El paro cívico de 1972 en Arauca levantó una ola de persecución y estigmatización contra campesinos y líderes de movimientos sociales de la región. La dirigencia del paro fue perseguida, algunos encarcelados y torturados, lo que influyó en una apuesta desde unas comprensiones reivindicativas distintas a la legalidad estatal por parte de algunos líderes.

“En esa época ya empieza a haber una influencia política por intermedio de un compañero que había estado en Cuba, Raimundo Cruz. Era de la primera brigada José Antonio Galán del ELN y él empieza a trabajar con nosotros”, comentó a la Comisión un fundador del frente Domingo Laín del ELN.

La historia del ELN en Arauca crece y se entrama con las necesidades del territorio y las masas. Durante los años 60 y 70 se cultivaron en el Sarare generaciones cuya presencia, autoridad y referente fue el liderazgo social, campesino que abogaba por una reivindicación social, política y económica en el territorio. En Arauca, a su vez, dirigentes campesinos de la ANUC, Coagrosarare y las JAC veredales, como Efraín Pabón, Raimundo Cruz y William Ospina ingresan al ELN en 1972.

“En el Sarare estaba cogiendo raíces [el proceso de consolidación de la guerrilla], y lo que más nos dio luces fue toda esa información sobre el Frente Unido [del Pueblo], el periódico de Camilo Torres y lo que planteaban los camilistas, toda esa literatura sobre Camilo. [...] Nosotros ya después hacíamos jornadas de estudio en colectivo, nos reuníamos en Saravena o en una finca y estudiábamos, ya estudio político” dijo un fundador del domingo Laín.

El origen de las FARC en la región, por su parte, está ligado a las directrices establecidas en la VI y VII conferencia. Fue así como en 1980 se toman el municipio de Fortul, mostrando el nacimiento del Frente 10. Al igual que el ELN, en 1978 la guerrilla adoptó una estrategia política de “trabajo de masas” en las zonas de colonización agrícola del país, lo que les significó autoridad, cercanía y legitimación de su presencia en el territorio. Esta sería una de las explicaciones de la fortaleza política que tendría posteriormente la Unión Patriótica en la región.

En 1985, se conforma el frente 45 de las FARC-EP en Arauca y para ésta época inician las tensiones con el ELN. “El Frente 45 se establece de Saravena para arriba, por el lado de Margua, Bojabá y toda esa región y el décimo opera más abajo, de Puerto Nariño, para abajo. Y resulta que hubo un problema y es que dos familias en la orilla del Banadias, donde desemboca el Banadias al Arauca, se llama la Bocas del Banadias, hubo dos familias: la una se mete con el ELN y la otra con las FARC, pero tienen contradicciones por el lindero, por la vaca, por celos, por güevonadas y habían tenido peleas. Entonces, cuando ya todos tuvieron fierros, a diario era que se mataban. Enemistades fuertes”, contó a la Comisión un fundador del ELN en la región.

Los primeros pasos de la insurgencia se enmarcan en considerar las condiciones vulnerables de las comunidades, luego se establece a través del trabajo con éstas, crea lazos de camaradería, adoctrinamiento ideológico y político, aún no armado. Los lenguajes y vías de hecho acordes al contexto y la realidad de las personas son fundamentales en su tarea como insurgencia. En otras palabras, se crea una especie de red social.[1] El discurso sobre la “reivindicación de las masas” a través de las armas, se hace retórica en los grupos insurgentes y llama la atención en las comunidades como manera de interpretar la realidad, además de alternativa ante el problema de conflicto social que se presenta.

Pero, para que un grupo guerrillero se mantenga en su lucha se necesita financiación, las técnicas usadas en Arauca fueron dadas por la extorsión, secuestro, impuestos de guerra, y, además, la captación de las rentas del petróleo y el erario público. Así que, la consigna de la guerrilla fue y ha sido, “quien no está con ellos, está contra ellos”, entonces las comunidades fueron presionadas para “colaborar con la causa”, unos lo harían por sobrevivencia, algunos por intereses de poder político, social o económico, unos muy pocos por convicción y una inmensa mayoría, de manera inmediata, fueron expuestos a hechos violentos por su imparcialidad.

En 1983, en el marco de la “Reunión Nacional de Héroes y Mártires de Anorí”, con propósito de expansión territorial sobre los lugares de producción minero – energéticos, entre ellos caso Arauca, el ELN secuestra a cuatro ingenieros alemanes de la Compañía Manesmann que en asocio con la italiana Sicim, estaban construyendo el oleoducto que llevaría el crudo desde Caño a limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre). De este secuestro, el Frente Domingo Laín derivó millonarios recursos. Se habla de un pago 2 millones de dólares, en esa época, la guerrilla se disparó en poder político y económico en Arauca y recobró vigor nacional.

Tiempo después, en 1989 se da el magnicidio del obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, por parte del ELN.[2] Esto llevó a un rechazo contundente de las comunidades de la iglesia, así como de la comunidad internacional. Con este hecho el ELN demuestra a la institucionalidad del Estado su control violento en el territorio y una imposición de órdenes con carácter violento sobre las comunidades y sus autoridades.

Fortalecida la guerrilla en la región, con las rentas del secuestro, petróleo, extorsión y expansión, así como de las relaciones con algunos sectores sociales y políticos, le permitieron contar con una estrategia de captación del poder local. De ahí que desde 1988 el ELN, con su estrategia política, desarrollará en Arauca una estrategia electoral para permear la política araucana, para afirmarse en la esfera política y lucrarse a través de la captura de rentas públicas y no solo del petróleo.

El fenómeno del control político en la región comenzó a suscitar, más que una cooptación de la política araucana, una estrategia de los grupos armados que Peñate (1991. 1998) menciona como, “clientelismo armado”. Se trata de una práctica de dar un visto bueno de poder, dada las facultades de pseudo Estado que tiene la guerrilla en la región, asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios como lo que ya ingresaba por presupuesto del erario público y regalías. De hecho, existen investigaciones y sentencias por vínculos de líderes políticos con las guerrillas, entre ellos, el exgobernador Vicente Lozano y Gustavo Carmelo Castellanos.

Y la cooptación en la política en Arauca se volvió un escenario violento para los lideres políticos entre 1988 y 2013 fueron asesinados más de 25 líderes políticos del Partido Liberal. Veinte de estos hechos son atribuidos al ELN. En el caso de la UP y el Partido Comunista, 45 de sus líderes también fueron víctimas de homicidio. Al ELN se le responsabilizó en 26 casos.

El ELN y las FARC-EP era la ley y el orden en muchas comunidades, dado que la presencia institucional en los aparatos de la justicia y organismo de control eran escasos y tardíos, a esto se sumaba la estigmatización y persecución por parte de la Fuerza Pública de la que eran víctimas las comunidades de la región.

Desconocer los planes estratégicos del otro grupo insurgente fue un elemento determinante para el enfrentamiento entre las FARC-EP y el ELN. Entre 1998 y 2002, en el contexto de la zona de despeje del Caguán, se dio un ascenso y fortalecimiento significativo a nivel militar y control territorial por parte de las FARC-EP en el departamento de Arauca, con los frentes 10 y 45. Sin embargo, aunque el ELN tenía el control de la política araucana, las políticas militares del gobierno Pastrana y los cambios tácticos de las Fuerzas Militares impactaron significativamente a esa guerrilla.

Las primeras tomas guerrilleras se registraron a finales de la década del 80. Algunas de las incursiones en Puerto Rondón (1998,1999 y 2000), Cravo Norte (también 1998,1999 y 2000 ) y Cubará (1997) fueron advertidas. De acuerdo con habitantes de la región, era usual la utilización de cilindros bombas como mecanismo de intimidación, su propósito era la toma del pueblo como demostración de poder, además de los daños a la población civil, se vieron afectadas las entidades públicas, el comercio, las iglesias. Los moradores también eran presionados a filiarse a una de las dos guerrillas. La región estaba bajo un régimen insurgente.

Con la expansión y fortalecimiento de las FARC-EP, desde 1998 se manifiestan ya disputas con los planes estratégicos del ELN, relacionados con el control territorial, las rentas devengadas del petróleo, el erario público, el control a las administraciones públicas locales y el manejo de la frontera para economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando. Durante este periodo, simultáneamente, se da el despliegue paramilitar, campaña iniciada por los hermanos Castaño, dicha proyección fue designada a los hermanos Mejía Múnera, a través del bloque vencedores de Arauca y como segundo al mando, Orlando Villa Zapata, alias “la mona”. El número de hechos victimizantes se incrementaron en la región.

Según datos desclasificados del gobierno de los EEUU, el ELN y las FARC-EP, desde 1995 en adelante fueron tiempos de tensión y discrepancia, tal es el caso de la solicitud de las FARC-EP al ELN de distribuirse las rentas del petróleo, pero el ELN no aceptó, lo que llevó no sólo a la tensión sino a que, las FARC-EP decidiera atentar contra el oleoducto.. Este es un hecho que explica el crecimiento en número de atentados hasta 2001, año en el que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia deciden militarizar el tubo del oleoducto.

Desde la década del noventa en Arauca se presentó un cultivo dinámico de la hoja de coca y de procesamiento de la pasta de coca. La frontera, por su parte, fue usada como corredor para el transporte y comercialización de estos elementos.

Los años con mayor presencia de cultivos de uso ilícito en la región son los de la primera década del 2000, en municipios como Arauquita, Fortul y partes de Tame.

Ante las precarias situaciones sociales y políticas del campesinado, la coca se vio más rentable. Traída al territorio por sembradores colonos, provenientes de experiencias en el Meta y Santander, el cultivo de la hoja comenzó a posicionarse como un generador de dinero, pero simultáneamente se vio la degradación de las relaciones sociales, la creación de prostíbulos, alcoholismo y disputas entre ciudadanos.

Caseríos como el Oasis, Aguachica, los chorros, dominaba el cultivo y la comercialización de la hoja. Había laboratorios, cocinas y pistas para el aterrizaje donde se recogía la mercancía. “Los dos grupos, ellos eran los principales que se beneficiaban de la coca, era su economía. Ellos manejaban toda la base o la mercancía que sacaban … ellos la compraban y la vendían”

La coca salía primero para Haití, por Colombia y Venezuela, para luego ser distribuida a nivel mundial. Sin embargo, las tierras y pobladores fueron altamente afectados en su salud desde las primeras fumigaciones con glifosato, 17 de septiembre de 2003, con la denominada “Operación Luna Roja” y Borrasca.

No obstante, las rentas por el cultivo y procesamiento de la hoja de coca generaron más tensión entre los dos grupos; las FARC-EP, tenía el control del cultivo en cabeza del Frente 10, y el ELN cobraba un gramaje por el cuidado y paso por los territorios.

La tensión se hizo más fuerte cuando el ELN decide comenzar a erradicar la coca (2005-2007). La guerrilla tuvo como proceder éste ejercicio de erradicación en el departamento, muy cercano a lo sucedido en la Sierra del Perijá, allí el mismo grupo no permitía, siquiera, el cultivo de la coca, marihuana o amapola.

En 2003, en la vereda Filipinas, municipio de Arauquita, sucedió un fuerte enfrentamiento entre milicianos de las FARC-EP y ELN. Durante este mismo año es robada una caleta con armas AK 47 al Frente 28 de las FARC-EP, situación que reconoció el ELN.

Estos hechos llevaron a que el bloque oriental a ordenar al Frente 10 sacar del territorio al ELN con apoyo de la columna móvil Alfonso Castellanos. La otra guerrilla, por su parte, respondió moviendo de Casanare hacia Arauca al Frente José David Suárez, que se unió con el Domingo Laín. Como parte de esa estrategia, alias el “Che”, comandante de las FARC-EP, muere asesinado a manos de alias la “Ñeca” (2006), uno de los comandantes del ELN en Arauca.

En 2007 las FARC-EP realizan dos paros armados que afectaron la movilidad y el suministro de alimentos a las comunidades. Al año siguiente, según archivos de DD.HH. del Gobierno Nacional, citando a la Defensoría del pueblo (2008), aumenta la siembra de campos minados en los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita (también en Tame y Fortul) como estrategia de contención del enemigo en las zonas de control estratégico de las guerrillas.

Entre 2006 y 2009 también se incrementaron los asesinatos de líderes sociales, políticos y comunitarios en los territorios. Según reporte de FEDEJUNTAS Arauca, durante el enfrentamiento sucedieron más de 50 asesinatos al liderazgo de las Juntas de Acción Comunal. Esta estrategia era recíproca entre los dos grupos, se asesinaba a los líderes por causar daño moral y de guerra en el territorio, así como una estrategia de las guerrillas de controlar las administraciones locales, y por esta vía los recursos públicos que les permitieran financiar su accionar en el departamento.

Además, aumentaron las estrategias de reclutamiento a menores de edad. De acuerdo con el Observatorio del Centro de Memoria y Conflicto, contrastado por la Comisión de la Verdad con las cifras de la Unidad de Víctimas, alrededor de 514 menores de edad fueron reclutados entre 1985 y 2016, siendo el periodo de enfrentamiento entre los dos grupos el de mayor ocurrencia de este fenómeno.

Según la unidad de víctimas, entre 2005-2011, el total de hechos victimizantes reportados sobrepasan los 72.426, siendo el punto de pico el año 2007, periodo de recrudecimiento del conflicto. Por otra parte, las agresiones a los bienes de las organizaciones civiles y sociales, estigmatizadas y acusadas de ser parte de algún grupo armado, no se hicieron esperar. El irrespeto violento a las personas trabajadoras de las empresas y sus bienes fueron objetivo mutuo de agresión, se destacan los hechos ocurridos a la cooperativa COAGROSARARE, la empresa de servicios públicos ECAAAS E.S.P., las emisoras comunitarias, las asociaciones como ASOJER, Fundación Joel Sierra, ASONALCA, ACA y comunidades étnicas fueron afectadas.

El cese al enfrentamiento de las guerrillas se da con el acuerdo de no agresión firmado por el comando central de las dos partes en 2009. El pacto, denominado “No más confrontación entre revolucionarios (2010)”, se logró gracias a la persistencia de tres agentes: la iglesia católica, la sociedad civil y la Comisión de Conciliación y Paz.

Sin embargo, después del acuerdo de 2010, y la disminución del conflicto, se siguen presentando pugnas entre milicianos y hechos victimizantes a las comunidades. El plan conocido como los tres mosqueteros (3 del ELN y 3 de las FARC, para la reparación) que, tenía como propósito devolver lo tomado a las comunidades se fue realizando durante 2011. Esta fase, que se podría denominar de transición, hace parte del todo o complejidad del conflicto aún, porque, se vincula a procesos de una llamada ‘reparación’ por los hechos realizados y la desconfianza y herida de la población.

El portal virtual Verdad Abierta, señala que, el encuentro de los comandantes de la región para el acuerdo de cese al fuego entre los dos grupos se dio en la frontera, además menciona que, acordaron cómo dividirían su accionar en el territorio. Y acordaron que las FARC-EP estaría en la zona de Cravo Norte, el suroriente de Tame, Puerto Rondón y un trecho de Arauquita, desde la inspección de Aguachica hasta Panamá de Arauca, mientras que, el ELN se quedaría con los municipios del piedemonte Llanero. Sin embargo, quedaron dos puntos en discusión, el manejo de la frontera y el tráfico de gasolina. Cuenta el portal que, alias ‘Pablito’ les notificó a los guerrilleros de las FARC que no cedería este negocio y su interés era seguir controlando el contrabando de gasolina, especialmente en los pasos fronterizos de El Amparo, Isla Reinera, La Victoria, Puerto Contreras y Puerto Lleras.

Actualmente, después de la firma de los Acuerdos de la Habana, los grupos guerrilleros consolidaron una tensa paz, abonada por límites fronterizos, que tiene alto riesgo de incumplimiento. El imaginario y discurso de las guerrillas en el departamento quedó ratificado como fallido, incoherente y de círculos de violencia, sin embargo, con todo un poder intimidatorio y de terror a la población a través de la violencia y las armas. Así mismo, una sociedad civil fracturada, con los mismos problemas sociales y ahora psicológicos y emocionales que se ampliaron, quedando todo un departamento herido en su humanidad.

En la frontera por el Arauca hacen presencia grupos armados, como el Frente Domingo Laín del ELN, el Frente Décimo Martín Villa, conformado por disidencias de la extinta FARC-EP (antiguos Frente 10 y 45), además de un segundo grupo llamado “Nuevo Ejército del Pueblo”, conformado también por un grupo de excombatientes FARC-EP. Unido a ello, según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, también existe presencia de las denominadas “Águilas Negras”, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, además del cartel de Sinaloa con rutas de narcotráfico desde el Guaviare para sacarlos por la frontera de Arauca, sabanas de Cravo Norte, para al Estado Apure Venezuela.

Existen a voz de los pobladores de lado y lado de la frontera y medios de comunicación, certezas sobre la anuencia entre militares venezolanos y actores armados colombianos para el contrabando de la gasolina, ganado y alimentos; además por parte de los grupos armados, el tráfico de armas, personas y narcotráfico. En el último informe de HRW se señalaba, cómo para el paso del río hay que pagar un impuesto a los grupos ilegales.

Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se debe tener en cuenta que en este momento existe un debilitamiento del pacto de no agresión entre el ELN y las disidencias, pues hay uso de minas antipersona, presiones a las comunidades y a líderes sociales. Unido a ello se presenta el reclutamiento forzado de menores de edad, además de vinculación de migrantes venezolanos a los grupos armados ilegales.

El ELN se encuentra en disputa con las Disidencias de las FARC-EP el frente 10 y frente 28, desde el 02 de enero del 2022, de acuerdo a cifras del observatorio de Derechos Humanos, Violencia y Conflictividades , hasta el 30 de Junio han asesinado 221 personas de los cuales 31 son población migrantes, 201 son hombres el resto son mujeres, también se ha presentado 16 secuestros, confinamientos en Arauquita y Tame y las comunidades indígenas también se han visto afectadas a través de confinamientos y la limitantes de movilidad por el territorio , se han presentado 3 masacres, en una de ellas mueren dos menores de edad , aunque la comunidad ha pedido de muchas maneras que los grupos armados no afecte a la población civil, se sigue recrudeciendo el conflicto.