La extradición
Luego de que el Gobierno de Estados Unidos calificara como narcoterroristas a las AUC, Castaño envió una comunicación a los principales comandantes donde manifestaba su rechazo a la participación de narcotraficantes «puros» en las negociaciones que se iniciaban. El creía que estos tendrían interés en incluir la extradición como tema en la agenda, lo que a su juicio le quitaba legitimidad política al proyecto paramilitar.
Castaño y algunos de sus más cercanos jefes de bloque, creían que debía hacerse, en cambio, una negociación secreta con la DEA, la CIA y los departamentos de Estado y Justicia. Ernesto Báez, excomandante político del Bloque Central Bolívar, le explicó a la Comisión de la Verdad las diferencias que esta agrupación tuvo con Castaño: «En las visitas de los abogados de Estados Unidos decían: “los van a pedir en extradición”; y en medio de ese desespero se le ocurrió liderar una entrega masiva a Estados Unidos, previamente unos acuerdos, de los grandes narcotraficantes de Colombia, que de acuerdo con una lista que él hizo, correspondía a una cifra de 72 grandes narcos. Se reunió más o menos con unos 65 y eso todo hay que abonárselo a él, logró convencerlos» (Entrevista colectiva 240-AA-00006. Comandantes e Integrantes del Bloque Central Bolívar).
Sin embargo, el acuerdo nunca se logró y Castaño comenzó a perder influencia y poder en la mesa de conversaciones.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen, 22 de julio de 2003, Sin código, Salvatore Mancuso, comandante de las AUC. Tierralta, Córdoba.
El desarme del Bloque Cacique Nutibara y la observación internacional
Dadas las divisiones internas dentro de las AUC el gobierno tuvo que abrir cuatro mesas paralelas con cada uno de los grupos que había a su interior. Los dos hermanos Carlos y Vicente Castaño se ubicaron en orillas opuestas, Vicente en pro de ayudar a sus aliados narcotraficantes y Carlos buscando la depuración de las listas para ser reconocido como un actor político y negociar con la DEA.
Durante el 2003 el proceso no mostró muchos resultados, por lo que el 25 de noviembre se aceleró el desarme del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, con el objetivo de darle un aire. Pero este generó más dudas que confianza. Para los periodistas que asistieron a la entrega pública era evidente que no estaban todos los que eran ni eran todos los que estaban. Posteriormente testimonios y datos demostraron que por lo menos cinco mil de ellos ingresaron después de 2003.
Para entonces las críticas al proceso eran múltiples y provenían de las organizaciones de derechos humanos, la opinión pública, los opositores políticos al gobierno, de la comunidad internacional, Estados Unidos y la ONU. Estos alertaban sobre la posibilidad de que los paramilitares aprovecharan las negociaciones para ser exculpados por sus delitos y legalizar sus propiedades sin ser castigados.
Para contrarrestar la desconfianza que rodeaba al proceso, en febrero de 2004 se puso en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) como un mecanismo externo de observación, ya que la ONU no quiso aceptar dicha tarea. La comunidad internacional mostró recelo para apoyar este proceso al punto en que la misión de la OEA era pequeña y tenía poca financiación.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen. 25 de Noviembre de 2003. Sin código, sin título. «Salvatore Mancuso (Pantalla) en la ceremonia de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Medellín, Antioquia.»
El asesinato de Carlos Castaño
Cuando los observadores internacionales apenas comenzaban su tarea, Carlos Castaño fue asesinado. El 16 de abril de 2004 un grupo armado irrumpió en una de las fincas de Castaño en la vereda El Tomate en San Pedro de Urabá y lo asesinó. La suya no era una muerte en la guerra sino un ajuste de cuentas de sus socios que lo mataban para evitar que siguiera adelante con una negociación con Estados Unidos que llevara al desmonte del narcotráfico. Como le dijo a la Comisión de la Verdad un asesor de las AUC en el proceso de Ralito: «Cuando declaran a las Autodefensas junto con la guerrilla en Colombia como terroristas internacionales, eso para él fue el desastre, ahí fue donde él se desmoronó y dijo que tenía que negociar directamente con la DEA y la CIA y entregar a los narcos de la Autodefensa y al resto de narcos de Colombia. Cuando los tipos reciben pruebas de que estaba negociando directamente con la DEA es cuando lo matan» (Entrevista 123-PR-00016. Ex asesor de las AUC).
Esta generación de narcotraficantes, casi todos provenientes del Cartel del Norte del Valle, apostaba por entrar en la legalidad investidos no como delincuentes comunes sino como delincuentes políticos, arropados por la narrativa de la «legítima defensa». Un cálculo similar al que habían hecho los hermanos Rodríguez Orejuela diez años atrás, cuando contribuyeron a matar a Pablo Escobar y financiaron la campaña del presidente Ernesto Samper, creyendo que esto les abriría las puertas del «establecimiento». Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez aseguró que en varias oportunidades le advirtió al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, acerca de la presencia de narcotraficantes en la negociación: «¡El mellizo Mejía es un narco puro! ¡Es el más grande exportador de cocaína de América del Sur! Él funge como autodefensas allá y ¡finge y funge! Pero no lo es, ¡él no lo es! Y recuerdo que me puso... "Iván Roberto cómo vas a creer que se me va a ocurrir semejante adefesio, no jamás, yo sé que él y el hermano son los famosos mellizos Mejía Múnera, narcotraficantes reconocidos". Me quedé tranquilo, a los 20 días los estaba desmovilizando a los dos» (Entrevista: No. 240-AA-00005. Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’).
Crédito de la imagen: García, Jaime, 2002, Carlos Castaño, El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Jaime García.
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
El 28 de julio de 2004 los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza asistieron al Salón Elíptico del Congreso de la República a exponer sus argumentos. La historia que presentaban era la de un país asediado por el terrorismo y ellos mismos como víctimas obligados a actuar en legítima defensa. Este era un Congreso cuya tercera parte ellos habían ayudado a elegir a través de diversas maneras. En medio de estos discursos Iván Cepeda, hijo del líder comunista Manuel Cepeda asesinado por las alianzas de paramilitares y Ejército, levantaba en silencio la foto de su padre. Meses antes, él mismo había creado el Movimiento de Víctimas del Estado (Movice).
Luego de intensos debates, en junio de 2005 se aprobó la Ley 975 como marco para juzgar los graves crímenes cometidos por los paramilitares y también por los guerrilleros que se desmovilizaran individualmente, lo cual le dio al Gobierno una poderosa herramienta para incentivar la deserción de mandos medios de las guerrillas, en lo que tuvo éxito relativo.
La misma norma estableció una pena alternativa de cinco a ocho años para quienes colaboraran con la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas, y se resocializaran de manera exitosa. Aunque muchos sectores consideraron ínfimas las penas comparadas con la gravedad de los crímenes, este fue un paso fundamental para vencer la impunidad.
Los comandantes de las AUC la aceptaron a regañadientes y el 5 de noviembre de 2005 se concentraron en La Ceja, Antioquia, en un centro recreacional a la espera de saldar cuentas con la justicia. Los medios de comunicación informaron durante los meses siguientes que desde allí algunos de los exjefes paramilitares mantenían sus estructuras de narcotráfico y se estaban disputando su control. Para entonces Uribe estaba en plena campaña para la reelección.
Crédito de la imagen: Fotograma del discurso del ex-jefe paramilitar y comandante de las AUC Salvatore Mancuso en el Congreso de la República de Colombia y reacción de una víctima presente en el recinto. Extracto del documental Impunity («Impunidad», 2010, 85 min) dirigido por Juan José Lozano y Hollman Morris, disponible en disponible en Contravía TV.
El rol de la Corte Constitucional
A principios de 2006 sobrevino un hecho inesperado para el Gobierno y los paramilitares. La Corte Constitucional, en el control que hizo de la Ley de Justicia y Paz (Sentencia C-370 de 2006), consideró que el delito por el que debían ser juzgados los miembros de las AUC no era sedición, dado que sus objetivos carecían de «altruismo» y en cambio debían juzgarse por «concierto para delinquir agravado». Esto no solo despojaba de carácter político a la recién desarmada estructura, sino que sus jefes quedaban expuestos a la extradición.
La decisión de la Corte propició una gran crisis en los meses que siguieron. Hubo acusaciones de mutuas traiciones y en diciembre de 2006 los jefes paramilitares fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Al mismo tiempo, los 30.000 combatientes a los que en la práctica se les había amnistiado quedaron en el limbo. El Congreso tuvo que emitir una nueva ley con la que se les condicionó la suspensión de la pena, a la contribución con la verdad.
Para entonces algunos de ellos habían abandonado el proceso, en particular algunos jefes del bloque Centauros —como Vicente Castaño— que operó en Urabá y en parte de la Orinoquía y que nunca se desarmó, así como de parte importante de las estructuras armadas de Medellín, conocidas como La Oficina de Envigado. A lo largo de casi todo el país comenzó un rápido proceso de reciclaje basado en los mandos medios de las estructuras desmovilizadas que renovaron estructuras para el control violento del negocio del narcotráfico, en disputas con las FARC-EP y otras estructuras mafiosas directamente asociadas a carteles en el suroccidente del país, como los Machos y los Rastrojos.
El narcotráfico vivió una nueva fase de fragmentación y disputa, con la consiguiente estela de violencia. En este reciclaje jugaron un papel fundamental las relaciones que éstos habían establecido con miembros de la Fuerza Pública a todos sus niveles. Probablemente el hecho que demostró con más nitidez la nueva disputa fue la masacre de Jamundí, Valle, ocurrida el 22 de mayo de 2006, en la que una patrulla del Batallón de Alta Montaña #3 del Ejército aniquiló a un grupo de investigadores de la DIJIN, apoyados por la DEA.
Ya sin la máscara de la contrainsurgencia, los nuevos grupos iniciaron una larga era de disputas entre ellos y contra la población, sin más motivos que la protección del negocio y otras rentas ilícitas, pero siempre con funcionales conexiones con el poder político, económico y militar.
Crédito de la imagen: Bernard Gagnon, 2020, Palacio de Justicia de Colombia, Bogotá, Colombia, licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. El Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar, es la sede de las Altas Cortes de la rama judicial colombiana, entre ellas, la Corte Constitucional.
Alianzas de la clase política con estos ejércitos
Las investigaciones judiciales eran una nueva versión del proceso 8.000, con caras y nombres que se repetían. Con el agravante que tras las alianzas de la clase política con estos ejércitos del narcotráfico no solo había millones de pesos, sino millones de víctimas de por medio.
Simultáneamente el jefe de informática del DAS, Rafael García, quien estaba detenido, confesó que esta entidad, que depende directamente de la Presidencia, tenía vínculos directos con los paramilitares, traficaba información con estos y directamente con el narcotráfico. La verdad sobre el entramado paramilitar emergía y la pregunta era si esta vez sí se llegaría al fondo, o si ocurriría como años atrás, cuando el caso del parqueadero Padilla fue silenciado con amenazas, asesinatos y el silencio judicial.
A medida que avanzó la desmovilización, la mayoría de exjefes paramilitares hablaron durante años ante fiscales, jueces y funcionarios de la Dirección de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Muchas de esas verdades quedaron en expedientes judiciales. Algunas se perdieron, según los testimonios de los propios fiscales y excombatientes. Sin embargo, este fue un proceso paulatino que fue haciendo visible el horror que había sido silenciado, ocultado y negado. El de los hornos crematorios, de los miles de cuerpos en los ríos, de las fosas ocultas en la tierra, de las violaciones a mujeres y personas Lgtbi, de la crueldad y la deshumanización.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen. 3 de marzo de 2007, Sin código. Exhumación de una mujer desaparecida, en Tierradentro-Córdoba.
La verdad de las víctimas
Justicia y Paz representó la primera ocasión para escuchar a las víctimas, quienes habían sido más escuchadas en los organismos intergubernamentales de derechos humanos que en los tribunales nacionales. Muchas de ellas vieron en el nuevo sistema una escena más de impunidad. En medio de esa pluralidad de percepciones se crearon organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que mantiene una posición crítica respecto a los mecanismos de justicia transicional. Otras organizaciones han tomado tanto a Justicia y Paz como al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como una oportunidad para seguir luchando por sus derechos. Las víctimas se constituyeron al calor de estos debates en un sujeto político imprescindible para la paz en Colombia.
La verdad judicial se convirtió en un rompecabezas que se prolongó en el tiempo. Aunque gran parte de los exparamilitares ya cumplieron los ocho años de penas, siguen rindiendo testimonio y algunos de ellos calculan que les faltan varios años para terminar sus declaraciones. Muchos de ellos también han reconocido ante la Comisión de la Verdad que el proceso de encuentro con las víctimas los ha transformado. En algunos casos ha sido una catarsis, en otras un proceso de empoderamiento político y social que tuvo resonancia en los años siguientes y hasta hoy. También hay quienes consideran que Justicia y Paz sigue en deuda.
Una lideresa social relató lo que sintió tras escuchar en una versión libre lo que sucedió con su hermano desaparecido: «Quedé sin palabras, me ataqué fue a llorar, no tuve como esa fuerza, a mí esa fuerza se me fue de las piernas; yo quedé, yo me fui porque me cogió la psicóloga y me cogió la fiscal, pero quedé sin palabras, no fui capaz de hablar. Eso me retumba y me retumba. Ay Dios mío, cómo sufriría mi hermanito, un niño de 17 años, cómo suplicaría cómo les imploraría. Eso me ha dado esa fuerza para seguir [pidiendo] verdades, para que nos entreguen esa verdad que nunca nos han entregado. [...] ¿Para qué sirvió justicia y paz? porque no nos entregaron la verdad, no nos han entregado aquí en Puerto Triunfo las personas que tenemos desaparecidas» Entrevista 239-VI-00030. Mujer, víctima, Antioquia.
A pesar de la importancia de Justicia y Paz en la emergencia política de las víctimas, la aplicación de la Ley destaca por la lentitud en las decisiones judiciales. La dimensión de los problemas que venía generando su ejecución demandó una reforma general a su contenido mediante la ley 1592 de 2012. Tras 16 años, Justicia y Paz había producido 92 sentencias condenatorias.
Crédito de la imagen: Sin título, 12-Víctimas. Piezas fotográficas Comunicaciones, Comisión de la Verdad-CEV. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice.
Entrega digna de personas dadas por desaparecidas
Entre 2005 y el 30 de julio de 2021, en el marco de Justicia y Paz se habían encontrado 6.460 fosas en donde fueron hallados 7.794 cuerpos, de los cuales 4.405 fueron entregados a sus familiares, es decir, 56,5% de los cuerpos hallados. De igual manera, se exhumaron 1.623 cuerpos en cementerios de varias zonas del país, de los cuales se han entregado 434, el 26,7% (Fiscalía General de la Nación. Dirección de Justicia Transicional, «Consolidado de exhumaciones al 30 de julio
de 2021»).
Crédito de la imagen: Autor desconocido [Comunicaciones UBPD]. 16 de marzo de 2022. Sin código. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. «Familia de reconocido torero de las corralejas de San Onofre recibió su cuerpo en un acto solemne en la Plaza de Toros del municipio, donde hace 19 años su público lo aplaudía. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD-, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, en articulación con la Fiscalía General de la Nación –FGN- y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, entregaron dignamente el cuerpo de Andrés a su familia y amigos en el mismo lugar donde hace 19 años le vieron por última vez.»
¡Basta Ya! La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y el Grupo de Memoria Histórica
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
Al lado de la Justicia, la Ley 975 de Justicia y Paz también creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), cuya tarea era garantizar la participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial, presentar un informe público sobre el origen y evolución de grupos armados ilegales y hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación. La CNRR se planteó como un organismo integral que fortaleciera una apuesta de paz en el país y creara las condiciones para el impulso de una futura Comisión de la Verdad.
Esto resultó paradójico dado que dependía del gobierno de Álvaro Uribe, quien negaba la existencia de un conflicto armado en Colombia. A su vez, tuvo que sortear las críticas de opositores a la negociación con las AUC. La CNRR tuvo una composición en la que destacaban académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Esta paradoja estaba presente en las reflexiones de los miembros de la CNRR.
Grupo de Memoria Histórica (GMH)
De la mano de la CNRR se creó el Grupo de Memoria Histórica (GMH) para crear un relato colectivo sobre el conflicto colombiano. El Grupo priorizó unas líneas de investigación y unos casos emblemáticos que brindaban una serie de datos y elementos analíticos que permitían ejemplificar y construir una historia sobre el conflicto armado. Este trabajo se materializó en la publicación de todo un compendio documental y la base de datos más depurada del conflicto. El grupo se cerró con el informe ¡Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad y dio paso al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y al Museo que se construye para tal fin. O sea que en estos años se comenzó el largo recorrido de la memoria del conflicto, de la reparación y de allanar el camino hacia la reconciliación.
Crédito de la Imagen: [Libro] Grupo de Memoria Histórica (2013), ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá, Imprenta Nacional. Disponible para descarga en PDF.
El gobierno desestima el surgimiento de nuevos grupos armados
En su momento el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo dijo: “son unas organizaciones criminales emergentes muy pequeñas, que están manejando cultivos ilícitos que existían en las zonas donde se desmovilizaron las autodefensas” (Los ‘Gaitanistas’, un pulpo que creció en las narices del Estado, en Verdad Abierta, 15 de mayo de 2022).
Más adelante, el propio presidente Uribe afirmó en la prensa: “Se ha dicho que las bacrim son nuevos paramilitares. No lo son, porque la palabra paramilitar se escogió para denominar bandas criminales privadas creadas para combatir a las guerrillas. No existen diferencias entre las bacrim y las guerrillas. Ambas son aliadas en el narcotráfico y tienen relativa jerarquía criminal”*. Catalogar a estos grupos como simples organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, ignorando los diversos ciclos de reciclaje violento ha sido el común denominador para el tratamiento de estos grupos en los siguientes gobiernos *(Uribe Vélez, «Las Bacrim», El Colombiano).
Crédito de la Imagen: Autor desconocido [Fotografías MAPP/OEA], sin título, sin código. Tomo I- Informes del Secretario General para apoyar el proceso de paz en Colombia MAPP/OEA 2004-2007. Edición 2019. Página 49.
El reciclaje de la violencia
La instrucción de rearmarse llegó en 2006 por medio de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Para el rearme, Vicente Castaño le habría asignado la Región del Urabá a Don Mario. De igual forma, algunos de los narcotraficantes que participaron en el proceso Ralito dejaron a parte de su estructura fuera de la negociación con el fin de seguir con el negocio. Esto lo relata un exoficial del Ejército: «cuando Carlos Castaño manda el mensaje de desmovilizarse y hacer las entregas y todo, la mayoría copia, y dicen: "sí, vamos a hacer negocio con el Gobierno, vamos a entregar las armas". Otros: "no, vamos a dejar un pedazo afuera que siga con el negocio, mientras que nosotros estamos 8 años y volvemos a retomar, y ustedes cambian, yo salgo y usted entra", eso está sustentado. Yo estuve en varias reuniones con ellos»” (Entrevista: Audio 084-PR-00429-39748. Militar, Hombre).
De forma similar, una mujer víctima relató a la Comisión de la Verdad cómo ocurrió este reciclaje de violencias en El Zulia, en Norte de Santander: «Viene la desmovilización, ya baja un poco las muertes, ya como que cesa un poquito, algunos se quedan a vivir y se organizan aquí con niñas del municipio, ahí llegaron a conformar familia. Ellos se desmovilizan pero vuelven y aparecen otros grupos. Aquí en El Zulia hubo presencia de Águilas Negras y Rastrojos como en el 2009. Esos también mataron mucho, hicieron un daño terrible, mucha mujer violada acá por los Rastrojos» (Entrevista 170-VI-00008. Mujer, víctima Norte de Santander).
Crédito de la imagen: Abad Colorado, Jesus. Noviembre de 2002. Sin código. Marcas hechas por paramiltares a una joven durante su secuestro y violación. Comuna Nororiental de Medellín.
La disputa por los territorios y los nuevos grupos armados
La fragmentación de los grupos federados en las AUC durante las negociaciones y la extradición de los jefes abrió una disputa violenta por los antiguos territorios paramilitares. En menos dos años surgieron más de 30 grupos armados ilegales que, por medio de alianza entre ellos o con las guerrillas, buscaron consolidar su presencia territorial a lo largo y ancho del país. La Oficina de Envigado, Los Paisas, La Terraza, Los Pachelly, Los Caparrapos, Los Rastrojos, Los Caqueteños, La Cordillera, Los Puntilleros, entre otros, se volvieron protagonistas del conflicto armado colombiano. Todos ellos buscaban controlar las rentas producidas por las economías ilegales, las rutas del narcotráfico, copar los territorios que habían dejado las AUC o disputárselos a las guerrillas, e incluso aliarse con algunas de ellas. Lo cual abrió una guerra entre estas estructuras por imponerse sobre las otras.
Crédito de la imagen: Abad Colorado, Jesus. Diciembre de 2004. Sin código.Bloque Catatumbo de las AUC. Tibú, Norte de Santander.
MAPP/OEA advierte sobre reincidencia
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) desde su VI Informe de 2006 planteó que algunos de los bloques no habían desmovilizado la totalidad de sus hombres, los cuales estarían reincidiendo y advirtió sobre surgimiento de nuevas estructuras. De acuerdo con la MAPP/OEA, la reincidencia de desmovilizados de las AUC generalmente ocurría a través de mandos medios que hacían parte del rearme y convocaban a sus estructuras para reintegrarse. Sin embargo, una nueva generación de combatientes, en su mayoría jóvenes, fue empujada a engrosar estos grupos. Según los cálculos de Enzo Nussio* quien usa datos oficiales, 85% del personal que conformaron las organizaciones sucesoras del paramilitarismo no pertenecieron previamente a las AUC. Solo el 12% de los miembros de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo eran excombatientes *(Nussio, «Excombatants and violence in Colombia», 8).
Crédito de la Imagen: Autor desconocido [Fotografías MAPP/OEA], sin título, sin código. Tomo I- Informes del Secretario General para apoyar el proceso de paz en Colombia MAPP/OEA 2004-2007. Edición 2019. Página 61.
Los grupos sucesores del paramilitarismo
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación identificó tres tipos de grupos que se mantenían activos en el territorio. En primer lugar, los grupos disidentes que hicieron parte de las AUC pero que no participaron en la desmovilización de sus estructuras. Entre estos se encontraba el Frente Contrainsurgencia Wayúu, el Frente Sur del Putumayo, las Autodefensas Campesinas del Casanare, las Autodefensas del Meta y Vichada y reductos de algunos bloques. En segundo lugar, los grupos rearmados que eran conformados por desmovilizados que reincidieron y se agruparon en nuevas estructuras como las Águilas Negras, los Rastrojos, los Paisas y el Bloque Nevados. Finalmente, los grupos emergentes que coparon territorios en los que hacían presencia las AUC, entre los que se encontraba el Ejército Popular Anticomunista. Estas tres clases de grupos conforman lo que aquí denominamos organizaciones sucesoras del paramilitarismo, quienes mantendrían su actividad militar y económica, fundamentalmente sobre el narcotráfico.
Crédito de la imagen: Dominguez, Edgar. 2003. Ejércitos privados. El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Autor Edgar Dominguez.
El dominio de Urabá
En torno al dominio de Urabá entran en disputa dos organizaciones: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –o Clan del Golfo- y la Oficina de Envigado. Estos dos grupos, sumados a los Rastrojos , constituyeron las tres estructuras más importantes sucesoras del paramilitarismo. Las cruentas disputas entre facciones y pequeños grupos fueron dando lugar a la configuración de un menor número de organizaciones, con mayor pie de fuerza y capacidad de fuego. Tal es el caso del Clan del Golfo, grupo que a la fecha en que se escribe este informe, es el protagonista, junto con disidencias de las FARC-EP y del ELN, de los conflictos armados regionales que han persistido desde 2016.
El 15 de octubre de 2008, año en el que el gobierno de Uribe celebró los golpes más importantes en contra de las FARC-EP, las Autodefensas Gaitanistas AGC se dieron a conocer a nivel nacional con un paro armado en la zona bananera de Urabá. Y al año siguiente, las autoridades tenían conocimiento que hacían presencia en Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira y promovían una estrategia para entrar a ciudades como Medellín y Santa Marta.
La esperanza que había generado la desmovilización de los grupos federados en las AUC en la gente de Urabá rápidamente se disipó y al contrario, asociaron rápidamente a estos grupos que emergían con sus antecesores al estar comandados por uno de los mismos jefes, Don Mario.
Crédito de la imagen: «580 policías van tras banda de ‘Mario’», 22 de abril de 2009. Página 1-6 Nación. Archivo El Tiempo. Todos los derechos reservados. Copyright. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
El conflicto en el Pacífico
En otras zonas del país como el Pacífico el conflicto se agudizó, no solo por los combates entre el Ejército y las guerrillas, sino por los enfrentamientos entre estas con los distintos grupos sucesores del paramilitarismo. En Buenaventura las FARC-EP entró en guerra con Los Rastrojos y a La Empresa que buscaban controlar los barrios de la ciudad. Una situación parecida se vivió en el pacifico nariñense con graves impactos para los pueblos afrodescendientes organizaciones allí en Consejos Comunitarios. La población quedó en medio de estas disputas y muchos de sus jóvenes fueron llevados a engrosar las filas de uno y otro bando.
Crédito de la imagen: Ferry, Stephen. 12 de septiembre de 2009. Awa cumple su turno de guardia, a la entrada de un refugio. El diviso, Nariño. «Indígenas awá en un refugio, después de la matanza de 12 miembros de su comunidad —incluyendo a cinco niños— cometida por hombres encapuchados el 26 de agosto de 2009. La masacre ocurrió en la casa de la señora Tulia García, quien murió junto a dos de sus hijos. García había sido testigo en el juicio por el asesinato de su marido, presuntamente efectuado por soldados del Ejército. Este ataque desplazó a más de 300 indígenas de sus hogares hacia estos refugios, situados dentro de su mismo territorio».
