En un contexto de desgaste político tras el fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP, el cambio geopolítico posterior a los atentados del 11 de septiembre en EEUU que transformó la agenda internacional hacia la lucha antiterrorista y el apoyo financiero y militar de Estos Unidos al Plan Colombia, llegó a la presidencia, en agosto de 2002, Álvaro Uribe Vélez, quien puso en marcha la política de Defensa y Seguridad Democrática, planteada desde la lucha contra el terrorismo y en pro de la derrota militar de las insurgencias.

Bajo esta política se desarrolló el denominado Plan Patriota, que ejecutó operaciones militares destacadas, como la Operación Libertad. Este plan significó un ejercicio de despliegue de la Fuerza Pública en el marco de la contrainsurgencia, contra el denominado “Plan Estratégico para la Toma del Poder” (PETP), concebido y puesto en ejecución en la VII y VIII Conferencias de las FARC-EP, en 1982 y 1993, respectivamente. El Plan Estratégico de las guerrilas buscaba cercar y tomar la capital de la república.

El Plan Patriota, calificado como “el plan más exitoso de los últimos años del conflicto colombiano desde el punto de vista estratégico, conducción, ejecución y resultados”, se desarrolló a través de tres fases, las cuales buscaban engranar en diferentes momentos el despliegue territorial, la infiltración y trabajo de inteligencia, y el copamiento de los territorios en los que las FARC-EP, con sus Bloques Oriental y Sur, venía ejerciendo poder territorial.

La primera fase, “Alistamiento y Despliegue”, impulsó el programa “Soldados de mi pueblo” y puso en marcha el Plan Meteoro para el retorno de gobernantes locales en las zonas de mayor conflictividad. La segunda fase, denominada “Debilitamiento”, agenció una acción ofensiva con eje en la Operación Libertad I, en Cundinamarca, trasladando el accionar hacia los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Tolima, Putumayo y Huila, en este último se ejecutó la operación Aurora en 2004.

Finalmente, la tercera fase fue llamada “Consolidación” y buscó la derrota militar del enemigo, forzando a las FARC a unas nuevas conversaciones de paz con el Estado colombiano.

Sin embargo,el despliegue de varias operaciones del Plan Patriota, al margen de los resultados militares alcanzados, óptimos desde el punto de vista institucional, constituyó la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en los pobladores de la región centro, donde confluyó la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos, torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, violencias basadas en género y sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, amenazas, entre otros.

Los departamentos de Cundinamarca y Huila fueron testigos directos del despliegue territorial del Ejército Nacional y de las acciones guerrilleras que se dieron como respuesta a este.

El despojo de La Palma

Un primer gran hecho que puede entenderse como antecedente del despliegue de las operaciones militares contra el cerco de las FARC ceñido sobre Bogotá es el desplazamiento forzado masivo en el municipio de La Palma, Cundinamarca, realizado entre 2002 y 2003, por el Bloque Cundinamarca. Este hecho afectó al 90% de la población y estuvo asociado al ejercicio de control territorial que el Bloque Cundinamarca del Ejército llevaba a cabo en Yacopí desde los años 90.

“Eso prácticamente las veredas quedaron desocupadas, eso salieron más de qué, como 1000 personas, casi todo el pueblo salió porque como todo a mundo desplazaron ellos”, comentó a la Comisión un habitante de la región.

Para toda la región centro, según el Registro Único de Víctimas, el principal hecho victimizante ocurrido en el período 2002-2006, de despliegue del Plan Patriota, también fue el desplazamiento forzado, siendo el departamento del Tolima (16.538) el que presenta mayor número de registros, seguido por Cundinamarca (11.376), Huila (10.677), Boyacá (6.648), Bogotá (790), y los municipios de Cubarral y La Uribe (676), del Meta, que pertenecen a Sumapaz.

En el municipio de La Palma, los primeros desplazamientos comenzaron en el año 2000 en la vereda La Marcha, por los combates entre el Bloque Cundinamarca y el Frente 22 de las FARC. Durante los dos siguientes años, los habitantes de las diversas veredas del municipio también fueron víctimas de desplazamiento, amenazas, torturas, homicidios selectivos, secuestros y desapariciones forzadas.

Los paramilitares llegaron pocos meses después. El grupo llegó a la vereda la Hoya de Tudela, a 10 km del casco urbano de la Palma, en agosto de 2002. Los hombres estaban al mando de alias Tumaco, quien citó a los 62 habitantes de la vereda a una reunión donde les dio la orden de desalojar sus casas.

El desplazamiento forzado masivo de La Palma antecedió el despliegue del Plan Patriota, con las operaciones Libertad. Esto significó que para los primeros años de los 2000 se involucrara la Fuerza Pública dentro de los principales responsables de la ocurrencia de hechos victimizantes en los departamentos del centro del país, especialmente Cundinamarca y Huila.

 

La Operación Libertad I comenzó con un despliegue en diferentes municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas y Santander. Se trató de la estrategia militar más significativa y con mayores resultados dentro del Plan Patriota.

El objetivo de la operación, según el Plan de Campaña Simultánea “Libertad Uno” de la V División, citado por Medina (2018), era el de “debilitar las organizaciones narcoterroristas y obligarlas a desmovilizarse para negociar con el gobierno bajo las condiciones que éste imponga”.

 

La Operación Libertad I contó con tres fases: la primera consistió en la preparación, alistamiento y despliegue de las fuerzas militares entre el primero de enero de 2003 y el 30 de junio de 2003. Durante este periodo se buscó incrementar la información de inteligencia sobre las FARC y preparar las tropas, materiales y equipos necesarios.

 

El segundo momento consistió en la aplicación de una acción ofensiva y contundente con acciones complementarias de sostenimiento entre el 1 de julio de 2003 y el 31 de diciembre de 2003. Estas operaciones buscaban la ocupación y destrucción de objetivos insurgentes en el oriente y occidente de Cundinamarca y luego en Sumapaz.

La tercera fase comenzó el 1 de enero del 2004 y “supuso el control del territorio a través de la acción integral más que por la presencia militar”. También contó con la consolidación de un programa de soldados campesinos titulado “Soldados de mi pueblo” que buscaba que los jóvenes de los territorios, que antes del 2002 no contaban con una presencia fuerte del Ejército Nacional, pudieran prestar el servicio militar en las bases militares cercanas a sus lugares de origen. En la Operación Libertad esta figura alcanzó escala de masas: los soldados se asentaron en las cabeceras municipales, podían apoyar a la policía en caso de algún ataque y cortaron a las FARC las posibilidades de abastecimiento.

A través de la Operación Libertad I se buscó quitar corredores de movilidad a la guerrilla y dar de baja a quienes participaban en las hostilidades. Las acciones del Plan se desarrollaron en la mayoría de provincias de Cundinamarca y contra los Frentes 22, 42, 51, 52, 55 y 53 de las FARC-EP. La respuesta armada del Ejército involucró a la FUDRA (con las Brigadas Móviles 2 y 3)y a la Brigada 13 con el Batallón Aerotransportado N° 28.

En la provincia de Sumapaz, las operaciones Libertad se desarrollaron en los municipios de Venecia, Cabrera, Silvania, Fusagasugá, Tibacuy, Pasca, Arbeláez y San Bernardo, estos tres últimos se configuraron en una zona estratégica de operaciones de las Fuerzas Militares.

Varias fuentes consultadas por la Comisión manifestaron que en muchas ocasiones la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) realizó operaciones de ataque a la guerrilla en colaboración con estructuras paramilitares.

“El Ejército colaborándole a los paramilitares, porque nadie lo puede negar que los paramilitares trabajaban con el Ejército, entonces ese fue el problema. Los paramilitares, los comandantes del Ejército estaban con helicópteros por encima y los paramilitares a pie dándole plomo a la guerrilla, un día mataron por acá, en una montaña de estas mataron 18”, comentó un habitante de la región.

De hecho, el Tribunal Superior de Bogotá menciona que el comandante de la estructura paramilitar de la zona, en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz, dio cuenta de la relación: “Luis Eduardo Cifuentes, indicó que prestó patrulleros de las ABC que sirvieron como guías del Ejército para ubicar los campamentos de la guerrilla. Esto refleja que [sic] un principio, las relaciones entre el Ejército y las ABC, mientras hacían la incursión territorial en las regiones del Rionegro y Bajo Magdalena, fueron de colaboración”.

Por otro lado, en la provincia de Sumapaz, los relatos muestran cómo las acciones violentas del Ejército Nacional contra el campesinado de las zonas altas incluyeron montajes judiciales (con las consecuentes vulneración al derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad), bajo supuestos testimonios de desmovilizados, también falsos positivos ligados a torturas, violencias basadas en género, especialmente violencia sexual, y una violencia constante y de manera cotidiana ligada a allanamientos a las casas de la población campesina, con requisas, intimidaciones y pillaje (robo de ganado, cosechas, y de bienes al interior de viviendas y escuelas), así como ocupación ilegal de predio.

En estos hechos se violó la libertad personal y quebrantaron las garantías judiciales, además de profundizar en la estigmatización sobre la población, la cual pervivió por décadas, reforzando estereotipos ya presentes, principalmente entre la fuerza pública.

Aunque para las fuerzas militares la efectividad del despliegue del Plan Patriota resulta incuestionable, ya que en materia de resultados militares se adelantaron operaciones que dieron de baja a 225 personas, (entre los que se encontró en 2003 Carlos Osorio Velásquez, alias Marco Aurelio Buendía, jefe del Comando Conjunto Occidental y del Frente 22 de las FARC) y permitieron la captura de cerca de 260 integrantes de la guerrilla activos en hostilidades, es preciso señalar que estrategia también estuvo marcada por la vulneración de los derechos de la población civil que habitaba las zonas donde se ejecutó.

Así pues, mientras en Cundinamarca se desarrollaba la Operación Libertad, en el departamento del Huila se realizaron operativos conjuntos entre fuerzas militares, Policía y organismos judiciales en corredores estratégicos de las FARC, que derivaron en la detención de decenas de civiles (principalmente campesinos) señalados de pertenecer a las milicias.

Para el magistrado Jesús Ángel Bobadilla Moreno, las detenciones masivas, dentro de la política de Defensa y Seguridad Democrática, fueron “una consecuencia directa del desarrollo de las líneas de acción de esta política de estado en la medida que su justificación e implementación por el gobierno nacional se fundamentó en la necesidad de combatir el terrorismo”.

 

 

Durante esta época, entidades como la Procuraduría General de la Nación y organismos internacionales denunciaron que “el Gobierno y la Fiscalía General continuaron utilizando procedimientos masivos y sistemáticos de allanamientos y detenciones sin los fundamentos probatorios adecuados, muchas veces basados en informes de desmovilizados o reinsertados y en los archivos de inteligencia militar”]. Este llamado obedeció a que la Operación Aurora y otros operativos que ocurrieron en el departamento y el país, estuvieron soportados en señalamientos hechos por informantes y reinsertados, quienes a cambio de recibir rebajas de penas y/o prebendas económicas, entregaron listas de decenas de personas a las autoridades.

La Comisión también pudo verificar que sólo al 2% de las personas capturadas durante esta época en el centro del país, acusadas de colaborar con las FARC, les fue comprobada su participación efectiva en estos hechos. Varios de los detenidos, tanto de la Operación Aurora, como de otras que se dieron durante este periodo en el departamento del Huila (Marte, Reflejo, Margareth), señalaron que sufrieron interrogatorios ilegales, presión para entregar nombres, tortura, violencia sexual (uso de bolsas con jabón en polvo e introducción de elementos en el cuerpo), sometimiento al escarnio público a través de los medios de comunicación (publicación de listados con nombres y apellidos) y otros maltratos al interior de la cárcel que vulneraron su dignidad humana.

Por otra parte, el discurso institucional frente a la necesidad de acabar con el “principal problema del país”, legitimó el accionar del Estado, el cual se exacerbó en las zonas consideradas como “rojas” o de presencia histórica de las insurgencias, punto en común entre los dos departamentos.

La percepción de retoma del control del Estado se dio no sólo por los resultados contundentes que entregaron las fuerzas militares, sino por el papel que jugaron los medios de comunicación, quienes presentaron dichas operaciones como grandes despliegues contra las estructuras de informantes de las FARC, restando visibilidad a las violaciones a los derechos humanos y a las denuncias de las afectaciones individuales y colectivas en dichas comunidades.

Las operaciones del Plan Patriota generaron afectaciones relacionadas a la privación de libertad, con repercusiones individuales y colectivas en las comunidades y su tejido social. Hubo cargas emocionales que se materializaron en altos niveles de estrés, depresión, inseguridad para las familias, alteraciones en las economías familiares a raíz de las obligaciones económicas propias de los procesos judiciales.

Dentro de las afectaciones relacionadas con la violación a los derechos humanos también se logran identificar las relacionadas con el refuerzo de la estigmatización. En Cundinamarca, en municipios como Pandi y Arbeláez, y en otros de las partes altas de Sumapaz, sus pobladores fueron tildados de guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Lo mismo se presentó en municipios como La Palma, El Peñón y Viotá.

Con relación a las dinámicas de desplazamiento que implicaron las operaciones militares, las personas que salieron de las regiones a causa de hechos victimizantes fueron señaladas como guerrilleras por migrar de “zonas rojas”. Un joven de la región de Sumapaz contó a la Comisión cómo, al entrar a prestar el servicio militar, fue señalado de guerrillero por ser oriundo del municipio de Cabrera.

Por los desplazamientos también se identificaron afectaciones psicológicas y desarraigo de los territorios. Muchas mujeres, ante la necesidad de resguardar su vida a raíz del asesinato de algún familiar, huyeron junto a sus hijos e hijas, esto sumado a las violencias sexuales de las que fueron víctimas directas algunas mujeres por parte de las Fuerzas Militares.

Gran parte de estas afectaciones actualmente no se han podido tramitar por la ausencia de atención en temas psicosociales por parte de las entidades del Estado. Por ejemplo, en la Localidad 20 de Bogotá se presentan altos índices de suicidios relacionados con crisis de ansiedad, depresión y falta de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

A nivel comunitario, los impactos incluyen la culpabilidad colectiva, el ambiente de desconfianza, y el freno a procesos sociales y liderazgos. Situaciones que estuvieron presentes en toda la región centro.

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región no pararon con el cierre de las operaciones Libertad I y Aurora. Por el contrario, en el Sumapaz se mantuvo la sistematicidad de las violaciones a derechos humanos con operativos militares hasta finales de la década de los 2000, perpetrados por la Brigada XIII. Su propósito era socavar a una población considerada colaboradora y cercana a las FAR, específicamente en la Localidad 20 de Bogotá, El Alto Duda, en La Uribe; y La Totuma de San Luis de Cubarral, Meta, lugares en los que la estigmatización histórica a la tradición comunista se daba con mayor fuerza.

A lo largo de la década de los 2000 en la región centro se presentaron casos de falsos positivos, como el del dirigente campesino del Alto Sumapaz, Víctor Hugo Hilarión, quien fue torturado y asesinado el 10 de enero de 2012 por unidades del Ejército que operaban en la cuenca del Río Nevado, que contempla el territorio de La Totuma, del municipio de San Luis de Cubarral, perteneciente a la región del Sumapaz desde el departamento del Meta. Hilaron era afiliado del Sindicato Agrario (SINTRAPAZ) y su asesinato se presentó como una baja de un guerrillero caído en combate, en el marco de la política de “prosperidad democrática”. Este caso se relaciona directamente con su militancia organizativa y filiación política, perpetuando la estigmatización sobre las comunidades.