Samper es absuelto

La Cámara de Representantes, muchos de cuyos integrantes participaron en la campaña de Samper y por tanto se beneficiaron de los mismos dineros, absolvió al entonces presidente, pero varios congresistas fueron condenados dentro del proceso 8.000. Algunos de estos, junto a otros que estuvieron involucrados pero no tuvieron condenas, se mantuvieron en la política y reaparecieron años después en alianzas con los narcoparamilitares en el episodio conocido como la «parapolítica».

Crédito de la imagen: Autor desconocido. Afiche de Ernesto Samper Pizano para la presidencia,1993. Impreso (Tinta de impresión / Papel) 58 x 74 cm, Colección Museo Nacional de Colombia, reg.7284. Fotografía: ©Museo Nacional de Colombia / Samuel Monsalve Parra 

La relación política-narcotráfico no era nueva

La Comisión de la Verdad documentó que para las elecciones al Congreso de 1978, 26 miembros del Senado tuvieron algún tipo de relación con los narcotraficantes, para las del 1982 fueron 34, para las de 1986 fueron 44. Esta tendencia se mantendrá en aumento  (entre un 12 y 16% del Congreso por cuenta del proceso 8000) en razón a que las nuevas reglas de juego en materia electoral de los años noventa desencadenaron, como efecto no deseado, relaciones más promiscuas entre legalidad e ilegalidad en la política regional. 

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1996, FDO 022293, Ceremonía de Posesión en el Palacio de Nariño. Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Falta de liderazgo en lo militar
En el sector militar, se dio una falta de liderazgo que se reflejó en dos fenómenos: incapacidad para enfrentar el nuevo momento de la guerra y un creciente fortalecimiento de la alianza con los ejércitos privados de los narcotraficantes. Las FARC-EP por su parte intentaron matar a Samper en febrero de 1997, cuando minaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Barranquilla. La bomba estalló antes de tiempo y eso salvó la vida del presidente y sus acompañantes.

Crédito de la imagen: Rodriguez, Rafael. 1996. FDO022292. Nuevo Cargo de Vicepresidente. «Ante el presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, juró en su nuevo cargo como vicepresidente, Carlos Lemos Simmons. El nuevo funcionario expresó en su discurso que es necesario que al país retorne la solidaridad, pues "el rencor no nos salvará de la guerra en que se encuentra sumida la nación".” Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Campesinos bajo fuego

Las personas que trabajaban alrededor de los cultivos de coca, que en el Código Penal se consideraban delincuentes por participar de la producción del narcotráfico, eran y son en su mayoría campesinos y trabajadores agrarios que en los años setenta y ochenta fueron expulsados por la violencia y la precariedad en la tenencia de la tierra hacia la Orinoquía y la Amazonía. Colonos que tumbaron la selva para cultivar coca y se engancharon en la cadena de producción bajo las reglas de las FARC-EP en la mayoría de los casos, porque esta guerrilla actuaba como regulador de la vida social.

La promesa de los derechos consagrados en la Constitución del 91 no había llegado hasta esas selvas ni a las chagras donde con éter, gasolina y cemento se convertía la hoja de coca en pasta base, que se le vendía a los narcotraficantes y estos la cristalizaban en lugares más cercanos a los puertos de salida o rutas bajo su control. En carreteras, puertos y aeropuertos, los narcotraficantes pagaban (y pagan) coimas que hacen posible la persistencia del negocio. Luego de comercializar la cocaína en el exterior, el dinero ingresa de nuevo al país, casi siempre en forma de contrabando, y se lava en negocios legales, en la política e incluso en la guerra.

El eslabón más débil de la cadena productiva de la coca es el campesino. Son las víctimas más invisibles y estigmatizadas. También las personas que de manera desesperada ingresaron a los grupos armados. Después de ser detenidos, perseguidos o torturados por su condición de cocaleros, prefirieron las armas.

Crédito de la imagen: Emanuel, Héctor. 2003, Putumayo-Colombia. Colombia 141. Cosecha de coca. «Esta familia de cuatro integrantes maneja una finca cocalera. Con la ayuda de familiares y vecinos, siembran, cosechan y producen pasta de coca que se utiliza para la producción de cocaína. Ganan alrededor de USD$1000 anuales, después de gastos. Algunas de sus principales preocupaciones son las fumigaciones del gobierno, redadas de la policía, y hostigamientos tanto de la guerrilla como de grupos paramilitares».

El rol de las FARC-EP  

Las FARC-EP eran los reguladores del precio de la pasta de coca que se vendía a los intermediarios de la mafia. Esos intermediarios se entendían directamente con los guerrilleros y con los capos del narcotráfico que estaban reagrupándose y transformándose luego de que los Rodríguez Orejuela fueran detenidos (en junio y agosto de 1995).

A mediados de los noventa, el mercado  era del cartel del Norte del Valle y de quienes se movían alrededor de los otrora Pepes, ahora agrupados en las ACCU, que eran fundamentalmente los hermanos Carlos y Vicente Castaño y Don Berna, quien tomó el relevo de Pablo Escobar en Medellín como jefe del crimen organizado y profundizó sus relaciones con los narcotraficantes del Norte del Valle. Si los Rodríguez habían creado la ficción de que eran hombres de negocios, lejos de la guerra, los narcotraficantes del Norte del Valle crearon verdaderos ejércitos, en alianza con los Castaño.

Estados Unidos insistió en la estrecha relación que las FARC-EP mantenían con el negocio de la cocaína pero, para ellos, la guerrilla estaba lejos de ser un cartel. No lo consideraban  así algunos militares colombianos. En 1996 un artículo de la Revista de las Fuerzas Armadas titulado «La Narco guerrilla una grave amenaza para Colombia y el Mundo» planteó que las guerrillas y organizaciones del narcotráfico habían construido una alianza para cambiar el orden establecido, alimentar sus rentas con recursos ilícitos y sobrevivir al combate del Estado.

Más coca que nunca

Para mediados de los años 90, Colombia tenía más cultivos de coca que nunca. Desde hacía dos décadas estos habían crecido especialmente en el sur del país, en grandes extensiones de baldíos o de selva amazónica que había sido derrumbada para la siembra, causando una deforestación que desde entonces no se detiene y que ha afectado incluso a los parques nacionales. Por lo menos un millón de personas ha vivido en las últimas tres décadas del cultivo. Muchas de estas, procedentes de todas las regiones del país, eran antiguos recolectores de café, algodón o cereales, que tuvieron que dedicarse a trabajar como raspadores de coca. Alrededor de estos cultivos no solo había una economía, sino que se desarrollaba una vida social, política y militar.

Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida. 1989. Sin título, sin código. «Quema de laboratorio clandestino de cocaína; foto tomada desde helicóptero artillado del ejército en el Departamento del Meta».

Antecedentes

Como todo movimiento, el de los cocaleros no se creó de un momento a otro. En Guaviare hubo cinco marchas entre 1983 y 1995, todas en reclamo por las actuaciones de la Fuerza Pública y en contra de las aspersiones con glifosato. En mayo de 1995, en medio de la ofensiva guerrillera en el sur del país (hipervínculo a hito 16) y tras el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el presidente Samper declaró el estado de Conmoción Interior, conformado por nueve decretos que le daban amplias facultades a la Fuerza Pública de controlar territorios y poblaciones.

Consecuencias de la Zona Especial de Orden Público— comienzan las marchas
Con la declaratoria de las zonas de orden público el Ejército se dio a la tarea de decomisar insumos para la producción de cocaína, pero la medida se extendió a los alimentos, el combustible y la propia movilidad humana lo que desembocó en el encarecimiento de los alimentos. Los líderes campesinos tenían la percepción de que la estrategia del Estado buscaba vaciar el territorio de gente para quitarle a la guerrilla su base social: «(…) la idea del Estado detrás de esta estrategia es que si el campesino tenía comida la guerrilla tenía comida». (Entrevista colectiva 433-CO-00284. Campesinos, Meta y Guaviare)

La conmoción por las aspersiones y el cansancio ante el maltrato por las estrategias contrainsurgentes crispó los ánimos del campesinado cocalero. En julio de 1996, comenzaron las marchas. En Guaviare se organizó desde Mapiripán, Puerto Alvira, Vistahermosa y Trocha Ganadera. La estrategia era llegar a San José del Guaviare. Sin embargo, los marchantes fueron atajados por el Ejército. Desde un principio la movilización estuvo marcada por la violencia. Tanto en las afueras de Florencia, Caquetá, como en El Retorno, Guaviare, se produjeron enfrentamientos entre campesinos armados con palos y piedras en contra de los militares, en un escenario impropio para el uso de la fuerza militar.

Las negociaciones

La dinámica de las marchas y las negociaciones, que se hicieron por separado en cada departamento, desembocaron en agendas que iban más allá del asunto de la fumigación y se convirtieron en propuestas de desarrollo territorial. Uno de los ejes centrales de las negociaciones en Putumayo, Guaviare y Caquetá fue la sustitución voluntaria de la coca como alternativa a la fumigación. En palabras de un líder campesino del Caguán, «esa era una de las propuestas que traíamos nosotros; la otra era que se frenara ya la aspersión aérea con glifosato; y la tercera, frenar inmediatamente los procesos jurídicos… cómo nos íbamos a ir si a compañeros los tenían detenidos» (Entrevista colectiva 433-CO-00284. Campesinos, Meta y Guaviare).

Las marchas dejaron un sabor agridulce: no lograron frenar la fumigación y los acuerdos de inversión social pactados con el gobierno de Samper, según los campesinos, solo se cumplieron parcialmente. Por si fuera poco, lo que vino después de ellas fue más violencia.
 
El papel de las FARC y el tratamiento de la manifestación como asunto de orden público
Las comunidades oscilan desde reconocer que las FARC-EP contribuyeron con dinero y logística para las marchas, hasta afirmar que fueron una estrategia de la insurgencia para frenar la fumigación y sobre todo la presencia militar en la región. Es evidente que las FARC-EP buscaron organizar los reclamos del campesinado cocalero. Sin embargo, priorizaron poner las movilizaciones en el marco de su ofensiva militar. Al mismo tiempo que los campesinos se movilizaban hacia San José del Guaviare, las FARC-EP desplegaron tomas como la de La Carpa en ese departamento. En consecuencia, en el Ejército los reclamos del campesinado se escucharon poco y las marchas fueron asociadas a la ofensiva militar de la guerrilla. De ahí el tratamiento de la manifestación como un asunto de orden público. La protesta social fue leída desde el lenguaje de la guerra, tanto por la Fuerza Pública, que reaccionó brutalmente a las demandas, como por las FARC-EP, que pensaron que este episodio de explosión social prepararía el colapso del régimen político si convergía con su gran ofensiva militar.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha. Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. ANOTACIÓN: De acuerdo a la investigación para el libro en el que aparece publicada la imagen, en la imagen se observa: «Bloqueo del puente del Río Bodoquero en Caquetá donde se muestra como quisieron impedir la entrada de los campesinos al casco urbano de Florencia». Ramírez, María Clemencia. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Colciencias en 2001. Disponible en: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2898/.

Implicaciones de las marchas cocaleras

Las marchas marcaron un quiebre en las relaciones entre las FARC-EP y los campesinos cocaleros. Ante la presencia militar y paramilitar, la insurgencia endureció sus reglas y vigilancia en el territorio. El papel de los frentes ya no era solo cobrar impuestos sino mediar y regular toda la cadena productiva. Para evitar el ingreso a las regiones de «compradores» que eran intermediarios de la mafia, la guerrilla manejaba directamente esta relación. El vínculo con los campesinos pasó de ser esencialmente político a económico. Otra implicación grave que tuvieron las marchas es que en el resto del país los narcotraficantes y paramilitares se disponían a disputar estos territorios y la lealtad de su población, sembrando el miedo y el terror. Y lo lograron en menos de un año.

Finalmente, para los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, las marchas fueron la prueba que necesitaban para mostrar que la lucha contrainsurgente y la guerra contra las drogas eran dos caras de una misma moneda. Al convertir a los campesinos cocaleros en parte del enemigo, perdieron la oportunidad de construir legitimidad institucional en regiones dominadas por la FARC-EP. Los militares que llegaron a estos territorios fueron rechazados y temidos por sus pobladores. Este factor resultó crítico para la persistencia y el alargamiento del conflicto armado interno.

Crédito de la imagen: Emanuel, Hector. Puerto Asis- Putumayo. 2003. Colombia 162. Sin título. «Funeral de un niño de 17 años, cuyo hermano de 18 años también fue asesinado por las FARC hace 3 años. Aún bajo control del gobierno, Puerto Asis resulta peligroso por presencia guerrillera y paramilitar. Muertes violentas por cualquiera de los bandos son comunes. Puerto Asís es una bastión de producción y distribución de coca».

Toma de las Delicias (1996)

En la noche del 30 de agosto de 1996 un comando del Bloque Sur de las FARC-EP se tomó la base militar de Las Delicias, en lo profundo de la selva del Putumayo, justo donde se desarrollaban las marchas de los campesinos cocaleros y donde estaba acantonado el Batallón de Selva Número 49 del Ejército, cuya tarea era perseguir los insumos y los laboratorios de cocaína. A causa de su labor antidrogas, las tropas oficiales carecían de información por parte de la población.

No era la primera vez que las guerrillas atacaban bases militares, no obstante, la toma de Las Delicias se convertiría en un punto de inflexión del conflicto armado interno porque a partir de ella se produjeron una serie de acciones similares que crearon la sensación de que las FARC-EP tenían más capacidad de resistir largas batallas que el Ejército. Esto nunca fue cierto, pero las FARC-EP sí tenían control de regiones selváticas donde el Ejército entraba y salía en poco tiempo y el Estado no existía o debía someterse a las reglas de la guerrilla.

Crédito de la imagen: García, Jaime. 1996. Las Delicias, Toma, Sepelio del Oficial, 383331, El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Jaime García.

La Toma de Mitú (1998)

El primero de noviembre de 1998, en horas de la madrugada, cerca de 1500 guerrilleros de varios Bloques de las FARC-EP se abalanzaron sobre la capital del Departamento de Vaupés en lo que sería el primer intento por tomar una capital del país. Fue una acción que tuvo graves pérdidas humanas y dejó a esta población semidestruida. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, después de 72 horas de combates, 56 personas murieron y 61 fueron secuestradas.

Para la dinámica de la guerra supuso un punto de quiebre, pues la toma y la retoma de este municipio por parte de la Fuerza Pública mediante acciones coordinadas entre fuerzas, bombardeos y operaciones nocturnas, marcó la imposibilidad de las FARC-EP de hacerse al control estable de un territorio con miras a lograr el estatus de beligerancia que anhelaban. Además, representó el inicio de varios reveses militares que el Ejército, en operaciones conjuntas con otras fuerzas, empezó a realizar contra las FARC.

El 19 de septiembre de 2021, la Comisión de la Verdad propició un encuentro entre víctimas y pobladores de Mitú y mandos altos y medios del Bloque Oriental de las FARC-EP, para esclarecer las razones de la toma y sus implicaciones para la población civil.

La toma guerrillera de Mitú se perpetró sin tener en cuenta cómo sufrirían las personas este enfrentamiento y los daños materiales y psicológicos que les provocarían. Una de las víctimas les reclamó a los excombatientes del antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP haber aprovechado la confianza que en algún momento tenían por parte de la población, perpetrar el ataque sin medir las consecuencias y utilizar a milicianos que tenían en la zona para atacar a sus propias familias y a su pueblo. La comunidad sufrió, además de las muertes, un desplazamiento que le forzó a irse a Brasil.

«Durante tres días quedamos incomunicados y sin energía eléctrica, por los enfrentamientos no era posible abastecerse, por lo que se pasó hambre. La guerrilla se apoderó de las ambulancias, de los vehículos oficiales, ocuparon casas familiares, colegios, el hospital. También saquearon comercios y en las casas que usaron como trinchera consumieron los alimentos y animales disponibles (patos, gallinas).  En la toma se afectó la droguería del hospital, la sede de la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), el colegio comercial nocturno y la Fiscalía, cuando la guerrilla atacaba a los policías que trataban de buscar otros sitios de refugio».

Ante las preguntas de las víctimas, los excombatientes del antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP explicaron de la siguiente manera la toma de Mitú: «Esta acción respondía a una orden del Estado Mayor de visibilizarse nacional e internacionalmente, era necesario tomarse la capital de un departamento. Igualmente, por su ubicación lejana se tenía previsto que no iba a ser tan fácil que llegara ayuda militar y por lo tanto más fácil de vencer militarmente (...) Se logró el estatus de beligerancia, pero la toma militarmente no fue un éxito. Militarmente torpedeaba la ganancia política, era un golpe para poner en la Mesa de Diálogo. Era importante conseguir más prisioneros de guerra, para el canje con los guerrilleros presos. Además, con este reconocimiento el conflicto no iba a escalar más, porque el reconocimiento implicaba un apoyo internacional». (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición, «Relatoría encuentro entre víctimas y excombatientes del Bloque Oriental de las otrora FARC-EP»).

El impacto de las víctimas fue mayor para los pueblos indígenas. Así lo expresó un líder de esas comunidades: «(...) su presencia en nuestros territorios, la toma de Mitú y las acciones de confrontación con otros grupos armados desplazaron personas y familias de nuestras comunidades indígenas y el casco urbano. Teníamos temor por los tiroteos y su presencia armada en medio de los civiles nos ponía en constante riesgo.  El desplazamiento nos terminó de romper como comunidad» (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición, «Relatoría encuentro entre víctimas y excombatientes del Bloque Oriental de las otrora FARC-EP»)

Crédito de la imagen: Fotograma tomado de Comisión de la Verdad, 2020, Sin código, Mitu 22 años después, Archivo CEV.

El ELN contra la industria petrolera

Desde los años 80, el ELN sostenía una campaña de sabotaje a la industria petrolera bajo el lema: ¡Despierta Colombia, te están robando el petróleo!. Esta campaña incluía sabotaje, extorsión, secuestros a ingenieros y trabajadores, apropiación de las regalías, así como incidencia en el movimiento social, para buscar la nacionalización de este recurso natural.

Para los años noventa, a los yacimientos tradicionales del Catatumbo, Putumayo y Arauca se sumaron nuevas fuentes en Casanare y Meta. Así mismo, el ELN se había extendido hacia los yacimientos carboníferos del Cesar, alrededor de los cuales ejercía acciones combinadas de guerra contra la infraestructura, las empresas y sus funcionarios, combinadas con acciones de tipo social y político. Sólo en uno de esos atentados, contra el oleoducto Colombia en julio de 1992, se derramaron 45.000 barriles de petróleo. El entonces presidente de Ecopetrol, Andrés Restrepo, calificó la situación como el «peor desastre ecológico del que se tenga noticia».

Acercamientos
En abril de 1996, Werner Mauss, un alemán enviado por las empresas de su país a negociar secuestros y extorsiones con el ELN, propició una gira de un grupo de integrantes de esa guerrilla a Alemania, que buscaba propiciar un espacio para que el ELN y el gobierno de Samper iniciaran diálogos. En noviembre de 1996 Mauss y su esposa fueron detenidos en el aeropuerto de Rionegro bajo los cargos de secuestro extorsivo y falsedad en documento. A pesar de la detención, siguieron los acercamientos y en los primeros días de febrero de 1997 el gobierno de Samper logró un preacuerdo con los elenos. Sin embargo, el 14 de febrero de 1998 murió en Cuba el máximo jefe de ese grupo, el sacerdote español Manuel Pérez. Este episodio inesperado dejó en vilo la aprobación por parte del Comando Central del ELN, el preacuerdo se filtró y los guerrilleros decidieron que era mejor esperar al nuevo gobierno.

La reunión en Maguncia, Alemania
El 9 de julio de 1998, se produjo una reunión en Maguncia, Alemania, entre la cúpula del ELN, el Consejo Nacional de Paz y un grupo de la sociedad civil. De ahí salieron con el firme propósito de iniciar un proceso con amplia participación de la sociedad civil.  Si a eso se sumaba que el nuevo gobierno estaba en reuniones con las FARC-EP, la esperanza de paz parecía resurgir. Entre julio y octubre de 1998 el Consejo Nacional de Paz y el ELN lograron acordar la agenda, metodología y cronograma de la Convención.

Las AUC buscan tratamiento político
En la siguiente reunión del Consejo Nacional de Paz, el defensor del pueblo informó que Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia buscaba una reunión con este Consejo. El presidente Samper autorizó y en menos de una semana se realizó en una finca de Tierralta la reunión conocida públicamente como el Acuerdo del Nudo de Paramillo, un primer pulso político que demostró que las AUC buscaban un tratamiento político equiparable al de las guerrillas y, sobre todo, una legitimación como grupo contrainsurgente. Eran los primeros pasos para dejar de ser ejércitos privados del narcotráfico, en alianzas con sectores de la Fuerza Pública y las élites económicas y políticas, a convertirse en un proyecto de poder o de dominio social y político.

Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 3 de marzo de 2002, Sin código. Sabotaje de la la guerrilla al Acueducto Caño Limón-Coveñas. Arauquita, Arauca.

Machuca arde

En la madrugada del 18 de octubre del 98 el país se levantó con una noticia que echó el intento de paz con el ELN por la borda: «Machuca arde». El atentado a un oleoducto sobre el río Pocuné en Segovia, Antioquia, había incendiado a una población a orillas del río. Un pueblo de pocas casas de madera habitadas por humildes mineros, casi todos afrocolombianos. Murieron 84 personas, y algunas cargan hasta hoy las heridas en su piel. Por lo menos la mitad de ellos eran menores de edad

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, 1195534, Explosión Machuca, Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.