En 1998, el el presidente Andrés Pastrana (1998-2002), haciendo uso de la Ley 418 de 1997 artículo octavo, el cual manifiesta que el Gobierno puede “realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones con las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales el gobierno nacional les reconozca el carácter político”, expidió las Resoluciones No.84 y No.85, en las cuales declaró la iniciación de un proceso de paz con las FARC-EP, reconociendo así el carácter político de la organización armada. En este marco, la creación de la Zona de Despeje (ZD) tenía como fin retirar la presencia de fuerza pública, fiscales y juzgados de los cinco municipios con el objeto de brindar garantías para el diálogo y facilitar la negociación.

No obstante, la decisión de los territorios que serían parte de la ZD no fue consultada con la población y no reflejó necesariamente las voluntades del territorio. De hecho, el entonces gobernador del Meta, Alan Jara, posteriormente retenido por FARC-EP en las inmediaciones de la ZD, reiteró en su momento que esta decisión no fue consultada ni con mandatarios departamentales o municipales, quienes vieron cómo eran desplazadas las autoridades civiles y se establecía que los funcionarios públicos debían gobernar a la distancia y de la mano de la guerrilla.

Otros testimonios conocidos por la Comisión aseguran que para aquel momento la guerrilla ya era parte del paisaje y que los municipios escogidos conformaban una retaguardia estratégica para la guerrilla.

“Los municipios del despeje era zonas abandonadas y por eso la retaguardia guerrillera eran estos territorios construidos por campesinos junto con la guerrilla. Las FARC sí hizo un proceso de acercamiento con la gente, viendo la posibilidad y precisamente ser parte del despeje ayudó al repoblamiento, a la construcción de carreteras y a conectarse…Liberado, significaba también el empoderamiento de las organizaciones campesinas como las Juntas de Acción Comunal”, comentó un habitante de la región a la Comisión.

Así fue como las ausencias del Estado dieron cabida a la construcción de un territorio al cual la agencia guerrillera le moldeó las relaciones económicas, sociales y culturales, a través de la imposición armada de su proyecto ideológico, para lo que estableció mecanismos de negociación, concertación y sometimiento mediados por la vigilancia, control y castigo.

¿Qué cambió durante el despeje?

Durante el despeje, el orden social, expresado en el control territorial, la seguridad y la generación de ingresos, implicó variaciones en los acuerdos con la sociedad, en las formas de sustento económico en las maniobras de guerra, para que pudieran asentarse en alguna medida un sistema de instituciones, de marcos e interacciones políticas propias en aras de promover las ideologías y valores propios de las FARC-EP.

Ahora bien, aunque es cierto que la guerrilla tenía una influencia importante en San Vicente y en el resto de la Zona de Despeje, su poder no era absoluto porque el Estado también estaba presente. La zona no era el “reino” de la guerrilla que los medios y el gobierno hicieron creer; lo que no quiere decir que el orden estatal era hegemónico, pues este también estaba limitado por la insurgencia y por una particular presencia del Estado que desde los años 60 había promovido la militarización del territorio y su tratamiento como margen interno en detrimento de las autoridades civiles.

Desconocer el papel regulador de estos dos “estados” es parte de una estrategia de guerra que dividió a la misma población entre amigos o enemigos. Esta dinámica de contienda, coexistencia y acomodamiento entre FARC-EP y el Estado caracterizó la presencia de la primera y en especial de la zona despejada. Se transitaba entre los poderes de facto, más visibles en la ZD, incluso estableciendo patrones culturales que cambiaron definitivamente la vida colectiva y la forma de relacionamiento entre los pobladores:

“En el despeje, la guerrilla tenía acá su encargado de administrar justicia, resolver problemas, separar parejas, herencias, todo lo hacían acá, cuando se termina el despeje esa cultura sigue muy arraigada entre los San vicentunos y la gente siguió haciéndolo de esa manera, hacían llamar a la gente a donde el comandante que le correspondía resolverlo”, comentó un exalcalde de un municipio de la región a la Comisión.

_{Zona de Distensión del Caguán (1998 - 2002)}

En estas poblaciones la guerrilla sacó a la fuerza pública, obligó a la policía a retirarse, y ejerció la autoridad. En los municipios del Guaviare se estableció la “Región Armando Ríos” entre los años 2002-2004. También se crearon las Asambleas de Poder Popular en cada barrio, vereda, localidad y municipio y contaban con las responsabilidades de organización de masas, propaganda, recreación, cultura y deporte, finanzas, obras y desarrollo, educación, control y registro, transporte e infraestructura vial y defensa.

Con la creación de la Región “Armando Ríos” de la Nueva Colombia, la guerrilla exige la renuncia de todo servidor público presente en la región. Además realizaron entrega de un carnet de identificación a los pobladores del territorio que los identificaba como habitantes estables o población flotante dentro de la región.

Desde una perspectiva sistémica, el mismo orden social es el que mantiene viva la legitimidad de las expresiones de resistencia, subversión y rebelión. También el mismo sistema es el que da lugar a los procesos de defensa y conservación del orden mediante formas contrainsurgentes de todo tipo, que se recrudecen durante la retoma y los años posteriores, hasta prácticamente 2010, cuando finaliza el periodo de la segunda presidencia de Uribe.

La noche que acaba la Zona de Despeje, el 21 de febrero de 2002, fue, “la noche del juicio final”, el miedo y la desesperación se apoderó de la población. “Cuando terminó el despeje, en una parte que le llaman tres esquinas llegaron como 2 aviones y un helicóptero; había como 3 casas y bombardearon todas esas casitas. Yo tenía la niña como de 8 meses y arranqué a correr porque yo miré el avión que venía desde lejos. La bomba cayó en la entrada de la casa, yo caí al suelo con la niña y me metí a una platanera […] En la otra casa mataron a un señor que le decían “tribilín”, a un niño como de dos años y otro niño que tenía como 4 añitos, al niño le quedaron puro los dientecitos, la cabecita toda se la volaron. Yo me salvé porque yo arranqué a correr”, contó una víctima, su testimonio se encuentra en el documento Lxs nadie: memorias juveniles del conflicto armado en San Vicente del Caguán (1998-2013)

La retoma de la Zona de Despeje, aunque en términos generales se distingue como la implementación de una operación militar de unos cuantos meses, en este caso, se refiere a una política militar de control territorial de largo aliento, materializada en diversos planes militares (y de control de cultivos ilícitos) como Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación, Plan Espada de Honor y Plan espada de Honor II, que se dieron durante los periodos presidenciales de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Por otro lado, la prolongación y reciclaje de los repertorios de estigmatización, con la insignia de ser “pueblos guerrilleros” llenos de terroristas, subyacen en las medidas contrainsurgentes. Durante los diálogos del Caguán, en las carreteras y trochas que comunican la zona de despeje, se identifica la instalación de sendas fronteras: puestos de control, retenes y la instalación de bases militares para controlar el flujo de bienes y personas que restringieron y violaron los derechos de los habitantes. La Fuerza Pública también fue señalada por hacer control de alimentos e impedir la libre locomoción de la población. Además, ejecutaron persecuciones judiciales y ejecuciones extrajudiciales contra campesinos y campesinas, entre otras.

Por el lado de FARC-EP, las medidas de control se incrementaron y aumentó la violencia política; las amenazas contra concejales, alcaldes y gobernadores terminaron en el homicidio de figuras alcaldes locales. En 1999, en Vistahermosa, el alcalde Marco Emilio Londoño fue asesinado mientras se dirigía a un oficio religioso en una iglesia cristiana. Este municipio fue uno de los territorios donde no se realizaron elecciones municipales en 1997, debido a presiones de la guerrilla. En inmediaciones de San Vicente, en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, asesinaron al alcalde José Lizardo Rioja en agosto de 2001, y en enero de 2002 hicieron lo mismo con el alcalde encargado John William Lozano.

En síntesis, durante las negociaciones de la ZD se desmilitarizó el río Caguán y se contó con una presencia mínima de fuerzas armadas en el casco urbano. La guerrilla fortaleció el control territorial sobre el medio y bajo Caguán con la construcción masiva de vías terciarias, que si bien era algo que se hacía antes del despeje durante el mismo se aceleró. Este fenómeno trajo consigo un desarrollo inesperado de la vereda de Peñas Coloradas, que representó una suerte de “capital” del territorio de retaguardia de la guerrilla. Para los primeros años de 2000, Peñas Coloradas reemplaza a Remolinos del Caguán como principal centro de acopio y comercialización de pasta de cocaína, pues la presencia militar en Remolino había crecido. Peñas Coloradas tenía además la interconexión de la red hacia los cuatro puntos cardinales de la región.

Entre Remolinos y Peñas en distancia de río, hay aproximadamente dos horas, lo que significa que el Ejército podría estar enterado de lo que pasaba. Se demuestra la dinámica dialéctica no sólo entre guerrilla, colonos y coca, sino también en su relación con el ejército. Los movimientos de un actor armado eran asimilados y contrarrestados por el otro durante todo el conflicto, en lo que Ariel Ávila denomina una “coproducción” de actores.

A finales de los noventa, Farc-Ep lanzan una ofensiva utilizando sus columnas y compañías móviles, propinando numerosas bajas a las Fuerzas Armadas y tomando más de tres centenares de militares prisioneros. La guerrilla intentaba pasar a una guerra de movimientos con concentración de guerrilleros, con maniobras y movimientos.

El ataque en marzo de 1998 en el Billar, vereda cercana a Peñas Coloradas en el que se enfrentó el Batallón de Contraguerrillas No. 52 por parte de las Fuerzas Armadas, contra miembros de los Frentes 14, 15, 49 y la columna Teófilo Forero, resultó en una de las mayores derrotas de la historia del Ejército. El resultado fueron 61 soldados muertos, 19 heridos y 43 secuestrados, una derrota tan catastrófica que un fallo del Consejo de Estado profirió una condena contra la nación según el Espectador, “por no haber protegido a sus hombres y haberlos dejado como carne de cañón para que los guerrilleros los masacraran”.

Muchas de las acciones realizadas bajo la ZD por parte de la guerrilla responden precisamente a los objetivos planteados tanto en el Pleno de 1997 como en el Pleno de 2000, respecto de la expansión del pie de fuerza, e aumento en el número y escala de las ofensivas, y así lograr a mediano plazo, la toma del poder. Es por ello por lo que el Centro Nacional de Memoria Histórcia y otros concluyen, que “el proceso de diálogo y negociaciones era una cortina de humo frente a un plan para la toma del poder, trazado en las VII y VIII conferencias”. Con este fin, la guerrilla avanzó con entrenamientos militares, el reclutamiento, el manejo de finanzas y en últimas, la construcción de una amplia red de vías que fortalecería sus corredores militares.

No obstante, la Comisión ha encontrado en los testimonios de ex combatientes que había además una voluntad auténtica de negociación para la paz, pues querían enmendar los errores hechos en previos acercamientos, desde los años 50 con la dejación de armas de las guerrillas liberales, luego en el 84 con Belisario Betancur, con lo que se había logrado la coordinación guerrillera y la Unión Patriótica donde invirtieron su capital político y organizativo. Posteriormente, con los diálogos de México en el 92, y con el canje de los soldados en Remolino del Caguán en el 97.

Paralelamente, el gobierno Pastrana había iniciado un proceso de modernización de las fuerzas militares con la ayuda americana establecida en el Plan Colombia. Aunque ese plan se destina a la erradicación de cultivos ilícitos y otras medidas antinarcóticos, el gobierno americano aprobó un componente para acciones antiterroristas en el territorio colombiano.

Las fuerzas armadas aprovecharon los recursos recientemente aprobados para operaciones antiterroristas, adquirir nuevos equipos y entrenamiento para el ataque aéreo y realizar bombardeos contra la guerrilla. Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas habían venido perdiendo la mayoría de las batallas terrestres en toda la Amazonía y Orinoquía y no habían podido penetrar las zonas rurales de Guaviare, Meta y Caquetá.

El plan Colombia es explicable desde una consigna básica: si sea actúa contra el cultivo ilegalizado, en el fondo se están socavando las fuentes de financiación de la guerrilla, de manera tal que los escenarios de intervención van a ser precisamente el sur del país, que, además de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, incluye el macizo colombiano. La última parte del Plan Colombia fue robustecida por el Plan Patriota, que introducía las “licencias” y excusas necesarias para una ofensiva militar sin precedentes.

El Plan Patriota consistió en la instalación de estaciones de policía en todos los cascos urbanos del país, el aumento de la capacidad de las unidades antisecuestro, la creación de una red de cooperantes de la Fuerza Pública ayudada por el mejoramiento de la red de telefonía celular, el establecimiento de un esquema de recompensas por información sobre terroristas, y el aseguramiento de carreteras, redes de energía y de transporte de hidrocarburos, así como medidas para la eliminación de las drogas ilícitas en Colombia, entre otras cosas.

Otro componente significativo del Plan Patriota que se desarrolló bajo una fuerte influencia de las tendencias militares de los Estados Unidos, fue el de la “acción integrada”. Esta expresión se refiere a la combinación de proyectos militares y de desarrollo cívico en zonas estratégicas. En Colombia fue plasmado en diferentes programas, como el Centro de Coordinación de Acción Integrada (CCAI), y el Plan de Consolidación y Rehabilitación Territorial entre otros. Estos programas, pretendían consolidar la “recuperación” de los territorios en las cuales la guerrilla había tenido fuerte presencia.

A diferencia de operaciones anteriores, la ofensiva del Plan Patriota fue de largo aliento y significó la toma de caseríos, el control de los ríos, la destrucción de cultivos de coca y laboratorios. La guerrilla perdió territorios pero trató de mantener posiciones estratégicas. Los ex combatientes comentan que el ejército era el dueño del cielo, y ellos, de la tierra. Si los aviones lanzaban bombas, ellos sembraron minas antipersonal, usaban la misma tecnología y armas del ejército, muchas que ellos mismos le vendían.

Formas de organización social y democracias locales

Con el transcurso de los años, las relaciones de las FARC-EP con la población pasan por varias condiciones que dejan entrever un mayor carácter coercitivo que se da mediante los manuales de convivencia, que se implementaron con fuerza durante la Zona de Despeje. Los testimonios refieren que no son imposiciones totales, sino que las comunidades se insertaron en la orientación de su propio sistema de justicia, cuya vigilancia de cumplimiento se dejaba en manos de la guerrilla.

Y en general, las comunidades aceptaban el control del orden social insurgente – finalmente era el actor de poder armado- y de quien organizaba el territorio. El otro orden, el estatal, también reconocía en las JAC la autoridad local, aunque siempre en una relación tirante. El Ejército, por su parte, incrementó el señalamiento, los malos tratos contra los miembros de estas organizaciones.

Gobernabilidad compartida

Si antes del despeje la guerrilla presionó elecciones y restringió la participación política, durante el mismo optó por no interferir en las elecciones directamente, sino entrar a influir cualquier alcalde electo hasta el grado que los funcionarios hablaban de una co-administración, una suerte de poder dual. La injerencia no implicaba asignar recursos directamente, ni mucho menos canalizar recursos de la alcaldía hacia la lucha armada, lo cual en el auge de la coca era en todo.

Por otro lado, estuvo la administración compartida de justicia a través de la policía cívica. Cuentan los alcaldes de la ZD que la policía tendría mitad de personas de Farc-Ep, y mitad puestas por las municipalidades.También se instalaron oficinas de quejas y reclamos en donde las personas iban a resolver sus conflcitos económicos.

Violencia política y electoral

Finalizando la década del noventa e iniciando los 2000, las FARC-EP interfieren en los procesos electorales locales, en 1997 prohibieron la realización de elecciones en todo el departamento de Guaviare y en Miraflores no se presentaron candidatos a los comicios por amenazas, en 1998 los concejales del municipio del Retorno se trasladaron a sesionar desde San José porque se tomaron el Concejo municipal. A la vez que atentaron contra las instituciones gubernamentales como en el caso del municipio de Puerto Rico, Caquetá donde entre 1997 y 1998 las instalaciones de la Fiscalía Seccional, los despachos judiciales, la estación de Policía y la Registraduría fueron destruidas casi por completo con múltiples bombas. Los ataques a la institucionalidad, según lo han expresado comparecientes como Bernardo Mosquera, buscaban ser pruebas de fuerza para empujar al gobierno a la salida política del conflicto armado. Mas guerra para hacer la paz.

El saboteo electoral también recurrió a la amenaza y cierre de caminos entre 1997 y 2000, en los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Montañita, Puerto Rico y Florencia en Caquetá; Vistahermosa en Meta; San José del Guaviare y El Retorno en Guaviare. Las amenazas se dirigían a funcionarios de la registraduría, candidatos, jurados electorales y ciudadanos, con el fin de lograr abstencionismo electoral infundiendo miedo a un riesgo de muerte por votar o realizar su función pública durante votaciones.

San Vicente de Caguán tenía “el prestigio” de ser el epicentro, tenía más fama y protagonismo a nivel nacional, pues era la sede de las conversaciones de paz. No obstante, las percepciones respecto del cómo se llevó a cabo en el resto de la ZD, y sus impactos son diferenciados. Con Vistahermosa, se comparan en este caso las varias dinámicas de los órdenes sociales de las Farc-Ep y otros mecanismos cotidianos que gobernaron la vida de las personas y generaron otras afectaciones.

Quienes vivían en el territorio de la ZD se acomodaron a las reglas y asistían a reuniones que tenían por fin difundir el ideal de Farc-Ep. Si bien el control último lo ejercía la guerrilla, esta se apoyaba en la policía cívica.

El retiro de los funcionarios judiciales de la zona por veto o amenazas de la guerrilla o por temor ante la desprotección, obligó a que la guerrilla asumiera funciones judiciales al tramitar los conflictos comunitarios por medio de la oficina de quejas y reclamos en San Vicente, aunque esto significó en la práctica modificar el papel para el cual fueron creadas estas oficinas que no tenían que ver con problemas, era para poner quejas de los desmanes de la guerrilla.

Además, las FARC.-EP reguló el comercio de todo producto, servicio, bien o semoviente; restringieron la libre movilidad de las personas e incluso de las comunidades que viven en esa zona del país, multas, confiscaciones, trabajos comunitarios y/o forzados, empadronamiento, detenciones, destierro y las ejecuciones sumarias. El ejercicio de control conllevó al destierro, el ajusticiamiento, asesinatos, señalamientos y estigmatizaciones, el no acceso a servicios básicos como la salud y la imposición de un orden autoritario por parte de la guerrilla.

Vistahermosa

Vistahermosa fue la cabecera municipal más al norte en donde se despejó el territorio para los diálogos del Caguán. Fue uno de los municipios en donde llegaron familias de las columnas de marcha y en donde la colonización se dio de la mano de los sindicatos agrarios que para el 70 ya hacían presencia[6]. Para los 80s la guerrilla y su acomodamiento en las riveras de los ríos Ariari, Guayabero, Güejar entre otros, se consolidaban para finales de esta década como mediadores de relaciones locales, de “garantes” de la convivencia y también de la identidad territorial al regular el flujo de personas.

En los años 80 emerge también la relación con los grupos de narcotraficantes. Los compradores de base y los cultivadores tributaban a las Farc-Ep quien a su vez se beneficiaba de los recursos y se fortalecía. La guerrilla discutió la relación con este negocio y reconocían algunos de los riesgos, pero también las ventajas. Gracias a estos recursos, a principios de los 90 las FARC pudo modernizar significativamente su armamento.

La concentración de la guerrilla en el norte del Caquetá durante el despeje, ayudó a que en el sur los paramilitares tuvieran un férreo control militar y económico alrededor del negocio del narcotráfico con la benevolencia de las administraciones locales ejército y Policía en lógica dejar hacer, dejar pasar, “hacer caso omiso”.

Tenemos entonces un entramado con cuatro elementos: El gobierno municipal diezmado y en cogobierno con las Farc-Ep, un ejército circundante creciendo en poder y armas, el poder a la sombra de los paramilitares, acechando en los bordes de la ZD y afincándose donde la guerrilla no tenía tanto alcance. Y por supuesto, la comunidad, urbana y rural, a la merced del orden social que llevase el marcador ganando en este partido de tres años que duró la ZD y que tuvo momentos de empate, de derrota y de ganancia para los órdenes sociales en discordancia.

Peñas Coloradas

La confluencia de la coca, la guerrilla y la presencia exclusivamente militar del estado, agudizó el conflicto político, social y armado en Peñas Coloradas. Los pobladores padecieron múltiples hechos violentos, siendo el de mayor afectación el ocurrido en el 2004. Entre el 23 y el 27 de abril de 2004, cerca de 3.000 personas se vieron obligadas a desplazarse del corregimiento y sus alrededores, luego de que el ejército y la policía antinarcóticos lanzara un operativo que terminó con la ocupación del pueblo.

Cuatro años después de ocurrido el desplazamiento la alcaldía de Cartagena del Chairá, en cabeza del alcalde electo para el periodo 2008-2011, Orlando Arteaga, entregó en comodato “un terreno de siete (7) hectáreas aproximadas ubicada en la inspección de Peñas Coloradas, con el fin de que allí funcione la Base militar de la Brigada Móvil No. 22 o el organismo militar que el Ministerio de Defensa designe para operar en el área.

El desmantelamiento del pueblo por parte del Ejército fue total, se sacaron los cables de la luz, el cobre y otros materiales; no se puede olvidar que Peñas Coloradas, a raíz de la coca, era próspero. La gente de Peñas siente que hasta sus muertos han sufrido. Cuentan que el Ejército abrió tumbas y removió tierra buscando caletas, por lo que los huesos y restos se confundieron y se mezclaron.

La comunidad de Peñas Coloradas es sujeto de reparación colectiva, y en su plan aparece que el Ejército se involucrará en la reparación, sin embargo, ésta no se ha materializado.

Reclutamiento forzado inherente a la zona de despeje

Los impactos de la ZD y del Postdespeje han sido ya ilustrados. No obstante, es necesario hablar de la estrategia de reclutamiento de menores de edad en especial del Bloque Oriental. Si bien se habla en términos generales del reclutamiento como una forma de coacción obligada, lo que acá se pretende describir es un conjunto de mecanismos más sutiles en donde lo forzado no se refiere a la fuerza directa sino a la creación de unas condiciones que hicieron posible que los jóvenes de modo “autónomo” se integraran a la guerrilla. El Estado, cabe decir, contribuyó desde su ausencia a que no se garantizara el goce de los derechos de los pequeños.

Este aparte se fija en las dinámicas de reclutamiento en Vistahermosa por parte del Frente 27 que durante el periodo tuvo como comandante a Alfonso Pumarejo, “Efrén Arboleda” y del cual también hicieron parte combatientes como Arquímedes o Pitufo quienes han sido señalados de reclutar menores en este municipio. Las Farc-Ep convirtieron la Orinoquia, a través del Bloque Oriental, en una cantera de reclutamiento que permitió el engrosamiento de sus filas y en donde además se desplegaron estrategias que incluyeron el ingreso de menores de edad. Estas estrategias se basaban en diversas técnicas, incluyendo aquellas que utilizaban la seducción, endulzamiento o embobamiento como lo llaman en algunos testimonios. Durante la época de mayor crecimiento de la guerrilla, y en especial del Bloque Oriental, esta parece haber sido una de las dinámicas dominantes de reclutamiento.

La entrada de la zona de despeje y posteriores escenarios en donde la guerrilla intentó crear espacios bajo su control permitió que el reclutamiento se profundizara. Si bien no era una regla, distintos comandantes de la guerrilla consideraban que, en sus territorios de dominio, la gente debía estar para la revolución o era parte del enemigo.

Los mecanismos utilizados para reclutar:

El reclutamiento por seducción utilizaba diversos artilugios como el tener gente cerca a los colegios o la apertura de centros de formación física y política que, si bien no tenían como fin directo el reclutamiento, si iban enmarcando la vida de NNAJ hacia su participación en la guerrilla.

El bloque Oriental y las Farc-Ep en general tenían una serie de lineamientos, que muchos llaman “los documentos” que definían todos estos procedimientos. Para los años 80 las personas que entraban a sus filas debían tener más de 16 años, ser conocidas de la región o en su caso por referencias, por ejemplo, del Partido Comunista y tener aptitudes físicas entre otras.

Al respecto, cabe decir que existe evidencia en el Meta de que la forma privilegiada con que se practicó el reclutamiento fue este tipo de seducción que se desplegó sobre todo el departamento y en diferentes periodos, sin negar que hubo otros mecanismos más directos y coercitivo:

“Nos decían, "vamos a trabajar, lo llevamos a trabajar a tal parte" o hacer algo donde ganaran unos pesos, pero eso es el gancho, , si era una muchacho joven le mandaban una china joven, el amorío, y tan tan, y si era una muchacha lo mismos”, , comentó a la Comisión un habitante de la región.

El trabajo de reclutamiento construía sistemas de atracción y control social que permitían que las personas se fueran acercando a las filas para después tomar la decisión de entrar.