Durante las 27 horas que duró el combate entre el M-19 y las Fuerzas Armadas, once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de veinte funcionarios del poder judicial perdieron la vida. De 35 integrantes de la guerrilla que participaron en la toma solo una salió con vida para el exilio.
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Palacio de Justicia-Huellas de desaparición-Cajas negras,min. 29:58, Comisión de la Verdad.
La toma de decisiones
Sobre esto se han escrito centenares de páginas, se han dado diversas explicaciones y se creó una Comisión de la Verdad para aclarar los hechos. Incluso se ha hablado de una especie de golpe de Estado temporal en el que los altos mandos militares tomaron la dirección del operativo y dejaron de lado el poder civil.
Sin embargo, testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, contrastados con el Informe final sobre los hechos del Palacio de Justicia de 2010, dan a entender que el presidente Betancur tomó las decisiones más importantes en cuanto al manejo de la crisis, pero no se entrometió en el diseño de la retoma, se la dejó exclusivamente al Ejército.
Al respecto Jaime Castro, ministro de Gobierno en ese entonces, dijo que Betancur tomó tres grandes decisiones: «dio la orden de enviar al Batallón Guardia Presidencial, no negoció con el M-19 y no habló directamente con Reyes Echandía». (Conversación de la Comisión de la Verdad con Jaime Castro, exministro de Gobierno; Noemí Sanín, exministra de Comunicaciones; y Fernando Barrero, exdirector de Inravisión, realizada el 9 de mayo 2022)
La decisión de no negociar con el M-19 en todo caso mantenía la puerta abierta para un diálogo: «El presidente nos dice: “Yo no negocio, pero sí dialogo... poner unas condiciones para que desocupen el Palacio y a decir a los medios cuáles son nuestras condiciones, nuestras condiciones es que entreguen el Palacio, liberen a los rehenes, si se quieren ir al exterior se van al exterior, no vamos a darles ninguna plata, les podemos dar un avión para que se vayan”. Lo que había pasado un poco con Turbay con la toma de la Embajada de República Dominicana» (Entrevista: 1272-PR-03610. Hombre, funcionario del gobierno Betancur).
Aunque en términos generales esta versión concuerda con la recogida por el informe final sobre los hechos del Palacio de Justicia de 2010, hay un matiz. Según una constancia adjunta a un acta del Consejo de Ministros que contiene la cronología de la toma y retoma, la idea del diálogo era que los guerrilleros aceptaran «las condiciones ofrecidas por el Gobierno de respetar la vida e integridad de los ocupantes y ponerlos a órdenes de la justicia ordinaria».
Con respecto al diálogo, la conclusión del Informe de 2010 fue la siguiente: «nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes. No a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda de que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio» (Gómez Gallego, Herrera Vergara, y Pinilla Pinilla, Informe final de la comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, 342).
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Palacio de Justicia-Huellas de desaparición-Cajas negras,min.00:15-00:26, Comisión de la Verdad.
La autonomía de las Fuerzas Armadas en la retoma
Queda clara la autonomía con la que las Fuerzas Armadas manejaron la retoma. En el diálogo colectivo con la Comisión de la Verdad, la entonces Ministra de Comunicaciones Noemí Sanín manifestó nunca enterarse del operativo militar: «los militares, supongo que porque no nos tenían confianza o no sé por qué otra razón, nunca nos comentaron sobre el detalle de las operaciones militares». Aunque la mayoría de los ministros no tenían conocimiento del operativo, quienes participaron en el diálogo concuerdan en que el presidente siempre estuvo al tanto. Lo que no se pudo saber fue cuál información le dieron.
Al respecto, los magistrados de esa Comisión de 2010 sostuvieron que el Gobierno «estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas», y que el presidente nunca recibió información precisa de los altos mandos militares, «lo que generó un vacío de poder, dado que el presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos». (Gómez Gallego, Herrera Vergara, y Pinilla Pinilla, Informe final de la comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de
Justicia, 341)
Estas conclusiones podrían apoyar la tesis del marginamiento del presidente Betancur del operativo de retoma del Palacio de Justicia, sin embargo, lo sucedido podría ser una muestra más de las consecuencias de sus difíciles relaciones con los militares. En su relato, un alto funcionario dijo a la Comisión de la Verdad que, hacia las 2:00 p. m. del 6 de noviembre, en una conversación informal, el presidente le dijo: «Esa operación que se está ejecutando nosotros no podemos intervenir, somos jefes de ellos, pero no en la operación militar, esa operación militar tiene sus jefes ahí y punto». (Entrevista: 1272-PR-03610. Hombre, funcionario del gobierno de Betancur)
De acuerdo a esto, el desastre de lo que sucedió con el manejo dado por el Ejército no se debe a la coyuntura, sino a un hecho estructural.
Lea acá el relato histórico: No Matarás
Crédito de la imagen: Fotograma tomado de: Palacio de Justicia-Huellas de desaparición-Video Casa Florero, 00:15, Comisión de la Verdad.
Justicia golpeada, sociedad dividida
El presidente Betancur dio una alocución televisada en la noche del jueves 7 de noviembre para asumir la responsabilidad de lo sucedido. La sociedad colombiana quedó dividida en dos:por un lado, los defensores de las premisas de rodear a las instituciones y defender la democracia para justificar la operación militar de la retoma; por otro, los alentadores del reproche al exceso en el uso de la fuerza y la ausencia de diálogo.
Quedó la sensación de una justicia golpeada en su Palacio, descabezada en su cúpula y sustituida en sus deberes, que tampoco pudo desarrollar una investigación exitosa. El Tribunal Especial de Instrucción creado bajo facultades de estado de sitio a la semana siguiente al holocausto, concluyó siete meses después que el único responsable fue el M-19. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes archivó las investigaciones contra Betancur. Dos meses antes de concluir su mandato, el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, quedó librado de responsabilidades y por línea de mando los militares que obedecieron resultaron absueltos.
Crédito de la imagen: Remington. Máquina de escribir incinerada en la toma del Palacio de Justicia que perteneció a José Antonio Salazar Cruz, ca. 1985. Ensamblaje. 22,5 x 45 x 38,5 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5415 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Ernesto Monsalve Pino
Lo que siguió
En cuanto al M-19, es indiscutible su responsabilidad en los hechos. Para esta guerrilla, la toma del Palacio además significó una derrota política. Algunos excombatientes señalan que quedaron arrojados al «camino del desierto». Un comandante de la extinta guerrilla dijo a la Comisión de la Verdad: «El Palacio de Justicia fue para nosotros un terremoto, un terremoto político, un terremoto militar y un terremoto anímico. [...] en el Palacio de Justicia nosotros perdimos la fe en la victoria y cuando pierdes la fe en la victoria, le pierdes sentido a la guerra. De todas maneras fue un golpe muy duro aprender que la paz es un proceso». (Entrevista 123-PR-00919. Hombre, exmilitante M-19)
Este hecho tuvo graves consecuencias para los años venideros. Las relaciones entre el Ejecutivo, los militares y la justicia se deterioraron, agudizando una crisis institucional.
En 1989 la prisa por la paz emparejó las cargas y sacó adelante la ley 77 o ley de indulto, que cesó los procedimientos judiciales del M-19 incluida su participación en los hechos de noviembre de 1985. En 2005 se reabrieron las investigaciones sobre las desapariciones forzadas como delitos no prescritos. La Fiscalía estableció como plausible la teoría de la ratonera: las Fuerzas Armadas sabían que la toma ocurriría, pero no hicieron nada al respecto para dejar que los hechos destrozaran lo que quedaba de la paz y de paso, de la justicia.
La toma del Palacio de Justicia significó un suicidio político para el M-19, aunque esta guerrilla solo lo admitió como un error militar. A Belisario Betancur le costó el silencio perpetuo hasta su muerte en 2018. Las Fuerzas Armadas quedaron en deuda con la nación por sus excesos de fuerza, que dieron lugar a delitos como torturas y desapariciones. No hubo cierre de heridas porque no hubo justicia, porque la impunidad se extendió y porque, con mínimas salvedades, lo que merecía ser un tejido judicial en busca de verdad, reconciliación y perdón, se suturó con hilos políticos.
Crédito de la imagen: Autor desconocido. Sofá encontrado entre los escombros del Palacio de Justicia, ca. 1985. Fabricación industrial (Madera, cuero y metal quemados). 80 x 200 x 86 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 3854 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Ernesto Monsalve Pino
El caso llega a la CIDH
Finalmente, por la falta de avances judiciales en Colombia, el caso del Palacio de Justicia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado por violación a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. En nombre del Estado, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en un acto público en 2015. Pero la deliberación política no cede porque el caso no se cerró debidamente en los caminos de la justicia. A finales de ese año el expresidente Belisario Betancur también pidió perdón en un acto público realizado en Ibagué, Tolima, por iniciativa de la familia de Alfonso Reyes Echandía. Betancur dijo: «Quiero pedir perdón a Alfonso, a ustedes y a Colombia. Y como en otros momentos lo he hecho, acepto mi responsabilidad por el accionar del Estado en ese momento trágico en que fueron sacrificadas tantas víctimas inocentes e indefensas»*. En dicho acto, Antonio Navarro Wolff hizo lo mismo a nombre del M19. *(Semana, «El 2015 fue el año del perdón», Semana.)
Las implicaciones de la toma del Palacio de Justicia fueron nefastas para la paz. Ese día se impuso la idea de proteger al Estado y sus instituciones por encima de cualquier consideración humanitaria y se enterraron las posibilidades de ponerle fin a la guerra que apenas estaba en ciernes. Esta imposición de la razón de Estado se condensó en la respuesta que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega le dio a un periodista que, en medio de la retoma, le preguntó qué estaba haciendo: «Defendiendo la democracia, maestro».
Betancur quedó solo. El ramo de olivo se había convertido en cenizas. Desde las montañas, Manuel Marulanda observó el ambiente adverso en el que nació la Unión Patriótica (UP). No llevaba seis meses en la vida pública, se preparaba para su primera incursión electoral y ya el espacio estaba cerrado. La avalancha de Armero, ocurrida una semana después de la toma, sepultó las consecuencias políticas de este evento.
Crédito de la imagen: Autor desconocido. Impresos procedentes de la biblioteca del Palacio de Justicia, ca. 1985. Impreso (Tinta de impresión y papel). 24 x 19,5 cm c/u. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 3857 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Ernesto Monsalve Pino
La UP se convierte en la tercera fuerza política
La Unión Patriótica generó esperanza en un importante sector de la sociedad colombiana. Aunque fue creada en mayo de 1985, su debut electoral se realizó en marzo de 1986, cuatro meses después de los hechos del Palacio de Justicia, cuando la tregua con las guerrillas diferentes a las FARC-EP se había roto y éstas se preparaban para una «ofensiva final». En medio de ese ambiente tan adverso, crear un movimiento legal parecía un acto de fe. Sin embargo, a mediados de noviembre de 1985 la UP ya tenía presencia en 209 municipios y para 1986 contaba con 190.269 ciudadanos carnetizados. (Dueñas Ruiz, Reflexiones sobre la Unión Patriótica, 23)
La plataforma política del nuevo movimiento era un llamado a la ampliación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la justicia social. En general era una agenda democrática, de inclusión y de modernización. En uno de sus puntos abogaba por la Asamblea Nacional Constituyente.
En marzo de 1986 la UP se convirtió en una tercera fuerza. Obtuvo cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 14 diputados, 23 alcaldías y 351 concejales. En total, la UP obtuvo 120.442 votos en listas propias y 198.875 en alianzas. Esto significó un gran salto histórico para la izquierda. En las elecciones a Congreso inmediatamente anteriores, el Partido Comunista había obtenido solo un senador y un representante. En mayo de ese año Jaime Pardo Leal, su primer candidato presidencial, obtuvo 328.752 votos, un 4,5% del censo electoral.
«Cuando propusieron la Unión Patriótica casi hacemos fiesta. ¡Eso era lo que nos hacía falta en Causa Común! Un movimiento nacional al cual nosotros pudiéramos vincularnos porque nos habría el espacio del debate nacional, salíamos de la marginalidad política en la que estábamos escondidos allá en la lejanía de Valledupar. Vamos a poder tener interlocución con gentes de todo el país, con pastusos, con llaneros, con chocoanos, en Bogotá, nos vamos a encontrar en la Unión Patriótica» (Entrevista 001-VI-00007. Mujer, dirigente UP, Cesar).
Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida, Sin título1988. «Jóvenes campesinos afuera de una cantina en la zona del Sumapaz. La UP tenía gran aceptación en la zona en elecciones locales.»
La UP y las FARC-EP
Durante los dos primeros años la UP mantuvo un vínculo estrecho con las FARC-EP, dado que en teoría era el movimiento creado para transitar de las armas a la política. Pero no ocurrió así.
Las FARC-EP asignó a un grupo de guerrilleros para que hicieran parte de la UP, promovieran una política de alianzas e hicieran proselitismo electoral por todo el país. Entre estos cobraron renombre Braulio Herrera e Iván Márquez. Afincada en la crisis evidente del proceso de paz, esta guerrilla siguió expandiéndose y preparándose para la guerra. En febrero de 1987 la UP decidió que esta situación era insostenible y enfatizó su carácter amplio, político y civilista. Las FARC-EP llamaron a sus representantes (Márquez y Herrera) a que salieran del movimiento y volvieran a la clandestinidad. Desde entonces, los principales dirigentes de la UP, en especial Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, hicieron críticas a la vía armada para lograr cambios sociales y cuestionaron las posiciones ambiguas de las guerrillas en relación con el proceso de negociación.
Crédito de la imagen: Guerrero, Diario Occidente, 1985, FDO000056, Reunión de gobernadores en el Valle del Cauca, Aparecen representantes de la Unión Patriótica, el gobernador del Valle, representantes de las FARC y el gobernador del Cauca, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
El genocidio
La UP tuvo poco tiempo para soñar con ser una alternativa de poder en Colombia. El 30 de agosto de 1986, apenas 40 días después de haber tomado posesión, un sicario disparó contra el representante a la Cámara Leonardo Posada. Dos días después cayó asesinado el senador de la UP Pedro Nel Jiménez, quien justamente se preparaba para viajar desde Villavicencio al sepelio de Posada. Era el comienzo de un exterminio que se convertiría en un genocidio.
Crédito de la imagen: Guerrero, González Carlos, 1990, FDO02985, Manifestación de duelo por Bernardo Jaramillo Ossa, candidato a la presidencia, Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.
La masacre de Segovia
El Magdalena Medio, donde el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) seguía creciendo, se convirtió en el epicentro del exterminio, que pronto se extendió a Urabá, Antioquia, Meta, Bogotá, y luego a todo el país. Una líder de la UP en el exilio dijo a la Comisión de la Verdad que, en Segovia, Antioquia, la persecución en contra del movimiento se hizo más intensa después de las elecciones de 1986:
«Ya los allanamientos eran a cualquier hora del día o de la noche y llegaban a nuestras casas y tumbaban las puertas. Llegaban y ametrallaban todo. Bueno, entonces frente a esos hechos nos fuimos para la casa de la que era mi suegra en ese entonces, como por mayor seguridad, entonces pasó un jeep del Ejército sin esconderse, ya no se escondían, y desde allí los vecinos vieron, nos lanzaron cuatro granadas a la casa y pues destruyeron buena parte de la casa. Afortunadamente era una casa muy grande» (Entrevista 001-VI-00016. Mujer, Víctima, Lideresa, UP).
Además del asesinato selectivo, se dieron masacres como la de Segovia, en Antioquia, el 11 de noviembre de 1988 en contra de militantes de la UP, atribuida al grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN). Esta matanza fue dirigida por Fidel Castaño en colusión con César Pérez, político liberal que, como muchos otros caciques regionales, sintieron en la UP una amenaza para sus feudos .
La entonces alcaldesa de Segovia, Rita Ivonne Tobón, recordó los hechos ante la Comisión de la Verdad. Testimonios como este han permitido a la Comisión de la Verdad identificar el entramado entre fuerza pública, paramilitares y élites locales en el genocidio de la UP :
«Me pareció muy extraño que ese día no aparecieron los escoltas de la Policía. No esperé a las 9:00 a. m., hora laboral, sino que me fui antes como para llegar desprevenidamente al comando de la Policía a preguntarle al comandante por qué no había enviado a los escoltas y, cuando llego al parque principal, encuentro algo nunca antes visto. Policías en pantalón de uniforme y en camisilla y con las botas desamarradas y tomando aguardiente a las 8 de la mañana. Me regresé y envié telegramas urgentes al gobernador de Antioquia, al jefe de orden público departamental, al procurador General de la Nación, a César Gaviria que era el ministro de Gobierno, diciéndoles lo que acababa de ver y que yo tenía todos los indicios de que la masacre era inminente…
A eso de las 6:30 p. m., como era un viernes, pues salieron los mineros, los campesinos, las calles estaban inundadas de gente. De pronto, veo que por la Calle Real empiezan a llegar unos carros camperos en contravía. Alcancé a distinguir, por los lunares que tenía en la cara y que no habían sido pintados, al agente Quintero de la Policía, que había sido uno de mis escoltas. Empecé a decirle a la gente: “Llegó la hora de la masacre. Yo creo que ahora nos van a matar. Corran. Vayan para las casas”. Empezamos a correr y empezamos a escuchar las ráfagas. Todos los que pudieron haber hecho algo para que la masacre no sucediera, no hicieron nada. Porque todos tenían intereses en la región». (Entrevista: 001-VI-00016. Mujer, víctima, exiliada política)
Crédito de la imagen: García, Jaime, 1988, Masacre de Segovia, 4456666, El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Jaime García.
Finaliza proceso de paz con las FARC y arrecia la violencia
El 16 de junio de 1987 las FARC-EP emboscaron un camión del Ejército en San Vicente del Caguán, Caquetá, y mataron a 32 soldados que construían una carretera. En el juego de las retaliaciones, el 11 de octubre de 1987 sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha y la alianza paramilitar, que podría decirse tenían también su «república independiente» en el Magdalena Medio, asesinaron a Jaime Pardo Leal. Al día siguiente, las FARC-EP anunciaron conjuntamente el fin definitivo del acuerdo de La Uribe y la inminencia de la unidad de las guerrillas.
En 1988, año en que se celebró por primera vez la elección popular de alcaldes, la UP obtuvo 16 alcaldías de manera independiente y 95 en coalición con otros partidos. Este fue el año más violento de la década. Una semana antes de los comicios, los paramilitares cometieron las masacres de Honduras y La Negra, en Urabá, una racha que continúo en ascenso. Durante la campaña fueron asesinadas 140 personas, 50 de filiación liberal, 46 de la Unión Patriótica y 39 conservadores. Estos hechos ocurrieron especialmente en Urabá, Córdoba y Meta. También fueron asesinados 500 activistas y líderes sociales y secuestradas 252 personas.
La Misión de Observación Electoral (MOE) explicó en un informe ante la Comisión de la Verdad que «la apertura democrática que se había implementado con la elección popular de alcaldes, en lugar de crear una apertura del sistema político, agudizó la violencia política» (Informe 365-CI-01260. MOE, «Informe para la CEV sobre el impacto», 142-143).
Según los cálculos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 1 de cada 3 personas electas a Congreso y a alcaldías por la Unión Patriótica, fue asesinada en ese periodo. Buena parte de quienes sobrevivieron salieron al exilio.
Crédito de la imagen: Autor desconocido. Cachucha de la Unión Patriótica utilizada en la campaña presidencial de Jaime Pardo Leal, 1986. Fabricación industrial (Tela). 14 x 17,5 x 26 cm. Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 6788 Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve Parra
El Salvador, ejemplo para las guerrillas
En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estaba en plena ofensiva y había logrado un empate militar con el Gobierno. Los guerrilleros colombianos creían que podían hacer lo mismo. Buscaron afanosamente armamento anti-aéreo, que era el que había hecho la diferencia en el país centroamericano. Aspiraban a tener «zonas liberadas» y, por tanto, ser reconocidos como fuerza beligerante. Así podrían tomarse el poder o negociar en mejores condiciones.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
Incrementa la capacidad de fuego
A pesar de las discusiones internas y la diversidad de concepciones estratégicas y tácticas sobre la lucha revolucionaria, los acuerdos operacionales entre las guerrillas les permitieron incrementar notablemente su capacidad de fuego. Prueba de ello fue la toma, en 1988, de Saiza en Tierralta, Córdoba, parte de la jurisdicción de Urabá, donde la insurgencia estaba poniendo a prueba su proyecto de «liberación» de territorios. Según el Ejército, participaron dos columnas de las FARC-EP con 300 hombres y una columna del EPL con 150. Atacaron simultáneamente la base del Ejército y la estación de Policía. Los combates duraron más de 24 horas y al final hubo muertos de ambos lados. Los guerrilleros tomaron como rehenes a 11 soldados que fueron entregados a una misión humanitaria.
Esta toma empujó aún más la reingeniería del sector militar. Se crearon las divisiones y nuevas brigadas, se estableció el servicio militar voluntario, se creó una fuerza de soldados profesionales y se presentaron cambios en la inteligencia militar que influyeron en la Policía Nacional y el DAS. Así mismo se fortalecieron la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. En 1988 se creó la primera Brigada Móvil. Sin embargo, la premisa de que la guerra irregular solo se puede enfrentar de manera irregular, nunca escrita pero aceptada de hecho, desembocó en una guerra sucia que solo dejó una estela de víctimas inocentes.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
Grupos de mercenarios extranjeros
Por lo menos tres grupos de mercenarios extranjeros —primero británicos y luego de israelíes— habían estado en Puerto Boyacá y en Putumayo, financiados por el narcotráfico y con anuencia del Ministerio de Defensa, para entrenar en técnicas de combate urbano y terrorismo a personas que en los fundamental trabajaban para los carteles del narcotráfico. Uno de los alumnos fue Carlos Castaño Gil. Estos grupos habrían sido contratados luego de que las FARC-EP asesinaron a Pablo Emilio Guarín, político fundador del paramilitarismo de Puerto Boyacá. En retaliación los narcotraficantes y en particular Gonzalo Rodríguez Gacha, con apoyo de algunos oficiales del Ejército, querían atacar a Casa Verde, campamento central del secretariado de las FARC-EP. No lo lograron. Los mercenarios se fueron, pero sus técnicas se quedaron.
Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.
