Samaniego fue un alto en el camino durante la avanzada del Frente Octavo de las FARC por Nariño. A finales de los años 80 la guerrilla ya hacía presencia en los municipios de El Tambo, Argelia, Balboa y en algunos municipios limítrofes con Nariño en la zona de cordillera (Leiva, el Rosario y Policarpa).

El panorama bélico se amplió con la llegada del Frente 29 a la región. Los guerrilleros buscaban cubrir el extremo occidental de la cordillera hacia el sur y occidente del departamento.

La ubicación estratégica de Samaniego permite el acceso hacia la zona andina por el municipio de Guachavés y Túquerres, así como hacia el piedemonte hacia Ricaurte, Mallama y Piedrancha. También la entrada hacia el Pacífico por el Telembí y su comunicación hacia el noroccidente con los municipios de la Llanada y Sotomayor.

Paralelamente al establecimiento de las FARC en Samaniego, el ELN iniciió la fundación del frente Comuneros del Sur. El accionar desde las milicias y el trabajo comunitario le aseguró a esta guerrilla la simpatía de la población de Samaniego y les permitió construir una red de apoyo en la cabecera municipal y en la zona de la montaña.

Las guerrillas también establecieron un control social a través de la administración de justicia y la imposición de normas de conducta en el municipio.

“Cuando cualquiera hace un error que no sea grave, lo castigan, también le ponen que vaya a trabajar tantos días a tal parte, o que vaya a trabajar, arregle un camino. […] Un civil que viole a una muchacha o a una señora, ahí si lo matan. Ahí sí lo matan, ahí si no hay nada que ver. […] Pero de la misma guerrilla, de los mismos guerrillos, en veces violan, ese también lo matan ellos”, relató a la Comisión un habitante de Samaniego.

La firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur, y la posterior legislación que dio paso a la contienda electoral a nivel municipal, generó nuevas condiciones políticas donde las guerrillas buscaron incidir expresando el apoyo a uno u otro candidato, así como con requerimientos donde pedían cuentas a los mandatarios locales por supuestos hechos de corrupción denunciados.

Con el tiempo, el interés de las guerrillas en los procesos electorales de Samaniego generó alianzas complejas que involucraron el poder de las armas en la confrontación política de la población.

La ilusión de un acuerdo de Paz

A principios de los años 90, las buenas relaciones de la comandancia de las FARC con las autoridades locales de Samaniego propiciaron la negociación de un acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y esa guerrilla en Nariño.

El proceso, intermediado por un senador oriundo de Samaniego y avalado por el ex presidente Cesar Gaviria, fue leído como un acto de insubordinación por parte del secretariado de las FARC, que ordenó la salida del comandante del territorio en 1993.

La situación generó una crisis dentro del Frente 29, que pasó de tener cien combatientes a sólo treinta unidades durante ese mismo año.

“El secretariado manda a una unidad para obligar a Joaquín a ir al secretariado, efectivamente se va y lo que decide el secretariado es dislocar todas esas unidades que habían estado con Joaquín y mandarlas a otros lugares, los trasladaban, pero la gente no iba para donde los trasladaban prefería desertarse”, relató a la Comisión un excombatiente de las FARC.

La crisis del Frente 29 duró poco. A partir de la Octava Conferencia, en 1993, las FARC se fortalecen y establecen la entrada del Frente 2 por el oriente de Nariño y Putumayo. La reconfiguración del Frente 29 y la presencia de otros escuadrones en el departamento permitieron a esta guerrilla generar acciones bélicas como el ataque en Puerres (1996), la toma de Barbacoas (1996) y la toma de Patascoy (1997).

Además de constituirse como un periodo de fortalecimiento de las guerrillas en Nariño, la década de los noventa se caracterizó por graves afectaciones a los procesos electorales. Al asesinato del alcalde Alejandro Bastidas por parte del ELN, en 1994, se sumaron secuestros y presiones que llevaron a la renuncia de algunos mandatarios y funcionarios públicos de la época.

La arremetida insurgente contra las administraciones locales también forzó a varios mandatarios a gobernar desde la capital del departamento.

“Creo que la mitad de los alcaldes tuvieron que vivir en Pasto, unos por la guerrilla y otros por los paramilitares, y no nos quedó otro camino, no podíamos ponernos a exponer a los alcaldes para que los mataran, los autorizamos para que pudieran vivir aquí en Pasto y a través del secretario que era un funcionario de menor rango pudieran mantener abierto el despacho”, manifestó un exmandatario.

Un funcionario público de la época consultado por la Comisión afirmó que el interés de las guerrillas por las administraciones locales estaba ligado a los réditos económicos que obtenían “a través de la vacuna a los contratos y a las obras”, es decir, el pago de impuestos por parte de políticos locales adinerados, constructores y empresarios.

Para el año 2000, el Frente 29 de las FARC había logrado una mayor injerencia hacia el norte de la cordillera en los municipios de Policarpa y Cumbitara, expandiendo su radio de acción hacia el Pacífico. Tiempo después, Samaniego se convirtió en el área de injerencia de la Columna Móvil Mariscal Sucre, la cual introdujo en el territorio una dinámica distinta de la guerra, relacionada con el momento de la confrontación armada por la presencia paramilitar y la expansión de las fuerzas militares en el departamento.

Las Autodefensas Unidas de Colombia llegan a Nariño a partir del despliegue que la “Casa Castaño” inició en 1997 hacia el sur del país.

El Bloque Libertadores del Sur nació en 1999 con el objetivo controlar la carretera que de Pasto conduce a Tumaco, tomando como uno de los lugares de permanencia el altiplano de Túquerres, donde, de acuerdo a las sentencias de Justicia y Paz, se encontraban algunos de los apoyos financieros para este despliegue paramilitar en Nariño.

Durante esta época, los comandados por Guillermo Pérez Alzate incursionaron en Samaniego para recuperar el territorio que había sido ocupado por el ELN y las FARC por más de una década. Un habitante contó a la Comisión que los paramilitares “eran bien grandes y paisas”, se movilizaban en camionetas y en grupos de cinco a siete personas.

Otro poblador aseguró: “La técnica de ellos era el tema de la sevicia, el tema de sufrimiento y el tema de dejar en la muerte algo simbólico, si, de que si ustedes siguen así, les va a suceder esto, entonces empezaron, pues, las masacres y todo”.

Si bien el número de homicidios reportados en la década del noventa aumentó por la presencia de las FARC y el ELN en el municipio (se pasó de 172 en 1988 a 853 en 1998), la cifra se triplicó con la llegada del paramilitarismo a Samaniego: se registraron 1.669 asesinatos en el 2000 y 3.445 en el 2002. Según la cifras del RUV.

El vínculo entre las AUC y el ejército en Nariño fue claro desde su inicio. Sentencias de Justicia y Paz mencionan que estas relaciones permitieron desarrollar actividades de logística e inteligencia para ingresar a los territorios, realizar operaciones conjuntas y el desarrollo de ejecuciones extrajudiciales que fueron posteriormente presentadas por el Ejército como muertes en combate.

En cuanto a la infiltración de intereses políticos en el accionar paramilitar, miembros del Bloque Libertadores del Sur (BLS) reconocieron ante Justicia y Paz haber perpetrado el asesinato del Defensor del Pueblo, Cesar Ordoñez, el 13 de agosto de 2002. La víctima, acusada de ser ideólogo del ELN,​​ había sido alcalde de Samaniego y era un líder reconocido en el departamento.

La persecución no se detuvo. De acuerdo con distintas versiones de líderes defensores de derechos humanos, existió en el departamento una lista de alrededor de cien líderes sociales que fueron amenazados y asesinados por el BLS, como parte de la operación Aldemar en el departamento. En el panfleto, creado por grupos de inteligencia militar y con información de políticos locales, aparecían líderes estudiantiles, sindicalistas y de organizaciones defensoras de DD. HH.

El 'Pacto local de Paz'

La propuesta llegó con la fuerza de la fuerza de la brisa que desciende de las montañas en Nariño. En 2004, durante la época más recia de la confrontación entre el paramilitarismo y las guerrillas, la alcaldía de Samaniego buscó establecer un “Pacto local de Paz” con los grupos armados para bajar la intensidad del conflicto.

Uno de los impulsores del Pacto contó a la Comisión, que con este acuerdo “logramos minimizar - no controlar - el impacto de la guerra y el conflicto armado en Samaniego, porque todos los grupos se comprometieron (FARC, ELN y paramilitares), y en los 4 años del pacto no hubo ataques a la población civil, no hubo ataques a la policía, se dieron varios ceses al fuego”.

Desafortunadamente, a partir del 2007 las divisiones entre los distintos grupos políticos del municipio no permitieron la continuidad del proceso, situación que provocó el rompimiento del pacto y el retorno de las viejas dinámicas del conflicto en la región.

El avance de las Fuerzas Militares y de los grupos de autodefensas en las zonas ocupadas por la guerrilla impulsó la instalación de minas antipersona como forma de control del territorio, fundamentalmente en la zona montañosa del municipio. De acuerdo con la base de datos del programa Descontamina Colombia, del Gobierno Nacional, en Samaniego se registran 119 víctimas de minas antipersona, de estas 96 son civiles y 23 de la Fuerza Pública. Después de Antioquia, Nariño es el segundo departamento con mayor número de civiles víctimas de estos artefactos explosivos en el país.

Al confinamiento y desplazamiento forzado del que fueron víctimas las familias del sector montañoso de Samaniego se sumó la agudización del conflicto entre los grupos guerrilleros y la ofensiva militar del Ejército.

La utilización de minas antipersona, la desaparición forzada, las masacres son hechos de la violencia que expresan los niveles de crueldad que alcanzó a tener el conflicto en estos años en la región. Cifras oficiales señalan que, a pesar de que las las autodefensas se desmovilizaron en el 2006, el pico más alto de homicidios en la región ocurrió en el 2008 por cuenta de los grupos residuales que se rearmaron para continuar la confrontación armada con las guerrillas.

La llegada y permanencia de los grupos paramilitares en Nariño estuvo relacionada con la expansión del narcotráfico hacia el sur occidente del país. Como lo expresan los mismos  excombatientes  en las versiones libres del proceso de Justicia y Paz, uno de los objetivos de su incursión en el departamento era “quitarle las finanzas, los informantes y milicianos al enemigo [… y] a largo plazo obtener el poder político a nivel municipal y departamental”.

El auge del narcotráfico transformó las dinámicas de las guerrillas y las formas de vida campesina de los pobladores de la región. “Allá en la zona montañosa cultivaban el plátano, la yuca, eh, también producían allá bastantes huevos porque criaban gallinas, cerdos, […] y ahora se ve pues que llevan de acá, ya no cultivan eso”, relató a la Comisión un habitante del municipio.

Con el auge del cultivo de la hoja de coca a partir del 2000, el rol de las guerrillas y los paramilitares en el negocio del narcotráfico se mecaniza: los grupos ilegales estaban a cargo del control del cultivo, de los canales de comercialización, entre otras actividades que evidencian cómo la economía cocalera se convirtió en una economía de guerra.

La salud de los campesinos también se ha visto afectada. El uso de agroquímicos para la siembra, deshierba y mantenimiento de los cultivos de coca se ha ido implementando para la producción y procesamiento de la planta. Los tóxicos utilizados desde el cultivo hasta la venta de la producción constituyen un riesgo para la salud de las familias de la zona.

Aunque inicialmente los campesinos vendían la hoja, seca y picada manualmente, con el tiempo la actividad ha alcanzado un grado de tecnificación que incluye desde sacar la base de coca, hasta la implementación de cristalizaderos para la extracción de la cocaína.

La inversión que implica el cultivo, la cosecha y el procesamiento para la obtención de base de coca hace que los campesinos trabajen a partir de préstamos: “Por lo menos, si va a sacar 15, está debiendo los 12 o los 13, por ahí le quedan 2 millones y eso para de ahí volver a reinvertirlo, eso solamente como pa vivir pagando […] la remesa, el transporte, el combustible, los venenos pa las mismas matas”, explicó un campesino a la Comisión. De acuerdo con este testimonio, un kilo de base de coca puede llegar a costar entre 2 y 3 millones de pesos, y 1 kilo de coca cristalizada puede costar entre 60 y 80 millones de pesos. No obstante, el proceso de cristalización implica una mayor infraestructura e inversión.

Las dinámicas la mafia de las drogas también permearon a algunas personas de los municipios que se fueron involucrando en el negocio, adquiriendo capitales, controlando fincas y adquiriendo armas para garantizar la seguridad de su producción. Esta “lumpenización” de los grupos armados, guerrillas, paramilitares y algunos miembros de la Fuerza Pública que se involucraron en el negocio, generó una dinámica compleja en el territorio que engrana el conflicto armado con la guerra de las bandas que controlan el narcotráfico.

El 2008 es un año central para entender la dinámica de las drogas como escenario de aceleración del conflicto armado en Samaniego. De acuerdo con un informe de la UNODOC, en este año se registró un crecimiento significativo de los cultivos de hoja de coca en el municipio, se pasó de 24 hectáreas en el 2007, a 120 hectáreas en el 2008. Durante ese mismo periodo de tiempo también se reportó el mayor número de víctimas del conflicto en la región. El Registro Nacional Integral de víctimas (RNI) reporta que el número de homicidios pasó de 1.007 en el 2007, a 3.999 en el año siguiente.

La expansión de los cultivos hacia el Pacífico es coincidente con el incremento de cultivos en el piedemonte del municipio de Samaniego, llegando a 531 hectáreas en 2010 y 551 en 2011. Podríamos decir que el interés económico detrás de los cultivos de uso ilícito se disputa entre los distintos actores armados, sean estos las guerrillas de las FARC y el ELN y grupos paramilitares postdesmovilización como Rastrojos y Águilas Negras.

Por otro lado, si bien los gobiernos departamentales en Nariño han buscado plantear una posición crítica frente a los procesos de erradicación forzada, las incursiones armadas del Ejército en esta dinámica de erradicación, así como las aspersiones aéreas no han logrado detenerse.

Después de la desmovilización de las FARC en el 2016, el fortalecimiento del ELN y los grupos paramilitares ha recrudecido la violencia en la región. Aunque el número de víctimas entre el 2015 y el 2016 tiene un descenso considerable (según el RNI se pasó de 1.726 a 600 homicidios), hechos recientes como la masacre ocurrida el 15 de agosto del 2020 donde fueron asesinados 8 jóvenes, y los enfrentamientos ocurridos el 23 de marzo del 2021 evidencian la persistencia del conflicto, en una disputa por el control del negocio de las drogas. ​​