La desmovilización del M19 

De las conversaciones en 1989 entre Carlos Pizarro y el Consejero de Paz de la Presidencia, Rafael Pardo y la serie de foros en regiones del Cauca, Tolima y Magdalena Medio, resultó un acuerdo de diez puntos en donde además del indulto y la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente, se logró pactar la dejación de armas por parte de 900 hombres y mujeres del  M-19 en Santo Domingo (Cauca) el 8 de marzo de 1990 y la firma del acuerdo de paz el 9 de marzo del mismo año. Con la firma, durante los meses siguientes se dio  paso a la ejecución de la Circunscripción Nacional de Paz para la participación política de los movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados.  

Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida, marzo 9 de 1990, Combatientes del M-19 en acto de dejación de armas. Santo Domingo, Cauca. 

«No es por el pasado, es por el futuro»

Luego de dejar las armas y como candidato presidencial, Carlos Pizarro fue asesinado el 23 de abril de 1990. Ya en la paz, algunos miembros del M-19 fueron hasta Córdoba a hablar con Fidel Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y preguntarle el motivo de ese asesinato y si los paramilitares tenían la intención de asesinar a los miembros del M-19. 

Según el testimonio público entregado por Otty Patiño (ex dirigente del M-19 y en aquel entonces constituyente) a la Comisión de la Verdad, Castaño dijo que la muerte de Pizarro había sido ordenada por un grupo de notables que señalaban los blancos de la guerra sucia. Interrogado sobre si se trataba de una venganza por el pasado, Castaño respondió: «No es por el pasado, es por el futuro».  

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1990, Carlos Pizarro en campaña, Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

Las otras guerrillas que atendieron el llamado a la paz

Cuando Cesar Gaviria asume la jefatura del Estado en 1990, garantiza la continuidad de las condiciones pactadas por el gobierno de Virgilio Barco (1986-90), quien había logrado  adelantar procesos de diálogo  con cuatro grupos guerrilleros: Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y  los Comandos Ernesto Rojas.  La primera guerrilla en firmar la paz y el inicio del proceso de desarme fue el PRT (25 de enero de 1991), seguida muy de cerca por el EPL (1 de marzo de 1991) y el Quintin Lame (31 de marzo de 1991). 

En el caso del EPL, tras la realización del XIII Congreso del PCCML en noviembre de 1990, una fracción terminó apartándose del proceso de paz, junto con otros integrantes del PCCML como Danilo Trujillo y Eduardo Ramírez, mientras que la Comisión Negociadora del EPL, llevó a buen puerto las negociaciones de paz con el gobierno nacional, conformando diez zonas desmilitarizadas para la ubicación de campamentos de concentración de los miembros del EPL que se acogieron al acuerdo. El 1 de marzo de 1991 se protocolizaron los actos de desmovilización e inició el proceso de desarme.

Los desarmes durante la década de los noventa evidenciaron los claroscuros de promover procesos de desmovilización únicamente concentrados en la desestructuración de organizaciones armadas, sin dedicar esfuerzos políticos, financieros e institucionales, a programas de recomposición del territorio. El entusiasmo que suscitaron al inicio de los años noventa los acuerdos de paz con las guerrillas se convirtieron en frustración por la persistencia de la violencia.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0383,Entrega de armas EPL, Se observa en los alrededores a los asistentes del acto de entrega de armas y en la mitad un fusil con municiones, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

Los intentos del gobierno Barco

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) había un consensó frágil dentro de las élites políticas sobre la necesidad de reformar de forma limitada y parcial al Estado. Se habían hundido por lo menos dos iniciativas en ese sentido. La última de ellas era una reforma constitucional que pasó por el Congreso y que pretendía limitar los alcances de los estados de sitio, reformar la justicia y avanzar en una serie de derechos. Sin embargo, el proyecto se hundió cuando quedó en evidencia que algunos congresistas querían prohibir la extradición para favorecer a Pablo Escobar.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1990. Séptima papeleta. Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

Tres candidatos presidenciales asesinados

El país había tocado fondo con la violencia, muestra de ello era el asesinato de tres de los candidatos presidenciales de la contienda electoral de 1990 (Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo). Por eso los jóvenes, junto con un sector de constitucionalistas impulsaron la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñara al Estado.

Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida, Marzo 24, 1990, Funeral de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial UP, Plaza de Bolívar, Bogotá. 

El magnicidio de Luis Carlos Galán y la marcha del silencio

El magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en agosto de 1989, desató un profundo dolor en la sociedad colombiana que se convirtió en indignación con la marcha del silencio titulada «Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa». Una movilización social que buscó emular la marcha homónima convocada por Jorge Eliecer Gaitán meses antes de su muerte en febrero de 1948.

La movilización sacó a la calle a más de 15.000 jóvenes de universidades públicas y privadas de Bogotá y fue el germen de un amplio movimiento estudiantil y profesoral que terminó agrupando a organizaciones como Todavía podemos salvar a Colombia y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente. La marcha estudiantil gozó de gran legitimidad, así lo consignaron varios relatos sobre este hecho en la prensa y en otros medios de comunicación:

«La marcha [del silencio], sin piedra ni violencia alguna llamó la atención de los grandes medios de comunicación del país. La Revista Semana relata que medio centenar de directores, editores y jefes de redacción de medios de comunicación estaban reunidos en el club de ejecutivos en la carrera Séptima con calle 26, en Bogotá, cuando la marcha estudiantil pasó por el frente del edificio y fue vista por uno de los asistentes, quien le avisó al resto sobre la dimensión y orden de la movilización. Cuenta la revista que Enrique Santos Castillo, editor de El Tiempo, dijo al resto de periodistas: al fin estos muchachitos hacen algo distinto de tirar piedra. Hay que darles una mano. El comunicado de la marcha, firmado por representantes de once universidades, recibió amplio despliegue en los medios de comunicación» (Navarro, Una Asamblea que transformó, 68).

Crédito de la imagen: Diario Occidente, 1980, FDO 013392, Campaña del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en el municipio de Cartago, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

La séptima papeleta

Los estudiantes mantuvieron la movilización y la iniciativa política durante el segundo semestre de 1989. En la coyuntura electoral de 1990, mientras parecía que el país se hacía invivible por las múltiples violencias que padecía, el movimiento propuso introducir una papeleta adicional para apoyar la convocatoria a una asamblea constituyente en las elecciones al Congreso, asambleas y concejos municipales de marzo, que se conoció como la Séptima Papeleta. Aunque el número de papeletas no fue contado, según sus protagonistas, alcanzó los dos millones . Para las elecciones presidenciales de mayo, se facultó a la Registraduría para realizar un conteo de estas boletas electorales. Ante el bloqueo de las reformas «desde arriba», esta iniciativa contribuyó a instalar la narrativa central de que para solucionar los grandes problemas del país el camino era cambiar la Constitución.

Muy en línea con lo que pasaba internacionalmente, los estudiantes pensaron, soñaron e imaginaron que para desactivar la violencia que tenía a Colombia al filo del caos, no se necesitaba caer en el abismo de salidas autoritarias o de fuerza, sino que se requería ampliar la comunidad política y modernizar la democracia.

El esfuerzo ciudadano rindió frutos y tanto el Gobierno de Virgilio Barco como la Corte Suprema de Justicia avalaron la idea de que la gente pudiera depositar una séptima papeleta en las urnas, más allá de los votos regulares, para darle su aval a la convocatoria a una Constituyente que reemplazara la obsoleta Constitución de 1886 por una nueva carta de navegación, que sería escrita también por las guerrillas recién desmovilizadas. 

El presidente cumplió con el compromiso de convocar a la Constituyente mediante la expedición del Decreto 1926 de 1990, usando las facultades del estado de sitio, en el cual ordenaba que en las elecciones de 1990 se incluyera y contara una pregunta a los electores sobre si estaban de acuerdo con la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
 
Esta vez, paradójicamente, la figura del estado de sitio, que había sido un recurso empleado por buena parte de los gobiernos durante un siglo para cercenar libertades, servía para desplegar el proceso democrático. Esta decisión fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia y entendida como un mandato popular. 

Más de 5.236.863 colombianos y colombianas consignaron sus esperanzas en la papeleta constituyente. 

Crédito de la imagen: Titular La papeleta llevó a los jóvenes hasta las urnas, Página 2B, Lunes, 12 de marzo de 1990, Archivo El Espectador, COMUNICAN S.A.

Gaviria convoca a la Constituyente

Tras el voto ciudadano por la Constituyente, el presidente Gaviria cumplió con el compromiso de convocarla mediante la expedición del Decreto 1926 de 1990. En sentencia, la Corte Suprema de Justicia, para entonces encargada del control constitucional, en reñida votación dio luz verde a los decretos, con una salvedad: derogó el temario de ciento nueve puntos de la Asamblea propuesto por Gaviria, que amarraba con detalle el tipo de reformas, y dejó abierta la puerta para desarrollar una profunda y amplia discusión. No habría temas vedados en el mandato constituyente.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, 1990, FDO 020868, Votaciones, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Narcotráfico profundiza relación con agentes del Estado

Al mismo tiempo que Escobar le declaraba la guerra al Estado, se había desatado una guerra entre narcotraficantes por el control de la exportación de cocaína: los hermanos Rodríguez Orejuela de Cali contra sus otrora aliados, Escobar y el Cartel de Medellín. Y los de Cali la estaban ganando. Ayudaron a la Policía y a la DEA para que dieran con Rodríguez Gacha y lo mataran en diciembre de 1989. Además tenían línea directa con el DAS y la Policía, entidades con las que se comunicaban bajo el seudónimo de Los Canarios y a las que entregaban toda la información sobre Escobar y sus aliados.

Estas alianzas y disputas profundizaron la relación entre algunos narcotraficantes y agentes del Estado: militares, policías, DAS, funcionarios del Gobierno y políticos estaban implicados. Mientras una parte de la mafia estaba en guerra contra el establecimiento y las instituciones, el otro sector estaba en alianza con el mismo, respaldando sus guerras contra la subversión y persiguiendo a los líderes sociales como enemigos internos, como lo demostraron las masacres en Trujillo, la alianza paramilitar en el Magdalena Medio y las masacres del narcotraficante Fidel Castaño en el nordeste antioqueño, todas acciones de los años ochenta.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-045-0666, Ataques a la Policía Nacional, Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

No extradición y tratamiento político, las peticiones de Escobar

Para acabar su guerra terrorista contra el Estado y la sociedad, Pablo Escobar pedía que además del fin de la extradición se le diera tratamiento político. Emulando a las guerrillas buscaba un indulto. Para consumar esa estrategia los Extraditables secuestraron a varias personas de la élite política e intelectual colombiana. Sin embargo, la amnistía y el indulto estaban reservados para el delito político y en ese momento este solo se les otorgó a las guerrillas. 

El Gobierno buscaba una fórmula de sometimiento a la justicia que en todo caso tendría que pasar por no extraditar a los narcotraficantes, pues este era el principal motivo de la guerra. La fórmula fue plasmada en dos decretos de 1990 y consistía en que si narcotraficantes o paramilitares se entregaban y confesaban al menos un delito, no serían extraditados. 

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, BPP-F-048-0452, Violencia en Medellín, Vista panorámica de un barrio afectado por elementos explosivos. Se aprecian las fachadas de viviendas, edificios, y negocios locales notablemente afectados por la explosión. Sobre dos vías principales se conglomeran algunos transeúntes observando las afectaciones; así algunos vehículos atascados en el sector, el cual cuenta con árboles y zonas verdes. Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

El desarme de los Tangueros, la «reforma agraria» de Fidel Castaño y acercamientos con las FARC-EP 

El 31 de julio de 1990 Fidel Castaño anunció el desarme de los Tangueros (grupo de autodefensas) en Urabá. También hizo su propia «reforma agraria» y entregó tierras a campesinos y excombatientes bajo la figura del comodato. Para ello creó la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), a cuya cabeza estaba su cuñada, Sor Teresa Gómez. El proyecto inicial de Funpazcor contemplaba la repartición de más de 10.000 hectáreas. Este fue un proceso completamente al margen de las instituciones. A partir de estos hechos Córdoba y Urabá vivieron entre 1991 y 1992 un pequeño período de disminución de la violencia. 

Sin embargo, después se demostró que Funpazcor estaba lejos de cumplir una función altruista. Las parcelas entregadas tenían una cláusula que prohibía su venta y especificaba que no se podía cultivar a libre elección. Esta ha sido una de las más graves experiencias de despojo y lavado de activos. 

Castaño, sin embargo, no desmanteló todo su aparato militar y se calcula que habría dejado 40 hombres supuestamente para su seguridad personal. Tampoco consideró someterse a la justicia, dado que sobre él ya pendían órdenes de captura por varias masacres, incluidas las de Honduras y Pueblo Bello en Urabá y la de Segovia en Antioquia.

Acercamientos entre Castaño y las FARC-EP
Hacia 1992, según testimonio entregado a la Comisión de la Verdad, Fidel Castaño recibió en su finca a enviados del secretariado de las FARC. Su cuñada Sor Teresa fue retenida como prenda de garantía en un campamento del Frente V de las FARC-EP en Urabá. Las conversaciones no derivaron en un pacto explícito, pero sí tácito. Por lo menos en estos años no se tocaron los territorios entre unos y otros en Urabá. Los de las FARC-EP en el eje bananero y los de Castaño en el norte de la región. Los paramilitares podían sacar droga sin problema mientras la guerrilla recibía armas por Ungía, Chocó.  

Crédito de la imagen: Dominguez, Edgar. 2003. Ejércitos privados. Sin código. El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Edgar Dominguez.

La voluntad de la CGSB

Luego de algunas conversaciones en Casa Verde —el cuartel central de las FARC-EP en Uribe, Meta, al suroriente del país— en octubre de 1990 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) emitió una declaración avalada por dirigentes de los tres grupos guerrilleros (FARC-EP, ELN y EPL), en la que se reafirmaba su voluntad de participar en la Constituyente con sus propios delegados. Manuel Marulanda dijo que «no se entendería una Constituyente sin la guerrilla, como tampoco una guerrilla en plena Constituyente». (Villamizar Herrera, Darío. ¡Atención, cae Centella! Planeta de Libros, 2021. Pág. 124)

El Gobierno celebró el comunicado y puso unas condiciones mínimas: que las guerrillas suspendieran hostilidades y liberaran a todos los secuestrados. La CGSB aspiraba a 20 delegados en la Asamblea Constituyente y a prorrogar la fecha de elección de los constituyentes para tener tiempo de prepararse. Ninguno de estos temas era difícil de negociar, según se lo ratificaron a la Comisión de la Verdad por lo menos tres de las personas que participaron directamente en los diálogos exploratorios.

El problema estaba en las armas: los miembros de la CGSB pretendían participar en la redacción de la nueva carta política sin un desarme previo. Lo que proponían era «una desmovilización, pero sin entrega de armas, similar a lo que hizo Marulanda en los años sesenta», según le contó a la Comisión de la Verdad Francisco Caraballo, jefe de la disidencia del EPL que participó en los encuentros. Eso resultaba inadmisible para el Gobierno. (Entrevista 123-PR-00388.  Hombre, Fundador y exdirigente del EPL)

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

Campaña militar

Varios hechos de guerra conspiraron contra la posibilidad de que todas las guerrillas llegaran a la Constituyente. El 10 de noviembre de 1990, la CGSB inició una campaña militar con la toma de Tarazá, Antioquia, a la que se sumó un episodio que generó estupor y rechazo en el país: el 12 de noviembre del mismo año las FARC-EP atacaron con explosivos a un carro de la Policía durante un evento deportivo en Algeciras, Huila. En el carro iban nueve menores de la Policía Cívica Juvenil, quienes hacían trabajo social. Murieron seis y los otros tres quedaron heridos. Estos hechos correspondían a una lógica que imperó durante la guerra: a la paz se llegaba luego de mostrar poder militar. Una premisa que lo único que logró fue ahondar la desconfianza de lado y lado.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

El bombardeo a Casa Verde

El 9 de diciembre de 1990, a la misma hora en que se abrían las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, las Fuerzas Militares escogieron bombardear Casa Verde, el cuartel general desde donde el secretariado de las FARC-EP impartía órdenes, tenía su escuela de entrenamiento y administraba gran parte del dinero de la organización. A las 8:04 de la mañana, cuatro aviones K-fir bombardearon Casa Verde. Minutos después, tres aviones Mirage M-5 reforzaron el ataque sobre los cambuches que días antes habían abandonado los miembros del secretariado de las FARC-EP. Este debía ser un ataque sorpresa, pero los guerrilleros fueron advertidos.

El mensaje no podía ser más claro. El bombardeo acababa con la última posibilidad de que las FARC-EP, el ELN y un sector del EPL, agrupados todos en la CGSB, hicieran parte de la Constituyente. Manuel Marulanda, comandante en jefe de las FARC-EP, asumió el bombardeo como una nueva expulsión de la comunidad política, que evocaba al de Marquetalia en 1964, y como el fin de un proceso de paz.

Las justificaciones del bombardeo

Presidente, Cesar Gaviria: «Al llegar al gobierno yo le dije a los militares: quiero que ustedes sepan que no necesitan permiso del Gobierno para entrar a ninguna parte del territorio nacional, aquí no hay zonas vedadas…bien puedan entren donde quieran, si quieren me cuentan, sino quieren, no me cuentan…pero no sigan diciendo que a ustedes no los dejan combatir». (Conversación de los comisionados con el expresidente César Gaviria, 11 de noviembre de 2020, Bogotá, Colombia)

General Luis Humberto Correa Castañeda, quien comandó la operación: «Sus palabras [las de Gaviria] avalaron mi intención de atacar Casa Verde. A finales de octubre ya había elevado formalmente mi recomendación ante los mandos superiores (…) días más tarde, recibí la aprobación para realizar la toma». (Martínez Osorio, Hablan los generales, 102)

El Ministro de Defensa de entonces, Rafael Pardo: ha dicho que de no haberse hecho la operación «las FARC-EP tendrían una zona de tres o cuatro mil kilómetros como santuario donde no podía entrar la fuerza pública ni el Gobierno, eso no tenía ninguna presentación, no tenía ningún sentido». («Casa verde», 13 de julio de 2010)

Álvaro Leyva, quien se había reunido con los guerrilleros para buscar su inclusión en la Constituyente: Leyva reveló que Gaviria, después de leer las encuestas de opinión que pronosticaban que la Alianza Democrática M-19 (AD M-19) elegiría por lo menos al 30% de los miembros de la Asamblea Constituyente, prefirió «no romper la correlación de fuerzas», pues el ingreso de la CGSB a esta Asamblea crearía una mayoría de izquierda en ella .

Testigos directos consultados por la Comisión de la Verdad observaron en el equipo de gobierno de Gaviria una tendencia a subvalorar la capacidad de supervivencia de las guerrillas por ser de composición campesina. El presidente apostó por un debilitamiento paulatino de la insurgencia, considerada para entonces un fenómeno anacrónico y aislado políticamente tanto en lo nacional como en lo internacional. El Muro de Berlín había caído hacía un año y con él se habían venido abajo el socialismo y la Guerra Fría. El proyecto comunista que defendían las guerrillas había terminado y no tendría oportunidad de crecer en Colombia conducido por esta tropa campesina.

Crédito de la imagen: Díaz, Zoraida, “Los Muchachos”, 1988. Miembros del cuerpo de seguridad del Secretariado de las FARC. La Uribe, Meta.

«Nos vemos dentro de diez mil muertos»

Casi 5 meses después del bombardeo a Casa Verde, el 30 de abril de 1991, la CGSB se tomó la embajada de Venezuela para forzar al Gobierno por un nuevo escenario de diálogo, el cual se logró el 15 de mayo en Cravo Norte, Arauca, y en los primeros días de junio en Caracas, Venezuela. Los diálogos renovaron la esperanza de paz especialmente porque comenzaron cuando aún la Asamblea Constituyente estaba deliberando. Las conversaciones se suspendieron el 19 de septiembre de 1991 porque el ELN le hizo un atentado al dirigente político Aurelio Irragorri, y nunca pudieron retomarse en Caracas porque el 4 de febrero de 1992 el coronel Hugo Chávez intentó dar un golpe militar y el gobierno de Carlos Andrés Pérez enfrentó una crisis institucional.

Luego de otro intento en Tlaxcala, México, finalmente las negociaciones se rompieron, lo que también significó el fin de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). (Hipervínculo Hito 11). Al despedirse del Gobierno, Alfonso Cano dijo una frase ampliamente registrada por los medios: «Nos vemos dentro de diez mil muertos». Pero su cálculo fue conservador. Antes de volver a un diálogo Colombia sumaría no miles sino millones de víctimas.

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

«Embriagados de poder»

¿Estaban las organizaciones de la CGSB dispuestas a dejar la guerra? Aunque los exdirigentes de las FARC-EP aseguran que sí, algunos testimonios como el de Rodrigo Londoño ante la Comisión de la Verdad dan cuenta al mismo tiempo de que estaban «embriagados de poder porque estaban creciendo, porque tenían plata, tenían recursos y estaba llegando mucha gente». Entrevista 854-PR-02981 Exdirigente de las FARC-EP-EP, secretariado.

Las guerrillas tenían suficientes recursos para seguir adelante y escalar la guerra. También seguían aferradas a sus convicciones ideológicas. Tanto el fundador del EPL, Francisco Caraballo, como exdirigentes del ELN confirmaron que su reflexión era que al no haber cambiado la realidad del país, los motivos del alzamiento armado seguían intactos. Lo que siguió fue una demostración de fuerza que escaló el conflicto y contribuyó a su continuidad

Crédito de la imagen: Autor desconocido, sin fecha, sin título, galería “Delegación de paz de las FARC-EP”, Archivo FARC-EP.

Pluralidad en la Constituyente

En la Asamblea Nacional Constituyente estaban sentados, juntos, miembros de la izquierda, algunos de ellos provenientes de las guerrillas que habían dejado las armas; movimientos ciudadanos que con su esfuerzo habían empujado la apertura de la democracia, como el movimiento estudiantil que impulsó la séptima papeleta; y por primera vez representantes de los pueblos indígenas. Estaban, además, los líderes políticos de los partidos tradicionales que apostaron por las reformas, aunque mantenían un significativo poder. Justamente era el problema del poder, su concentración en pocas manos y el uso de la violencia para acceder o mantenerse en él, lo que buscaba transformar la Constituyente.

En un último esfuerzo por lograr la inclusión de las guerrillas en el gran acuerdo nacional, una delegación de constituyentes viajó a Caracas a insistir en la necesidad de una paz completa.

Según lo relató el exconstituyente Iván Marulanda, encontraron disposición al diálogo por lo menos en las FARC-EP. También percibieron el temor de los guerrilleros a ser asesinados si firmaban la paz y su desconfianza hacia el consejero de paz asignado por el Gobierno, Jesús Antonio Bejarano. El 4 de junio la Asamblea aprobó la proposición de Iván Marulanda de escuchar en persona al comandante histórico de esa guerrilla, Manuel Marulanda. Sin embargo, el Gobierno dijo que condicionaba esa posibilidad al avance de los diálogos, lo que en la práctica fue entendido como un no.  

«Alfonso Cano me dijo en Caracas cuando ya nos íbamos a despedir: “Nosotros tenemos mucho interés de estar en la Constituyente pero ya es tarde para que tengamos unas curules en la Asamblea, pero nos sentiríamos parte de la Asamblea si recibe al comandante Marulanda para que él con sus propias palabras diga por qué estamos en esta guerra”. Yo llevé la proposición y  se aprobó. El presidente y Humberto de la Calle pidieron que le agregara una frasecita a la proposición que redacté yo y era: “cuando el gobierno lo estime conveniente”. Entonces pusimos esa frase y así quedó la proposición, y el Gobierno nunca lo estimó conveniente». (Entrevista 456-PR-03576. (Hombre, líder político).

Crédito de la imagen: Encuentro por la Verdad #LaVerdadIndígena, fotograma de video emitido en directo el 23 oct 2020. Pueblos indígenas en situación de riesgo de exterminio físico y cultural: su dignidad, resistencia y aportes a la paz. Min: 26:08.

Se prohíbe la extradición y Pablo Escobar se entrega

El 19 de junio de 1991 la Asamblea Constituyente aprobó la proscripción de la extradición de nacionales con 51 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones. En conversación con la Comisión de la Verdad, el exconstituyente y exministro de Defensa Juan Carlos Esguerra dijo que hubo tres tipos de motivaciones para quienes votaron en contra de la extradición: quienes lo hicieron por principios o convicciones políticas, quienes lo hicieron por temor y quienes lo hicieron por dinero (Entrevista de contraste 123-PR-03490. Hombre, político, exministro).

Sobre esta última motivación, se sabe que un abogado de Pablo Escobar estaba ofreciendo dinero o que lo hizo por lo menos a un Constituyente y que enviados del Cartel de Cali hicieron lo mismo.

Ese mismo día el jefe del Cartel de Medellín se sometió a la justicia y fue trasladado a una cárcel hecha a su medida en Envigado: La Catedral. La esperanza de Gaviria era que una vez en la prisión se podrían endurecer las condiciones de reclusión de Escobar. Hasta ese momento, en teoría el Ejército no estaba en guerra contra las drogas, que era un asunto controlado por la DEA y la Policía. De hecho, Escobar escribió en un comunicado de enero de 1991 que «mientras el Ejército en estricto derecho detiene a nuestros compañeros, la Policía los ejecuta delante de sus familiares». Por eso el Ejército fue el encargado de su custodia.

Crédito de la imagen: Agudelo, Henry, sin fecha, BPP-F-045-0390, Cárcel de Máxima Seguridad, Archivo Biblioteca Pública Piloto de Medellín.

El Estado Social de Derecho

La Constitución de 1991 creó instrumentos e instituciones para proteger mejor los derechos de los colombianos, reconociendo especialmente los de las minorías étnicas. Esto representó un marco institucional clave para el equilibrio de poderes y para la garantía de los derechos de los ciudadanos. También marcó un hito al hacer converger a la mayoría de fuerzas políticas en torno a una apuesta común materializada en una nueva carta magna para el país.

Entre los nuevos mecanismos e instituciones destaca la tutela, la Corte Constitucional, que vigila que ninguna norma pública viole la carta constitucional, y buscó una justicia más robusta e independiente del Ejecutivo con la Fiscalía General. Le dio más fuerza a la separación de poderes y sobre todo a la ciudadanía. A partir del 91 la democracia colombiana se considera participativa y el Estado como uno social de Derecho. A su vez, la Constitución de 1991 establecía tres tipos de estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior y emergencia. El estado de emergencia no podía superar los 90 días en año calendario y la figura de la conmoción interior, en caso de grave perturbación del orden público, solo podía tener una vigencia no mayor a 90 días prorrogable hasta por dos períodos iguales. Esta tipificación de los estados de excepción permitía superar la figura del estado de sitio bajo la que se gobernó a Colombia en gran parte del siglo XX. El control constitucional de los mismos ha mantenido a raya la tentación de abusar de ellos.

La creación de un aparato de justicia independiente no garantizó menor impunidad. De hecho, tras la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, la justicia transicional se ha convertido en la principal receptora de miles de expedientes nunca resueltos por crímenes de lesa humanidad. El conflicto armado interno ha desbordado las instituciones judiciales, las cuales han tenido dificultades en su adaptación territorial y han perdido su capacidad de respuesta frente al mismo, debido a la cooptación y hostigamiento que se ha ejercido contra funcionarios judiciales. Esto pone a la justicia en un lugar de vulnerabilidad respecto a los actores armados e impone retos respecto a garantías para la labor judicial y frente al fortalecimiento de estas instituciones.

La paz quedó consagrada como un derecho y un deber del Estado de obligatorio cumplimiento.

Crédito de la imagen: Ivanar, 1990. FDO020830, Jornada de Reconciliación. «Reverso: Cali. Simultáneamente en todo el país se realizó hacia el medio día de hoy una jornada de reconciliación para pedir por el pronto retorno de los secuestrados. En la foto, aparece el gobernador Mauricio Guzmán Cuevas en momentos en que la ciudadanía agitaba los pañuelos blancos pidiendo por la paz de de Colombia y la liberación de los secuestrados», Santiago de Cali: Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero.

El régimen político

La Constitución del 91 contribuyó al deshielo del bipartidismo, considerado uno de los problemas centrales del régimen político. No obstante, las reglas electorales laxas incentivaron que cualquier ciudadano pudiera fundar o afiliarse a un movimiento o partido político con solo cincuenta mil firmas o cincuenta mil votos, lo que llevó a una atomización caótica del sistema político. En las elecciones para elegir congresistas entre 1991 y 2002 tuvieron representación 66 partidos. Sin embargo, esta apertura del sistema no implicó una mejor representatividad.

En el largo plazo, la política se personalizó, en muchos lugares los clanes se hicieron más importantes que los partidos y estos últimos se convirtieron por mucho tiempo en organizaciones laxas de carácter regional, lo que tuvo implicaciones más adelante en las disputas armadas por el poder político.

La fragmentación del sistema político, aunada a una profundización de la descentralización y de figuras de ordenamiento territorial como las que garantizan derechos a las tierras para pueblos afrodescendientes y mayor autonomía para indígenas, incentivaron una disputa por el Estado local y sus rentas. Esto se observó a lo largo de la década de los noventa y en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Crédito de la imagen: Díaz, Julián y Diario Occidente, 1991, FDO 02006, Publicidad política en la Plaza de Cayzedo, Santiago de Cali: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.

Del sector seguridad no se habla en la Constituyente

Los constituyentes no hicieron reformas del sector seguridad aun cuando apenas unos meses atrás habían ocurrido graves masacres y asesinatos en Urabá y el Magdalena Medio, así como magnicidios en los que estaban involucrados organismos de inteligencia, policiales y militares, y había en curso un genocidio político contra la Unión Patriótica. Todo esto era de dominio público: el propio presidente César Gaviria y el director del DAS habían denunciado la participación de militares en estos hechos a finales de 1989.

Este silencio empañó los logros jurídicos y políticos que tuvo la nueva Constitución como pacto de paz. América Latina vivía procesos de paz o de transición de las dictaduras a la democracia que implicaban, de manera casi irrebatible, no solo el desarme de las guerrillas sino la reforma de las instituciones militares. Colombia fue y ha sido la excepción. Algunos estudios comparados, como los desarrollados a lo largo de las décadas siguientes por la Universidad de Notre Dame, podrían dar lugar a pensar que este ha sido un factor crítico en la persistencia del conflicto armado. 

El hecho de que no se abocara una reforma militar tuvo un consenso amplio en la Constituyente, en cuyo favor actuó la AD M-19, que tenía un tercio de la Asamblea y cuya prioridad eran las reformas políticas. Desde antes incluso de su desmovilización, el M-19 había declarado «paz a las Fuerzas Militares», a pesar de las heridas profundas del Palacio de Justicia.

Crédito de la imagen: Agudelo, Henry, 1989, BPP-F-045-0511, Marcha Asamblea Constituyente. Archivo Biblioteca Pública Piloto de Medellín. «(...) Se observa un grupo de estudiantes con carteles y pancartas convocando a la creación de la nueva constituyente, que daría paso a la nueva Constitución Colombiana. Las marchas eran acompañadas por uniformados del Ejército Nacional. De los carteles se lee: "El Pueblo lo dice y tiene razón, gobierno, militares y sicarios la misma mierda son".