La historia de Sumapaz está marcada principalmente por tres variables: la primera, el atractivo de la riqueza de sus tierras y sus aguas; la segunda, su cercanía con el centro de poder desde las épocas prehispánicas, centro que determina y subordina a Sumapaz en una dinámica de centro-periferia y de colonialidad; y tercera, la rebeldía de sus gentes, que se enmarca en procesos de luchas y resistencias campesinas que llevan más de cien años de historia.

La cuarta guerra

En la memoria de los sumapaceños de zona alta, diciembre de 1990 sería el inicio de la cuarta guerra que tendrían que vivir. El día 9 de ese mes se dio inicio a una operación militar clandestina que buscaba atacar al Estado Mayor de las FARC y aniquilar o capturar a buena parte de su secretariado.

El ataque en la región del Alto Duda provocó el rompimiento de los diálogos de paz de la Uribe y estaba dirigido contra los campamentos que supuestamente albergaban a las comandancias y la sede de negociaciones entre gobierno y guerrilla, llamada como Casa Verde. Luego, ante los resultados negativos de la incursión, el 17 de diciembre se desplegó el cerco de la operación buscando poder encerrar a algún comandante en la huida, esto implicó el despliegue militar en el corregimiento de San Juan de la Localidad 20.

“El 9 de diciembre estábamos allá, todo empieza con que la aviación lanzando bombas, todo el campesinado nos dispersamos (...) nos tocó salir huyendo, algunos con calma tratamos de rescatar algo para traer, tenía uno que pensar, que si se iba para otro lado tenía que llevar algo con que sobrevivir, vi campesinos corriendo con un costal en la espalda, con dos trapitos, con una gallinita”, relató a la Comisión un líder campesino de la región.

En el caso de San Juan, el recrudecimiento de la violencia hacia la población por parte de las Fuerzas Militares fue fuerte, posiblemente ante la presión y exigencia por resultados, pero también por ser una región histórica del Partido Comunista Colombiano (PCC) y la organización agraria.

Según el relato de varios pobladores, apenas escucharon los primeros bombazos y disparos, salieron a quemar y a esconder en el monte los libros que reflejaban su militancia comunista. Las casas de los campesinos fueron sometidas a allanamientos, muchas de ellas fueron quemadas. Además, varios líderes campesinos fueron capturados y torturados.

Líderes e integrantes de la comunidad manifestaron a la Comisión que cuando reclamaron por los malos tratos fueron víctimas de torturas y montajes judiciales por parte de la Fuerza Pública. También se denunciaron acciones de intimidación, robos de enseres, ganado y cosechas, acusaciones constantes de pertenecer a la insurgencia y contaminación de las fuentes hídricas de la comunidad. Esto provocó el desplazamiento masivo de la población de San Juan hacia Bogotá, Cabrera, Pasca o Fusagasugá.

Por otro lado, la estrategia de defensa de derechos humanos y de mantener los procesos organizativos a pesar de todo, estuvo en manos principalmente de Sintrapaz y la estructura del Partido Comunista, en articulación con las direcciones nacionales del PCC y la Unión Patriótica, llegando a concretarse en iniciativas como el evento denominado “Diálogos en Sumapaz”, en el cual se citaron distintos representantes de entidades del gobierno nacional, de la gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá para que escucharan las denuncias ante los desmanes del Ejercito Nacional.

A la cita acudieron alrededor de 3000 campesinos y campesinas, quienes realizaron las denuncias pertinentes. De igual manera, la organización campesina, en articulación con los comités de solidaridad con los presos, recogieron dentro de sus afiliados donativos a sus compañeros judicializados, continuaron la tarea de resolución pacífica de conflictos, y con estrategias comunitarias de cuidado como “la vigilancia organizada de masas”. También se opusieron abiertamente a la clandestinidad y desafiaron la legitimidad de los violentos.

Aunque en la década de los ochenta esta zona fue de paso para las FARC, tanto por su conexión con Bogotá, como por Posterior al desarrollo de la Operación Colombia, el despliegue de la guerrilla en la región de Sumapaz significó el fortalecimiento de Frentes como el 22, que ya hacía presencia en Cundinamarca y el Tolima. Esto implicó las tomas guerrilleras de los centros poblados de municipios como Cabrera y Cunday.

El desarrollo de la VIII Conferencia de las FARC, en 1993, marcó una nueva dinámica en la guerra. En 1994 la guerrilla realizó tomas en cinco centros poblados: Venecia, Villarrica, Cunday, Pasca y San Bernardo. Sus objetivos fueron la Caja Agraria o el Banco Cafetero, las alcaldías municipales y las estaciones de Policía.

El control del páramo le permitió a las FARC conectar los llanos orientales con el centro del país, tener un corredor ecológico propio desde el Caquetá hasta las goteras de Bogotá, y contar con la posibilidad de desplegarse fácilmente a municipios del departamento del Huila, el Tolima y Cundinamarca.

En estos años la guerrilla reforzó el control de los corredores montañosos que le permitían llegar a cualquiera de los municipios de la región y conectar con otras regiones que circundan Bogotá, como la provincia del Tequendama, Soacha y el oriente de Cundinamarca. También se ubicaron en San Juan de Sumapaz los frentes 51 y 52, y se instaló el Frente 55 en Cabrera, Pasca, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Villarrica, Cunday e Icononzo.

Aprovechando la tradición organizativa de los campesinos en estos territorios, y en muchos casos trabajando hombro a hombro con ellos, las FARC impuso su “orden” e impulsó la construcción y mejora de carreteras y acueductos. Además, pagaron salarios a los profesores de algunas escuelas, dotaron de útiles escolares a los niños de más escasos recursos e impartieron su modelo de “justicia” en la región.

En el año de 1997, las FARC, en una muestra de poder en la región, realizaron ataques a los centros poblados de los municipios de Venecia y Cabrera.

Esta nueva arremetida obligó al Ejército a replantear su estrategia militar, retomando los ataques a estructuras de la guerrilla y estableciendo el batallón de alta montaña en el año 2000, en la parte alta, conectando así el Alto Duda con Cabrera y oriente del Tolima.

Los años posteriores, marcaron un recrudecimiento de la violencia, con fuertes afectaciones a la población civil. Por un lado, las FARC incrementaron de manera drástica el cobro de vacunas, las extorsiones y los secuestros. El Ejército, por su parte, participó en incursiones, asesinatos de militantes del PCC y campesinos de zonas identificadas con presencia de las FARC.

Sumada a la violencia paramilitar que se daba en las partes bajas, que de acuerdo a los testimonios dejó alrededor de 60 asesinatos de población civil en el municipio de Arbeláez, y 280 asesinatos en el municipio de Silvania, se destacan las acciones violentas del Ejército contra la población de las zonas altas.

La Fuerza Pública se aunó a la histórica estigmatización anticomunista presentando montajes judiciales contra líderes sociales y perpetraron falsos positivos, torturas, allanamientos a las casas de la población campesina, abusos sexuales, pillaje (robo de ganado, cosechas, y de bienes al interior de viviendas y escuelas) y ocupación ilegal de predios.

Aunque la guerrilla de las FARC intentó retomar el control del páramo y generar nuevas rutas (atravesando las zonas más altas) para conectarse con el centro del país y la región, estas acciones no tuvieron los resultados esperados.