En la cordillera desde los años 1980 transitaron y se posicionaron los primeros grupos guerrilleros, quienes crearon una base social, política y militar que les permitió el dominio territorial.

Además, la expansión de los cultivos de uso ilícito convirtió a esta región en un campo de disputa política, económica, militar y geoestratégica donde se enfrentaron los paramilitares, las fuerzas del Estado y los grupos guerrilleros, sumiendo a sus pobladores en una crisis humanitaria que persiste hasta la actualidad.

La historia nos permite evidenciar cómo la desatención a las periferias por parte del Estado propició el desarrollo de la violencia y de los conflictos sociales y armados que marcaron la próxima década en la región. Esta nueva fase de la guerra se caracterizó por cambios sustanciales en el ejercicio de la actividad guerrillera, el inicio de la producción de hoja de coca en Nariño y la disputa territorial con el ingreso del paramilitarismo.

La confrontación con el estado

Las FARC consolidaron su presencia en la región después de la VII (1982) y VIII conferencia (1993).

No obstante, el control territorial, basado en la legitimidad y reconocimiento ganado por esa guerrilla, se fue transformando con el incremento de las acciones militares. El actuar de la estructura se orientó entonces en tres frentes de acción: el ataque a las Fuerza Pública (estaciones de policía e instalaciones militares), la obstrucción a la democracia y el control territorial tanto de las comunidades, de la minería y de la incipiente economía de la coca que comenzaba a despuntar en el territorio.

“Desde el 96 empiezan los famosos ataques contra las estaciones de policía. […] Entonces, siempre se sentían las bombas, cilindros, las ráfagas pasaban por encima; entonces, casi siempre la mayoría de ese barrio intentaba salir para el cementerio o para la escuela”, relató a la Comisión un habitante de la región.

El cambio de estrategia político militar de las FARC también dio paso al ingreso de los cultivos de uso ilícito. Testimonios señalan que la llegada de la hoja de coca a la región está ligada al retorno de varias familias nariñenses que trajeron desde el Putumayo las primeras “matas” hacia finales de los años noventa.

Fue así como el control de la comercialización de los cultivos ilícitos le permitió al Frente 29 fortalecer su aparato militar y convertirse en una importante fuente de financiación para la estructura nacional de las FARC.

A este engranaje delictivo también se sumaron las acciones para obstruir los ejercicios de democracia local. El saboteo, la quema de urnas electorales, el control a contratistas de las entidades públicas, la coacción, los juicios políticos a mandatarios locales y la incidencia en los órganos de participación para que hicieran control político, minaron el desarrollo de la incipiente institucionalidad que se había creado con la Constitución de 1991 en la región. Esta situación obligó a algunos gobernantes locales a ejercer la administración desde la capital del departamento entre finales de los años 90 e inicios del 2000.

Para reaccionar ante este flagelo, mandatarios locales y organizaciones sociales de base conformaron el Movimiento Social de la Cordillera - MOSOCOR (1990-1999), una estructura colectiva que se convirtió en una vocería y espacio legítimo para la interlocución y exigibilidad de derechos, frente a los gobiernos regionales y nacionales.

Según el testimonio de habitantes de la región, entre los motivos que llevaron al final del MOSOCOR se encuentran el ascenso de gobiernos tradicionales en las administraciones locales, la desmotivación de muchas comunidades por el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos del paro 1999, y el ingreso de los paramilitares a la región.

Este capítulo sobre el conflicto armado en la Cordillera podría resumirse en el dominio político y militar ejercido por las FARC durante más de una década. Entre 1990 y 1999, el Estado fue desplazado y suplantado por manuales de convivencia de la guerrilla y por la construcción de obras de infraestructura para solventar las necesidades de la comunidad. Esta realidad, junto con un escalamiento de la confrontación, sembró en algunos sectores de la sociedad colombiana la idea de que las FARC y la insurgencia podrían tomarse el poder.

El paramilitarismo en Nariño llegó a los municipios de Pasto y Tumaco en 1999. La estructura armada que operó en el departamento estaba comandada por Pablo Sevillano (Guillermo Pérez Álzate) y adscrita a la casa Castaño.

Los objetivos de las autodefensas en la región eran cuatro: estrangular las fuentes de recursos de la guerrilla, devolver a los narcotraficantes el manejo y control de su negocio; encauzar los impuestos cobrados, por esta economía, a las Autodefensas Campesinas; y perseguir a los líderes y organizaciones sociales del territorio.

En un primer momento, la actividad de los paramilitares en la región consistía en realizar acciones puntuales que representaban una especie de “avanzada” militar. Durante este periodo se documentaron amenazas, desplazamientos, asesinatos selectivos, persecución a líderes y desapariciones que, según las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estaban dirigidas a las personas o comunidades que tenían alguna relación con las guerrillas en los municipios de Leiva y Rosario, principalmente.

La segunda fase de la incursión del Bloque Libertadores del Sur (BLS) de las AUC en la Cordillera estuvo marcada por disputa a sangre y fuego de los territorios que las FARC habían ocupado históricamente. Para eso se valieron de alianzas con la Fuerza Pública, lo cual permitió un aseguramiento de lugares estratégicos y la instalación de un cerco a la Cordillera que operó con retenes armados en todos los municipios de la región.

Este relacionamiento entre Fuerza Pública y paramilitares fue una constante para el ingreso y posicionamiento del BLS. En muchos de los testimonios recogidos por la Comisión, civiles como comparecientes señalan que el ingreso y posicionamiento de los paramilitares se hizo con apoyo y complicidad de integrantes de la Policía y del Ejército, con quienes coordinaron operaciones, compartieron información y adelantaron apoyos tácticos para la confrontación militar.

El nivel de confrontación y disputa territorial fue tan desastroso, que un excombatiente aseguró que en esta época se “degradó el conflicto”. Ejemplo de esto fue la incursión al municipio de Cumbitara en el año 2003, cuando las FARC usaron un “caballo bomba” para atacar a la Fuerza Pública. En la mayoría de los casos, el aparato bélico de la guerrilla fue desmedido y la respuesta de los actores en contienda no fue menor. De hecho, según la Unidad para las Víctimas, entre 1999 y 2005, época de desmovilización del BLS, se registraron 12.794 víctimas, pasando de 253 en 1999, a 3.363 en 2005.

Para mediados del 2003, la Fuerza Pública y el BLS controlaban las cabeceras municipales y lugares estratégicos de tránsito para el transporte de insumos, armas y narcotráfico. La captura del escenario de lo público se tejió mediante una serie de aliados que posibilitó controlar y tener socios para adelantar una lucha contrainsurgente, y recibir apoyos logísticos y sanitarios cuando fuese necesario.

En cuanto a las tácticas de guerra usadas por los paramilitares, un habitante de la parte baja del río Patía contó a la Comisión que durante esa época era imposible bañarse y consumir el agua “porque los muertos eran todos los días que bajaban, todos los días ya, mataban por allá arriba y los tiraban al río”.

Fue así como la cordillera se convirtió en un enorme cementerio que alberga, bajo las aguas del río Patía y en los camposantos de las cabeceras municipales y corregimentales, decenas de personas que murieron sin memoria y sin identidad.

Este espiral de violencia agudizó a su vez las afectaciones a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y las comunidades afrodescendientes de esta región, que se organizaron en el 2003 para iniciar el proceso de titulación colectiva del territorio del Consejo Mayor Para El Desarrollo Integral De Comunidades Negras De La Cordillera Occidental De Nariño - COPDICONC.

Las comunidades negras que habitan en COPDICONC han sido afectadas tanto en la violación a sus derechos territoriales, culturales y de gobernabilidad. La presencia de actores armados en su territorio, la siembra de cultivos de uso ilícito, al igual que el desplazamiento, han afectado el derecho fundamental a la propiedad colectiva. Debido a esas afectaciones, el Consejo Comunitario cuenta con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La economía del narcotráfico se posicionó en la Cordillera en un lapso de cinco años. Los centros de producción se concentraron en las zonas bajas de los municipios de Policarpa y Cumbitara, lugares de difícil acceso pero estratégicos en corredores de movilidad, ya sea por vía fluvial o caminos veredales.

Las cifras hablan por sí solas. El SIMCI registra un crecimiento importante de los cultivos de coca en la cordillera entre los años 2000 y 2005. En siete años, se pasó de 56,23 a 1.107 hectáreas sembradas de coca en la región.

La economía del narcotráfico también permitió la mejora en infraestructura y condiciones de vida de las comunidades que vivían en medio de actividades ilícitas. En cierta medida, la pobreza generada por la débil cadena productiva de las economías agrarias lícitas, la precaria infraestructura rural, la desatención del Estado central y las políticas de gobierno que no favorecían al campesinado, crearon las condiciones ideales para que esta economía ilegal compensara las carencias materiales, sociales y culturales que viven estas comunidades.

“A finales del 2004 las autodefensas le habían arrebatado a la guerrilla el dominio de los principales núcleos de aglomeración poblacional, las principales rutas de movilización hacia el interior del país, la Costa Pacífica y la República del Ecuador; además, las entradas y salidas de los ríos y grandes extensiones de suelos destinados al cultivo de hoja de coca y amapola, para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y heroína”, se lee en un informe de la Defensoría consultado por la Comisión.

En esta nueva distribución, la consolidación territorial por parte de la Fuerza Pública coincidió con la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, en el año 2005, en el corregimiento del Tablón Panamericano, municipio de Taminango.

No obstante, aunque el BLS desmovilizó a 677 integrantes, este hecho ha sido percibido por habitantes de la cordillera como un ejercicio simulado por parte de las autodefensas porque la organización siguió operando de manera atomizada y bajo las mismas lógicas en grupos neo paramilitares distribuidos a lo largo de la región.

Como respuesta a esta fase del conflicto, el gobierno central les dio nuevas denominaciones a los actores armados, radicalizó la estrategia de erradicación y fumigación, incrementó el pie de fuerza militar (Policía y Ejército) en estos territorios y trató de paliar la crisis humanitaria como respuesta a los llamados realizados por la Corte Constitucional en el marco de la T 025 y en la ley de Justicia y Paz.

En mayo del 2006, alrededor de cinco mil campesinos productores de hoja de coca de Cumbitara, Policarpa, Iscuandé y Magui Payan decidieron realizar una movilización para solicitar al gobierno nacional el fin de las fumigaciones con glifosato y una política de sustitución de cultivos de uso ilícito. La manifestación fue reprimida de forma violenta por miembros de la Fuerza Pública, quienes, en compañía de grupos paramilitares, perpetraron ataques contra civiles, defensores de Derechos humanos y servidores públicos como el Defensor Regional del Pueblo de Nariño.

De acuerdo con el relato de un habitante de la región que participó en el paro, “la policía atacó a la gente, o sea hubieron enfrentamientos, hubieron muchas personas desaparecidas, no se sabe qué pasó, nadie da razón de ellos […] hubieron muchos muertos y nunca nadie habló de eso”.

Foto: Archivo El Tiempo.

El tratamiento y la forma de atender las demandas de los campesinos productores de hoja de coca deja en evidencia la precariedad en la implementación de políticas públicas para atender al sector rural por parte del Estado. El continuo señalamiento y estigmatización de la movilización social, reprimida de manera violenta con aparatos legales e ilegales, y la débil presencia institucional que se ve reflejada en el rearme de nuevos grupos armados post desmovilización, también son prueba de ello.

El Pacto de la Cordillera marcó otro hito en la historia del conflicto armado en la región. La alianza entre el ELN, los Rastrojos y el Ejército para disputar y desplazar del territorio a las FARC significó por lo menos 12.541 hechos de violencia entre 2000 y 2005, según el RNI. Para el 2010, la cifra de hechos victimizantes ascendió a 30.392.

Además de las violencias ya reseñadas, se ha señalado que los grupos post desmovilización han ejercido la violencia sexual como una estrategia de guerra y posicionamiento territorial. En este contexto, las mujeres de las comunidades han sido instrumentalizadas mediante acciones violentas, el acoso y “enamoramiento” por grupos como los Rastrojos.

Las FARC comenzaron a disputar el control territorial de la región de cordillera a los grupos post-desmovilización a finales del 2009. Rápidamente, los frentes 29, 8 y 60 comenzaron a hacer presencia en municipios de la Cordillera que estaban bajo el influjo de los Rastrojos.

En medio de esta pugna, las comunidades campesinas de la vereda Pesquería, Corregimiento de Sidón, en el municipio de Cumbitara, quedaron en medio de una de las incursiones más violentas de los Rastrojos contra supuestos colaboradores de las FARC. Según fuentes de prensa, el 12 de septiembre del 2011, los criminales asesinaron de forma cruenta, frente a la comunidad, a dos jóvenes acusados de pertenecer a la guerrilla.

La retoma de la Cordillera por parte de las FARC implicó el escalamiento de los enfrentamientos en contra de los grupos paramilitares y de los miembros de la Fuerza Pública que se acantonaban en las cabeceras corregimentales y municipales. La guerrilla también perpetró ataques contra la infraestructura energética, hostigó a funcionarios públicos e impuso un control social en algunos territorios.

Aunque el Estado respondió a esta arremetida aumentando la militarización, la erradicación y la fumigación de los cultivos de uso ilícito en la región, este hecho fue usado por las FARC para construir nuevamente lazos de amistad con la población civil. La guerrilla fungió como protectora de una población a la cual el Gobierno le estaba destruyendo los cultivos con los cuales subsistían.

Por otro lado, si bien en el periodo anterior se vio un lento avance de la movilización social, entre el 2011 y el 2015 las organizaciones sociales retomaron la construcción del tejido social y comunitario. El movimiento Marcha Patriótica y el proceso de Unidad del Sur Occidente colombiano, junto con otras expresiones sociales, gestaron procesos de movilización regional que desembocaron en las manifestaciones del paro agrario del 2013.

El auge y reconocimiento que lograron los líderes y lideresas de este proceso los convirtió en figuras públicas capaces de disputar el poder local, frente a lo cual la persecución y estigmatización del Estado se usó como aparato para que algunas figuras representativas del movimiento frenaran el avance en la conquista de poderes locales.

Paralelo a las movilizaciones campesinas, las FARC inició el proceso de diálogo de paz con el gobierno de la época. A pesar de que la guerrilla comenzó a preparar el terreno para la salida de los territorios que habían controlado, los ataques y escaramuzas militares no cesaron. En medio de la confrontación y de un débil cese al fuego, la guerrilla atacó al Ejército en Buenos Aires (Cauca) y el Estado respondió bombardeando, en mayo del 2015, a una comisión de las FARC que hacía pedagogía de los Acuerdos de Paz con los comandantes del Comando Conjunto de Occidente, en Guapi.

Pero la confrontación armada no impidió que las comunidades arroparan los diálogos y pedagogía para la paz. Durante este periodo, los hechos de violencia pasaron de 33.755, entre 2005 y 2010, a 26.223, entre 2011 y 2015.

Los cultivos de uso ilícito también se redujeron. Se pasó de 7.060 hectáreas cultivadas de coca entre 2005 y 2010, a 2.886 hectáreas entre 2011 y 2015.

A partir del 2016, las comunidades de la Cordillera presenciaron grandes cambios en las dinámicas del conflicto en la región. Desde entonces, la población asistió al proceso de pedagogía y plebiscito para la paz, presenció la salida de la guerrilla de la región y vio nacer la zona veredal de reincorporación.

El sueño de la paz nunca estuvo tan cerca. En la votación del plebiscito participó un 42,26% del censo electoral y el Sí ganó por encima del 87% en casi todos los municipios, siendo el Rosario y Leiva los territorios donde la aprobación de los acuerdos superó el 90%.

Sin embargo, aunque las comunidades se vincularon a la pedagogía y formulación de los proyectos que arrancarían con los Acuerdos de Paz, poco de lo pactado con los excombatientes y con las comunidades de la Cordillera se ha hecho realidad. Un primer síntoma de este incumplimiento fue el traslado al Estrecho en el Bordo (Cauca) de los ex integrantes del Frente 29 de las FARC, debido a las difíciles condiciones de seguridad y a la nula adecuación de esta zona veredal.

Las comunidades, por su parte, han cuestionado la lenta formulación de los PDTS y la precaria implementación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. De hecho, se calcula que entre 2016 y 2019 se sembraron más de 10.099 héctareas de coca en la región.

La Comisión pudo establecer que en la región hacen presencia la estructura residual Frente Stiven Gonzales, conformada por ex integrantes del Frente 29, de la Columna Mariscal Sucre y de la Columna Daniel Aldana de las Farc. Esta estructura mantiene actualmente una disputa con el ELN por el control de los corredores para la movilidad de la cocaína en la Cordillera.

En conclusión, después de la firma del acuerdo de paz, el Estado Colombiano no ha hecho presencia en las regiones anteriormente ocupadas por las FARC, dejando a los grupos armados ilegales el espacio abierto para administrar seguridad, autoridad y control en los territorios de la Cordillera.

Sin duda alguna, el incumplimiento del acuerdo en el Punto 1 (desarrollo rural integral) y el punto 4 (solución a drogas ilícitas), ha influido en el incremento de los los cultivos de uso ilícito en la región y, por ende, en el auge de los grupos armados que se disputan la producción de cocaína y el corredor del narcotráfico, dinámicas que han llevado a las comunidades a confinamientos y a una nueva crisis humanitaria como extensión del círculo de violencia que se reedita desde hace más de veinte años en la región.