Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016, el proceso enfrenta un desafío: el asesinato sistemático de excombatientes de esta antigua guerrilla en distintas regiones del país. Han aumentado el número de denuncias por parte de los reincorporados a la vida civil sobre los atentados y la persecución que viven día a día.